LEY OMNIBUS: Tipo de norma reguladora de contenidos heterogéneos cuyo uso es calificado por el Tribunal Constitucional como desaconsejable.

 

OPACIDAD: se publica el 23 de diciembre de 2021 en el portal de transparencia dando un plazo reducido de siete días, entre Nochebuena y Nochevieja, para la presentación de alegaciones, en base a razones de urgencia que siguen sin justificarse.

RELEVANCIA: modifica 33 leyes y 5 decretos e incluye 15 nuevas disposiciones

Sólo el ánimo de imponer lo que se sabe pernicioso para el interés general justifica tal nocturnidad y el “río revuelto” de materias inconexas afectadas.

 

Ante este atropello, más de 40 colectivos sociales, la asociación vecinal roceña EL PUEBLO QUE QUEREMOS entre ellos, nos hemos unido para denunciar las consecuencias de la Ley Ómnibus y tratar de pararla. Son muchas las razones, tantas que serían imposible relatarlas todas, de ahí la nocturnidad del proceso y el “río revuelto” de materias. Entre las más urgentes e importantes están:

 

 

SANIDAD: creación de una Agencia de Contratación, que con plena autonomía y de forma opaca, podrá realizar contratos de bienes y servicios sin control parlamentario ni ciudadano. Esta agencia es una puerta abierta a las corruptelas.

TRANSPORTE PÚBLICO: Ni una mención al fomento del transporte público, pero sí a fijar la desregulación y precarización del Servicio Público del taxi, con un modelo depredador que solo favorece a un grupo de empresas y no a sus profesionales ni a la ciudadanía.

URBANISMO: Promueve la transformación especulativa y la privatización del territorio madrileño permitiendo que los Proyectos de Alcance Regional (ejemplo: Eurovegas) se puedan construir en cualquier clase de suelo, incluso protegido. Reduce las posibilidades de control y participación sobre las operaciones urbanísticas especulativas, al privatizarse toda la tramitación de licencias y las labores de control e inspección en obras y edificaciones.

 

VIVIENDA: Consolida la posibilidad de que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos (opción de pagar una cantidad). Esto eliminará la obligación de ceder suelo público para la construcción de dotaciones como viviendas sociales, zonas verdes, zonas deportivas, servicios sanitarios, centros educativos, etc

 

MEDIO AMBIENTE: Reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos, al permitir usos (como la caza, la construcción y negocios hosteleros) en zonas hasta ahora incompatibles por su alto valor ambiental, como las vías pecuarias. Reduce la protección de las especies vegetales de flora silvestre, así como del arbolado que no sea de especies estrictamente protegidas.

 

OTROS: reduce los requisitos para la contratación del personal de las residencias y limita la participación y los controles democráticos así como la transparencia en diversos ámbitos públicos como la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

 

Se trata de un marco legal óptimo para que la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, la sanidad y el transporte públicos pasen a convertirse en productos de consumo para el enriquecimiento particular (amiguismo/corrupción) a costa de precarizar el Bien Común.

 

PAREMOS LA LEY OMNIBUS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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