Nadie se explicaba que se construyera en la Comunidad de Madrid un nuevo hospital para combatir la pandemia, mientras se mantenían cerradas más de 1.700 camas y 25 Ucis en hospitales públicos.

Hoy sabemos los motivos que han llevado a la polémica construcción del Zendal, y los motivos están claros; la construcción no está motivada por la defensa de la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas madrileñas sino al inicio de un nuevo proyecto de pelotazo urbanístico.

 

Fuente: Juntas X La Pública

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El pasado 1 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso, acompañada de toda la cohorte pretoriana de su Gobierno inauguraba el llamado “Hospital de Emergencias” Enfermera Isabel Zendal. “Un centro pionero en nuestro país y sin precedentes en Europa”, según la presidenta.

 

El Zendal se construye en terrenos de la Ciudad de la Justicia, proyecto de Esperanza Aguirre iniciado en 2004.

 

El resultado de este megaproyecto resultó un fracaso total. En el verano de 2011 se decidió su liquidación. Se perdieron más de 105 millones de euros del erario. Solo llegó a levantarse el donut, que costó 22 millones de euros y que permanece en desuso y con un coste de 143.000 euros anuales por un servicio de seguridad.

En septiembre de 2019, un mes después de tomar posesión como Consejero de Justicia, Enrique López anunció que intentaría retomar el proyecto y trasladar al fin el Instituto de Medicina Legal. El pasado 3 de marzo en plena pandemia, el Supremo tumbó de forma definitiva el plan de Acciona y OHL empresas adjudicatarias del proyecto que habían interpuesto un proceso jurídico para hacerse con la Ciudad de la Justicia, dejando así vía libre a la Comunidad de Madrid sobre los terrenos de la Ciudad de la Justicia.

El pasado 16 de diciembre, quince días después de la inauguración del Zendal, Ayuso inaugura el nuevo Instituto de Medicina Legal en el donut, a 100 metros del Zendal, con una de sus famosas frases “es un orgullo para España y Europa”.

Los planes de Ayuso y su cohorte pretoriana ya están a la vista y ni siquiera esconden que sus intenciones van por el sendero de sus políticas neoliberales de favorecer a los capitalistas amiguetes de los que se rodean, poniéndoles una alfombra roja de acceso a los pelotazos urbanísticos y a los nichos de los servicios públicos. La salud y la vida de los ciudadanos madrileños, sólo les sirve como método de propaganda.

Nuevos ladrillazos están en marcha en los 120.000 metros cuadrados   disponibles de urbanizar en la Ciudad de la Justicia con planes de construcción de nuevas sedes judiciales y viviendas.

De nuevo, y aprovechando que la ciudadanía está pensando en la pandemia y sus consecuencias, vuelve a primer plano la política del “ladrillazo” llevada a cabo por PP y con un dibujo de responsables casi idéntico. En tiempos de Aguirre la labor de contratación recayó en Alfredo Prada Presa, Consejero de Justicia procesado con petición de 8 años de prisión. Con Ayuso ese papel le corresponde a Enrique López también Consejero de Justicia, que ya tiene el marrón de haber intermediado para conseguir el encuentro entre el abogado del PP y el abogado de Bárcenas.

 

Al final la historia se repite.