Puede que esté equivocado, pero creo que no hace falta estudiar ninguna carrera de economía para entender lo que está ocurriendo en España. Un ejemplo claro podemos encontrarlo ahora mismo en el conflicto que sufren los viajeros del Prat de Llobregat.

AENA, que es la empresa semi-privatizada que gestiona los aeropuertos en España con pingües beneficios anuales, sub-contrata la seguridad de nuestros aeropuertos a otra empresa privada, en este caso EULEN.

TONY RODECUES para El Pueblo Que Queremos

Esta empresa, también con pingües beneficios anuales, contrata a unos empleados con sueldos de miseria para que se responsabilicen de nuestra seguridad, en tiempos dónde el terrorismo internacional campa a sus anchas.

Con todo el derecho del mundo, los susodichos empleados montan una huelga que no solo desbarata las vacaciones de miles de personas, sino que también altera los protocolos de seguridad de los pasajeros.

La respuesta del gobierno es cubrir temporalmente los puestos en huelga por agentes de la guardia civil.

Y yo pienso esta tontería:

  • Si los aeropuertos fueran gestionados por el gobierno, se encargarían de su seguridad las fuerzas de seguridad del estado, que cómo su mismo nombre indica están precisamente para eso.
  • De esta guisa, el Estado debería incrementar su plantilla de funcionarios para estos cuerpos, entre los que podrían reubicarse empleados de esas mismas empresas privadas.
  • Como el Estado no tiene porque tener beneficios, se podrían pagar sueldos dignos y con la seguridad de un puesto de trabajo de por vida, y con todos sus derechos sociales, estos trabajadores tendrían más dinero para gastar y mejorarían los ingresos a la seguridad social.
  • Si esto se hiciera con todos los servicios básicos de interés general, tales cómo: energía, enseñanza, sanidad, transporte público, farmacéuticas, investigación, incluso banca pública, etc… terminábamos con los problemas de paro y por tanto del déficit de la seguridad social, crecería el consumo y el PIB, pero en esta ocasión distribuido entre TODOS los ciudadanos, que son los legítimos propietarios de todos estos bienes y servicios.
  • Los países no tendrían que endeudarse tanto, pues el coste de la prestación de estos servicios debería ser menor que en manos privadas, y al mejorar la economía se incrementarían la recaudación fiscal y se reduciría el coste por desempleo.

Los defensores de lo privado dirán, y con razón, que durante la dictadura franquista los monopolios que gestionaban todos estos servicios básicos eran un desastre. Lo que no dicen es que lo eran por la corrupción de las altas esferas del estado, que robaban a espuertas a costa de la calidad de estos servicios.

Lo que ocurre actualmente es que los descendientes de aquellos patricios son ahora los propietarios de estas macro empresas privatizadas, que los sucesivos gobiernos de la supuesta democracia puso en sus manos a precios de saldo, cuando no regalados.

También nos dirán que la UNIÓN EUROPEA obliga a privatizar estos servicios. Cierto. Esta es una UNIÓN contra los estados, contra lo público, y por ende contra los ciudadanos, puesto que solo beneficia a los oligopolios y grandes empresas multinacionales, cada vez más poderosas que esos mismos estados, lo que les permite ser los verdaderos gobernantes en la sombra.

Todo y con esto, existen países en los que muchos de los servicios básicos están en manos del estado, que funcionan con las máximas garantías y calidad, y que les cuestan a los erarios públicos mucho menos dinero que el tener que contratarlos a empresas privadas ( países escandinavos, Canadá, Australia, Austria…)

Nunca he entendido que un estado no pueda obtener los mismos beneficios por prestar un servicio público que obtiene una empresa privada. Y el problema es que cuando dan dinero se traspasa a las grandes corporaciones y cuando hay pérdidas lo pagamos entre todos ( Bankia, Autopistas, etc.)

Pero para que un estado pueda prestar eficazmente los servicios que nunca debió de poner en manos privadas hace falta que haya buenos gestores profesionales y no políticos al frente, que sea una cuestión de estado y no de un partido político en el poder, y que la corrupción sea perseguida desde un poder judicial verdaderamente independiente.

En resumen, que en España lo tenemos crudo, muy crudo.