“Perseguir a los que ayudan”. Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa, reflexiona sobre la actuación del Gobierno italiano y la Unión Europea para evitar la llegada de personas migrantes “a cualquier precio”.

La noche del pasado domingo el barco de Proactiva Open Arms fue inmovilizado siguiendo la orden de la Fiscalía de Catania (Italia) bajo la acusación de favorecer la inmigración irregular por medio de asociación criminal. Se trata de una acusación penal. Son numerosos los casos de activistas independientes y asociados en organizaciones que se han visto acusados de tráfico de personas por prestar ayuda a inmigrantes indocumentados en su intento de atravesar Europa. Los procesos varían en función de los países, pero las penas en todos los casos pueden llegar a ser de prisión. Sin embargo el responsable de la ONG, Oscar Camps, expresaba en unas declaraciones a Onda Cero que no estaba preocupado y que estima que se trata de algo político más que penal.

Desde luego los intereses de la ONG y el Gobierno italiano están absolutamente encontrados. Mientras Proactiva Open Arms persigue evitar la muerte de los inmigrantes en su travesía por el Mediterráneo, el Gobierno italiano está centrado en evitar a cualquier precio las llegadas a su territorio, y esto incluye unos feroces acuerdos con Libia que muchas organizaciones llevan denunciando desde que se firmaron.

El barco de Proactiva Open Arms durante un rescate en el Mediterráneo. Foto: Sergio Rodrigo (EntreFronteras)

En diciembre de 2016, Angela Merkel hacía público un informe de la embajada alemana en Níger en el que se denunciaban las condiciones inhumanas de los campos de inmigrantes y refugiados en Libia. Recordemos que Libia es un Estado fallido donde el control del país está repartido por un gobierno minoritario y las mafias. A los poco días, la Unión Europea (UE) anunciaba que incrementaba la cantidad y también la inversión de los acuerdos con dicho país. Entre otros servicios, el Consejo de la Unión Europea asignaba un presupuesto al Gobierno libio para gestionar el control de las costas, incrementando los efectivos de guardacostas y su formación. Este acuerdo de la UE se veía reforzado por otro acuerdo bilateral entre Italia y Libia con los mismos objetivos: reforzar la capacidad de control migratorio de Libia para disminuir en lo posible las llegadas de migrantes a la costa italiana.

Los resultados de estos acuerdos no se hicieron esperar: en los primeros meses de 2018, las cifras de muertos en las costas libias se dispararon, pero las llegadas y las muertes frente a las costas italianas disminuyeron significativamente. En septiembre de 2017, el ministro de Interior italiano anunció una disminución del 87% de llegadas desde Libia.

La efectividad de los métodos libios de control migratorio está directamente relacionada con la brutalidad de los mismos, como aparece en el informe de agosto de 2017 de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Agnes Callamard, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. El documento recoge los datos de la Misión de Naciones Unidas de apoyo a Libia (UNSMIL), que ha denunciado desapariciones, asesinatos y violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas contra migrantes por parte de grupos armados, contrabandistas y traficantes, guardias privados, policía, la Guardia Costera Libia y el Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal.

En este entorno, estos últimos meses la organización Proactiva Open Arms se ha estado moviendo como ha podido para llevar a cabo su misión, que es evitar muertes por ahogo en el Mediterráneo. Desde el endurecimiento de las acciones de las autoridades costeras libias, el barco de Proactiva Open Arms ha tenido que ir adentrándose cada vez más en la zona circundante a las aguas territoriales libias. En agosto de 2017, el barco de Proactiva Open Arms tuvo su primer encontronazo con la Guardia Costera Libia que, pese a encontrarse 13 millas fuera de su limitación territorial, llegó a disparar al aire para conseguir alejarlos hacia la costa italiana.

La posición del Gobierno italiano es sencilla: está invirtiendo mucho dinero para frenar las llegadas a sus costas, y, como esgrime el informe de Callamard, aceptando como una necesidad la vulneración sistemática de toda una serie de derechos humanos. Ahora las organizaciones que trabajan en el Mediterráneo en salvamento marítimo son enemigas. Así, después de una tremenda campaña de desprestigio contra las ONGs, a principios de agosto de 2017, el Gobierno italiano les propuso un código de conducta que debían firmar para poder seguir operando de forma coordinada con las autoridades italianas en el estrecho de Sicilia.

Proactiva Open Arms es una de las organizaciones que decidió firmar el código, lo que sin duda le proporcionó a medio plazo una mayor capacidad de permanencia en la zona. Por eso resulta sorprendente la decisión de la Fiscalía de Catania, que el propio Camps asegura no entender. Habrá que esperar a que se hagan públicos los indicios que posee la Fiscalía para abrir una investigación a esta ONG para poder determinar si se trata realmente de una persecución política dentro del marco del “perseguir a los que ayudan” que se está repitiendo en el tema migratorio de forma recurrente en Europa.

Fuente: Lucila Rodríguez-Alarcón (porCausa.org) / (lamarea.com)