Noticias de la Red Agua Pública

Con motivo del Día Mundial del Agua, la Red Agua Pública (RAP) organizó el  pasado 24 de marzo en el Congreso de Diputados el acto Políticas públicas y justicia hídrica ante la financiarización del agua, cuyo desarrollo se puede visualizar en la grabación accesible en este enlace.

La RAP ha preparado el documento de conclusiones del acto, en el que se reflejan las reivindicaciones que pretende llevar tanto a los grupos políticos del Congreso como al propio Gobierno.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y JUSTICIA HÍDRICA ANTE LA FINANCIARIZACIÓN DEL AGUA CONCLUSIONES

• AGUA BIEN COMÚN Y DERECHO HUMANO

• El agua forma parte de lo común, y como tal, debe gestionarse sin ánimo de lucro con criterios de solidaridad, equidad, colaboración, apoyo mutuo y control democrático, atendiendo a sus usos asociados. 
• Para ello hace falta la aplicación efectiva de un enfoque basado en los derechos humanos que garantice la participación activa, libre y significativa de los titulares de derechos, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
• Consecuentemente, es fundamental avanzar en el reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto nivel posible de los derechos al agua y al saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, que las administraciones públicas competentes tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir.
• En consonancia con lo anterior, la RAP insta al gobierno y a los grupos parlamentarios a:

1. Tramitar la propuesta de ley sobre el mínimo vital de agua que les presentará inmediatamente, destinada a garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad reciban de forma gratuita un suministro mínimo de agua, a la vez que prohíba expresamente los cortes en tales circunstancias.
2. Con objeto de avanzar consecuentemente en el reconocimiento del derecho humano al agua, se desarrolle reglamentariamente el RD 3/2023 de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
3. Garantizar que el proceso de transposición de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (versión refundida), se realice contando con la participación efectiva de la ciudadanía.
4. Tener en cuenta las enmiendas presentadas por los movimientos sociales contra la pobreza energética, durante la tramitación del Proyecto de Ley por la que se prorrogan determinadas medidas urgentes en materia fiscal, energética y social (procedente del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio).

• USOS DEL AGUA, ECOSISTEMAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

• Es preciso detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles por efecto de la sobreexplotación y el deterioro de la calidad de las aguas y los ecosistemas, que se agudiza por el cambio climático en curso. 
• En situaciones de escasez, como las sequías, más allá de dar prioridad a que haya agua potable y saneamiento para todos, el principio de equidad debe llevar a modular las restricciones a los usos productivos en función de criterios sociales, protegiendo a los productores más vulnerables.
• Los planes de adaptación al cambio climático deben apoyarse en la planificación hidrológica, territorial y urbana, contando con procesos de participación pública activa, libre y significativa y basados en el principio de precaución.
• En este sentido, las alianzas transversales que se están consolidando en diversos territorios entre distintas organizaciones sociales, sindicales, de consumidores, ecologistas y ambientalistas, agricultores, operadores públicos y academia, se configuran como instrumentos potentes de participación, interlocución e incidencia Son de resaltar la Mesa social del agua de Andalucía y las Cumbres sociales del agua de Catalunya.
• Una de las demandas relevantes de estas alianzas, concretamente de la Mesa social, se refiere a la creación de centros públicos de intercambio para asegurar la eficiencia económica, social y ambiental en la reasignación de derechos de agua.

• MODELO DE GESTIÓN

• Se reivindican los modelos de gestión que se realizan sin ánimo de lucro con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Debe imponerse la exigencia de que todos los ingresos procedentes de los servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar los costes de los mismos.
• Es necesario impulsar instrumentos democráticos de participación ciudadana – como los Observatorios del agua-, que garanticen el acceso a la información y la transparencia, haciendo posible la consiguiente rendición de cuentas por parte de los operadores de los servicios.
• La RAP insta al gobierno y a los grupos parlamentarios a:

1. 1. Revisar en profundidad el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), de forma que sea posible la participación ciudadana en su gestión y se asegure el conocimiento ágil de la calidad del agua por parte de los usuarios.

• Reconsiderar mediante un proceso participativo, la constitución, funcionalidades y gobernanza del Observatorio de la gestión del agua incluido en el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua

• PRIVATIZACIÓN, FINANCIARIZACIÓN Y REMUNICIPALIZACIÓN

• Se reivindica el carácter público de la gestión de los servicios del agua, rechazando su mercantilización, privatización y financiarización. En cualquier caso, cualquier iniciativa de cambio en la gestión de estos servicios, sea para privatizar o remunicipalizarlos, deberá estar necesariamente precedida por un proceso de participación pública que culmine en una consulta ciudadana vinculante.
• La privatización de los servicios de agua representa limitaciones relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento. 
• La RAP insta al gobierno y a los grupos parlamentarios a:

1. 1. Prohibir por ley los denominados cánones concesionales, que son instrumentos que favorecen la privatización. Hasta tanto no se prohíban, es necesario regularlos en el sentido de que sean finalistas.

• Derogar las disposiciones legales que facilitan la privatización u obstaculizan la remunicipalización de los servicios públicos municipales. En particular, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, y los artículos y disposiciones adicionales específicas de la Ley de Presupuestos Generales de 2017 y de la Ley de Contratos del Sector Público.

• FINANCIACIÓN DEL AGUA

• Es fundamental que el interés general de las inversiones públicas en la gestión del agua debe estar debidamente justificado, garantizando la transparencia y la participación social al definir objetivos, promoviendo de forma equitativa proyectos que merezcan esa caracterización y evitando en cualquier caso la discriminación.
• En este sentido se rechaza la concentración que se detecta en la asignación de los fondos en grandes operadores que ha resultado en las dos convocatorias del PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua y la discriminación de los ayuntamientos medianos y pequeños como potenciales beneficiarios. Asimismo, se comprueba una distribución proporcionalmente no justificable a favor de los privados.

• AGENDA INTERNACIONAL

• La segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua de 2023 no adoptó un enfoque basado en los derechos humanos, sino que se centró exclusivamente en las repercusiones que podría tener el cambio climático en las actividades productivas que dependen del agua.

• La tercera Conferencia de la ONU a celebrar en 2026, debe superar estas deficiencias, y facilitar la participación de los detentadores de derechos tanto en el proceso de preparación como durante su celebración. Uno de los retos a superar es que Naciones Unidas asuman la organización periódica de las Conferencias del agua como espacio de diálogo con los titulares de los derechos humanos al agua y al saneamiento. 
• Los movimientos sociales como el People´s Water Forum y el Movimiento Europeo del Agua, de los que forma parte la RAP, junto con representantes de los pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, sindicales y otros detentadores de derechos, reclamaron en la Conferencia de 2023 que el agua sea declarada un bien común y un derecho humano, oponiéndose a la tendencia a la privatización que muchos Gobiernos permiten o incluso fomentan. 
• Se reivindica el Manifiesto por una Justicia Hídrica, consensuado por los movimientos por la justicia del agua previamente a la segunda Conferencia de la ONU, como un documento de referencia plenamente vigente, para el posicionamiento e incidencia. 
• La RAP insta al gobierno a:

• • Promover la institucionalización de las Conferencias ante las presiones del lobby privado que pretenden relegar el debate y la gobernanza al sector privado, como ocurre con los Foros Mundiales del Agua.
  • Impulsar un proceso de participación activa y significativa de las organizaciones de los detentadores de derechos en los debates preparatorios y previos a la Conferencia a celebrar en 2026.