La calidad democrática de una sociedad se basa en el grado de participación e influencia que tienen sus miembros en las decisiones que afectan al todas las personas que la conforman.
Una sociedad que favorece la participación individual o colectiva y la regula de forma adecuada para evitar los comportamientos egoístas toma decisiones más justas.
La participación no se puede imponer desde el gobierno por ley, pero el gobierno puede crear canales formales que motiven a las personas a participar demostrando que su voz cuenta y premiando el esfuerzo de exponerse en público.
Las opiniones se deben basar en datos verdaderos y disponibles en tiempo y forma para lo que es imprescindible que la participación se base en la transparencia informativa. Se debe garantizar la existencia de medios de comunicación abiertos a la participación de las distintas visiones del mundo, por minoritarias que estas pudieran parecer. Quizás son minoritarias porque no han sido divulgadas adecuadamente.
Acallar una voz por la fuerza es crear un murmullo que terminará en grito o llanto pero nunca en desarrollo personal y por lo tanto social.
Participando en las decisiones de gobierno se entienden las limitaciones del poder y las críticas se convierten en propuestas, las propuestas en retos y los retos en logros comunitarios.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones actuales son herramientas fundamentales para conseguir un intercambio de ideas entre todas las partes pero pueden bloquear el entendimiento por saturación. Se debe garantizar el uso adecuado de ellas.
La inmediatez y la urgencia siempre van en contra de la participación por eso los procesos participativos deben estar bien planificados y su ejecución regulada en detalle, no es simplemente sentarse a hablar de un tema. La ineficacia de los procesos participativos es una de las mayores causas del abandono de los mismos.
La participación es un valor del ser humano que debe ser cultivado y fomentado por lo que se debe incluir en el currículo del sistema reglado de educación pública fomentando el asamblearismo y el debate como herramientas fundamentales de aprendizaje y toma de decisiones en todos los niveles, delegando al máximo posible en este tipo de procesos el funcionamiento del sistema educativo.