Nueve meses de Ingreso Mínimo Vital: ¿un fiasco?

La nota de prensa del INSS para informar del estado de la tramitación del IMV tras los primeros nueve meses de aplicación resalta diversos puntos positivos como el aumento de hogares perceptores o la reducción de la pobreza infantil. Sin embargo, un análisis detenido de la nota y nuestra experiencia directa en redes sociales de apoyo mutuo nos llevan a una evaluación menos optimista, y en ello coincidimos con otras entidades como Cáritas Española, Oxfam-Intermón, el Consejo General de Trabajo Social de España o la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Las críticas son tantas que quizás nos hallamos ante un fiasco, concepto que la Real Academia define como “un desengaño o resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien”.

En nuestra opinión, es necesario que se produzcan cambios sustanciales en el contenido de la ley antes de su debate en el Congreso y que se agilicen los procedimientos de gestión, para que la iniciativa tenga futuro.

Fuente: Madrid en Acción de RMI Tu Derecho

Estado general de la tramitación. El IMV no despega

  • Expedientes presentados: el número es importante (1,1 millones, una vez retirados los duplicados) pero sólo llega a la mitad de los hogares en extrema pobreza, lo que significa que al menos otro millón no había solicitado la prestación en los nueve primeros meses de aplicación. Según Cáritas Española, de las 800.000 familias en extrema pobreza atendidas por la institución, el 67% no había iniciado los trámites en enero de 2021. Entre las posibles causas, se apuntan la falta de publicidad en torno a la norma y la dificultad para cumplimentar los expedientes, agravada por el cierre de las oficinas y la saturación de los teléfonos de información, así como por la brecha digital de muchos hogares empobrecidos.

 

  • Expedientes en trámite: 350.000 solicitudes siguen sin resolver. De ellas, una de cada seis están en proceso de subsanación y las cinco restantes a la espera de iniciar los trámites. El atasco fue monumental en los primeros meses de aplicación de la ley y en septiembre de 2020 todavía el 82% se encontraba en el limbo burocrático, por lo que la administración se vio obligada a retrasar de tres a seis meses el tiempo de espera para resolver los expedientes. La tasa bajó al 42% en diciembre y ahora es del 30%. Una mejora considerable pero que sigue dejando atrás a un cuarto de millón de hogares que reclaman respuesta. Conviene recordar que la lentitud en la gestión es responsabilidad directa de la administración y que la Ley de Procedimiento Administrativo exige resolver en plazo y notificar al solicitante el motivo de la resolución.
  • Expedientes aprobados: sólo una cuarta parte de los expedientes resueltos ha obtenido la prestación y, de ellos, más de un tercio (75.000) por el procedimiento de oficio como sustitución de las antiguas ayudas por hijo a cargo. Por tanto, de los 730.000 casos gestionados por procedimiento ordinario sólo se ha aprobado el 18,4% (135.000). Sumados los aprobados de oficio y por trámite ordinario, son 210.000 los titulares de la prestación, que suponen el 1,1% de los hogares españoles, el 6,4% de los hogares en riesgo de pobreza (por debajo del 60% de la mediana de ingresos) y tan sólo uno de cada diez hogares en pobreza severa (por debajo del 40%). Una proporción extraordinariamente pequeña para la magnitud del problema que, además, se ha intensificado en tiempos de pandemia.

 

  • Expedientes denegados: el 74% de las resoluciones han sido negativas, una proporción que sube al 81,6% si consideramos sólo las gestionadas por la vía ordinaria. La nota del gobierno señala que la mayoría de las denegaciones se debe a superar los umbrales de renta o patrimonio y en torno al 10% a no acreditar la unidad de convivencia. Nos pregunta-mos si la opinión pública y sobre todo los 600.000 hogares suspendidos no se merecen una mayor precisión a la hora de justificar tantas resoluciones negativas. Cuando se afirma que la mayoría de las denegaciones se han debido a no cumplir el criterio de vulnerabilidad, justificando así que sólo el 1,1% de los hogares reciba la prestación, ¿se niega validez al Instituto Nacional de Estadística, que en los últimos años ha venido registrando entre un 9 y un 11% de pobreza severa, o a la Encuesta Financiera del Banco de España según la cual al menos el 12% de los hogares presenta un saldo patrimonial negativo y está cargado de deudas?, ¿acaso no son los hogares más empobrecidos quienes han solicitado el IMV y la mayoría son familias con suficiente renta y patrimonio que se quieren “aprovechar” del nuevo recurso? Por otra parte, nada se dice del incumplimiento de otros requisitos abusivos como estar empadronados en la misma unidad de convivencia o que todos los miembros dispongan de estatuto legal desde hace más de un año, etc.

 

Expedientes suspendidos: hasta el mes de marzo de 2021, el IMV se había extinguido o había sido suspendido a cerca de 7.000 expedientes aprobados con anterioridad. La nota del gobierno no dice nada sobre los motivos de tales bajas que en algunos casos podían ser conversiones de permisos transitorios a normales aplicados a los mismos hogares en cuyo caso no deberían contar por separado.

Características de los hogares con IMV

Los 203.000 hogares perceptores de IMV en marzo de 2021 contienen 565.000 personas, lo que supone un tamaño medio de 2,8 personas por hogar, algo superior a la media de España (2,5). Por sexos, prevalecen las mujeres (56% del total), cinco puntos por encima de la media española (51%). Esta frecuencia de mujeres es mucho mayor entre los titulares de la prestación donde llegan al 70%, lo que se corresponde con la feminización de la pobreza en España y con el hecho de que la mayoría de hogares monoparentales tienen como cabeza de familia una mujer.

Es muy destacable la proporción de menores de edad en los hogares receptores (43%), más del doble de lo que representan en la población general (18%). Este gran peso de personas con menos de 18 años se debe a dos factores concurrentes: las aprobaciones de oficio por hijo a cargo (más de un tercio de las concesiones) y la elevadísima frecuencia de hogares monoparentales, como se expone a continuación.

La nota del gobierno recoge una tabla con las modalidades de unidad de convivencia que podemos comparar con la tipología existente en el conjunto de España:

  • La modalidad mas frecuente en ambos casos son los hogares de dos adultos con hijos menores, que suponen el 34% entre los titulares de IMV y el 33% de la población general.
  • Le siguen los hogares monoparentales, cuya tasa del 32% es seis veces mayor que la media española (5%). De tales hogares, dos tercios tienen un hijo o hija menor de edad, el 29% dos y el 7% tres o más menores.
  • Siguen, en tercer lugar, los hogares unipersonales que suponen el 20% en el IMV y el 26% en la población general.
  • En cuarto lugar, los de dos adultos sin hijos que son cuatro veces más en la población general (27%) que entre los beneficiarios de la prestación (7%).
  • Por último, están los hogares mixtos, formados por dos o más núcleos familiares, o donde conviven no parientes, que son más frecuentes en la población general (10%) que entre los perceptores de IMV (7%), a pesar de que en este último caso la norma permite conceder dos o más prestaciones por unidad de convivencia.

Grandes diferencias por comunidades autónomas. ¿Por qué?

La tramitación del IMV presenta diferencias muy acusadas a nivel territorial, tal como se recoge en el Gráfico 3. Ceuta y Melilla, Canarias y Andalucía son las que presentan mayor proporción de solicitudes, por encima del 9% de sus hogares. A ellas les siguen Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura. Se trata de territorios con elevada tasa de pobreza, por lo que es coherente que presenten más solicitudes.  Los datos del País Vasco y Navarra están incompletos y siguen disponiendo de un régimen propio de garantía de rentas cedido por el INSS (art. 29 del RDL sobre IMV).

 

Fuente: Encuesta continua de los hogares del INE, para el número de hogares por comunidades autónomas (2020); Nota del INSS (18.3.2021), para los expedientes aprobados, denegados y pendientes de tramitación

 

El limbo burocrático de los expedientes pendientes (franja verde del gráfico) es mayor en las comunidades de Asturias (41% del total de presentados), Madrid (37%) y Castilla-La Mancha (35%). En el extremo contrario, se sitúan Aragón (15%), Murcia (22%), Extremadura y Castilla y León (ambas 23%). El resto se sitúa en torno a la media de España, entre el 25 y 35% de casos pendientes.

De los expedientes resueltos, las denegaciones son mayoría en todas comunidades, salvo en el caso anómalo del régimen foral de Navarra, tal como se recoge en la Tabla 1. El elevadísimo número de resoluciones negativas en Baleares, Cataluña y Madrid se puede atribuir al nivel de renta más elevado de estas comunidades, lo que no se explica en el caso de Canarias, Castilla-La Mancha o Murcia, tres de los territorios con mayores tasas de pobreza y donde la proporción de rechazos es superior a la media española. En cuanto a los expedientes aprobados, aparecen también diferencias que son difíciles de explicar: ¿por qué en Asturias o Galicia se producen tres veces más resoluciones positivas que en Cataluña o Baleares? Nos preguntamos si la gestión de los trámites ha seguido los mismos criterios en todos los territorios.

 

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado una comparativa entre la evolución del IMV -hasta marzo de 2021- y las Rentas mínimas de las Comunidades autónomas en 2019, que recoge resultados muy desiguales: en Canarias los beneficiarios/as de IMV se han multiplicado por 3 en relación a las Rentas mínimas, en Castilla la Mancha por 2, mientras que en Baleares únicamente lo cobran una de cada 5 personas de las que antes percibían la Renta mínima. En otras comunidades como Extremadura o Galicia las personas perceptoras son similares.

Se suponía que la garantía de rentas desde la Seguridad Social mejoraría la cobertura y la cuantía de las Rentas autonómicas pero hasta ahora no ha sido así. Las personas beneficiarias de IMV en marzo de 2021 eran 565.195, un 20% menos que las perceptoras de rentas mínimas en 2019 (697.124). Es de prever que en los próximos meses se incrementen las concesiones de IMV pero la cuantía media de la nueva prestación (460 euros/mes) es poco probable que aumente con el paso del tiempo y es un 5% inferior a la de las Rentas autonómicas (482 euros/mes). Tanto en el caso del IMV como de las Rentas mínimas, la prestación media aportada por ambas administraciones sólo llega al 16 y 17%, respectivamente, de la renta media por hogar existente en España en 2019 (2.816 euros/mes) y queda muy alejada de la renta mínima prescrita por la Carta Social Europea que debería situarse en el umbral de riesgo de pobreza (750 euros/mes por unidad de consumo en 2019).

Mínima cobertura de la pobreza severa

Tal como se recoge con detalle en la Tabla 2 y el Gráfico 4, los expedientes aprobados después de nueve meses de aplicación de la norma sólo cubren al 13% de las personas en pobreza severa (565.000 de un total de 4,3 millones). Por tanto, casi nueve de cada diez personas en extrema pobreza no perciben el IMV, lo que representa un rotundo fracaso, no sólo de las intenciones del gobierno que proclamaba como un mantra su voluntad de no dejar a nadie atrás, sino del propio Parlamento que por amplia mayoría aprobó en mayo de 2020 garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad económica, máxime en tiempos de pandemia.

 

Fuente: Padrón continuo del INE, para la población total; Nota de prensa del INSS (18.3.2021), para los expedientes aprobados y las personas beneficiarias hasta marzo de 2021; Encuesta Condiciones de Vida del INE, para la población en pobreza severa (a partir de las tasas de 2019, publicadas por EAPN-España en 2020).

Sin considerar las comunidades del País Vasco y Navarra, con un régimen foral propio de garantía de rentas, la cobertura de la pobreza severa es tres veces mayor que la media en Aragón, precisamente la única comunidad que ha utilizado una pasarela automática de reconocimiento en bloque desde las Rentas Mínimas autonómicas al RMI, sin necesidad de que los hogares afectados presentaran la solicitud. Al parecer, hubo otras comunidades que intentaron hacerlo pero desistieron cuando el gobierno rectificó el art. 29 del RDL, responsabilizando a las comunidades de certificar el cumplimiento de requisitos y sometiéndolas después a una comprobación por parte del INSS con la eventual obligación hacer frente al pago de cobros indebidos. De esta manera, se pusieron palos en las ruedas a un procedimiento que habría evitado la colisión entre los dos derechos y una enorme cantidad de problemas burocráticos. Como señala el Colegio oficial de Trabajo Social de Madrid, “no se ha realizado de manera adecuada la pasarela de las Rentas Mínimas al IMV y esto ha engrosado la lista de espera en la resolución de ambas prestaciones”.

En el extremo contrario, seis comunidades presentan una tasa de cobertura de la pobreza severa por debajo de la media de España, entre ellas Andalucía cuya pobreza severa es la más elevada del país, en números absolutos (1,2 millones de personas) y relativos (15% de la población). Resulta muy difícil de entender que las resoluciones positivas de IMV en esta comunidad dejen sin cobertura al 89% de su población en extrema pobreza.

Valoración final: cambios sustanciales o fracaso del modelo

La puesta en marcha del IMV, pese a las sucesivas modificaciones de la norma, está resultando de difícil acceso para los hogares en extrema pobreza. La disparidad entre comunidades autónomas es muy grande y sugiere importantes diferencias en la gestión administrativa. En especial, las trabas puestas para facilitar la pasarela de reconocimiento de las Rentas mínimas autonómicas al IMV han impedido superar los conflictos de gestión entre administraciones y han aumentado la inseguridad jurídica de los hogares afectados.

El 74% de quienes consiguen cumplimentar el expediente acaba siendo denegado, lo que plantea cuestiones de difícil respuesta debido a la escasa transparencia de la información proporcionada hasta ahora por el gobierno: ¿es que la mayoría de los hogares en extrema pobreza, como sugiere el informe citado de Cáritas, no ha solicitado la nueva prestación?, ¿son los requisitos excluyentes del RDL los que impiden el acceso de los hogares más pobres?, ¿la reciente exigencia de certificados de los Servicios sociales supondrá, como plantea el Consejo General del Trabajo Social, aumentar todavía más el colapso existente?

El ministro Escrivá, en declaraciones a La Voz de Galicia del 18 de abril, vuelve a insistir en que el mayor obstáculo es el umbral de renta y patrimonio, tal como se desprende del cotejo de datos con la Agencia Tributaria, y reconoce que “el reto es ver exactamente por qué no piden el IMV quienes podrían hacerlo”, es decir, los hogares más pobres. Si esto es así, ¿por qué no se facilita la información y el acceso a esos hogares con mayor exclusión?, ¿se ha tenido en cuenta el empobrecimiento sobrevenido en 2020 a causa de la pandemia?, ¿qué peso tienen en las denegaciones otros requisitos legales como estar empadronados conjuntamente o que todos los miembros dispongan de estatuto de residencia desde hace más de un año?

La cuantía media por hogar de la nueva prestación, tal como recoge el informe citado de la Asociación De Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es inferior a la de las Rentas autonómicas de 2019 y queda lejos del umbral de pobreza severa que parecía ser el objetivo a superar. Resulta paradójico que la cuantía garantizada por el IMV no permita salir a los hogares receptores de la extrema pobreza pues sólo asegura complementar los ingresos hasta el nivel correspondiente a la “pensión no contributiva” (469,9 euros/mes en 2021), cantidad que se sitúa por debajo del umbral de pobreza severa existente en España (500,5 euros/mes en 2019) y muy lejos de las prescripciones de la Carta Social Europea. Si a lo anterior añadimos que el modelo aplicado de IMV ha absorbido las antiguas prestaciones por hijo a cargo y está dando lugar al desmantelamiento de las Rentas autonómicas, se podría llegar a la conclusión de que, salvo que se produzcan cambios importantes que faciliten el acceso y eleven el umbral económico, estaríamos asistiendo a un empeoramiento del sistema de garantía de rentas en España. Lo que supondría un fracaso en toda regla del modelo IMV y la necesidad de buscar nuevas vías.

El presupuesto previsto para el IMV por los Presupuestos Generales del Estado de 2021 (2.956 M€) ya ha sido rebajado a la mitad por la AIReF (1.456 M€) “porque el número de beneficiarios aprobados de la prestación está siendo muy inferior al número de beneficiarios potenciales que se habían estimado” (pág. 41). Quedan lejos las propuestas de gasto en renta básica de los sindicatos mayoritarios (7.200 M€), de Oxfam-Intermon (6.400 M€) o de la propia AIReF (5.500 M€). El diseño y aplicación del IMV se han convertido en un desfiladero que no sólo bloquea el acceso a la prestación sino que limita un aumento de los umbrales y cuantías que permitirían salir de la extrema pobreza, así como la provisión de los recursos necesarios para las medidas de acompañamiento e inclusión social y laboral que la norma prevé  en su art. 28  pero que ni están ni se les espera.

Fuentes: Para la pobreza severa, estimación para 2020 elaborada por Oxfam-Intermon a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019, elaborada por EAPN España 2020; para los datos de cobertura de IMV, Nota citada del INSS (18.3.2021); para los datos de gastos de la Seguridad en ERTEs, Ayudas a Autónomos e IMV en 2020, AIReF, Informe sobre los Presupuestos iniciales de las administraciones públicas, 2021, pág. 39.

 

Los Gráficos 5 y 6 recogen la mínima cobertura  conseguida hasta ahora por el IMV en relación a la pobreza severa, y el ridículo desembolso de dinero público en comparación con otras medidas extraordinarias de apoyo a la población trabajadora (ERTEs y ayudas a Autónomos). Estos importantes apoyos a varios millones de trabajadores por cuenta propia o ajena para paliar los efectos de la pandemia en 2020, ¿no justificarían un flujo más generoso hacia los hogares en extrema pobreza  que sólo han  recibido el 1,7% del total de esas tres “ayudas”?

Las declaraciones oficiales del gobierno, en especial las del Ministro Escrivá, tienden a justificar y valorar positivamente la puesta en marcha del IMV, lo que se contradice frontalmente con la evaluación hecha hasta aquí. Entendemos que los responsables políticos harían bien en escuchar a los interlocutores sociales que se encuentran más cerca de los hogares empobrecidos –entre ellos los referidos al inicio de esta nota- cuando reclaman facilitar más la gestión, reducir requisitos excluyentes, elevar los umbrales y las cuantías, y asignar amplios recursos para el apoyo de programas de acompañamiento e inclusión social y laboral.

 

RMI TU DERECHO, 26 de abril de 2021

La Plataforma Contra la Privatización del Canal consigue en solo una semana los fondos para pagar las costas judiciales de su recurso

En solo siete días, la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII), en la que participa la FRAVM, ha logrado su objetivo de recaudar donaciones para cubrir los 6.840 euros en concepto de costas judiciales que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al desestimar un recurso presentado en 2012 contra la incorporación del Ayuntamiento de Madrid al nuevo modelo de gestión mercantilizado del Canal de Isabel II. La FRAVM agradece su gesto a las personas y colectivos que han realizado aportaciones para afrontar este gasto.

 

Fuente FRAVM

La plataforma se había marcado un periodo de tres meses para lograr su objetivo, pero solo ha necesitado una semana, todo un hito de solidaridad entre personas, colectivos y movimientos sociales que luchan por defender los servicios públicos.

 

Recordemos que el TSJM, tras rechazar el citado recurso, condenó a la FRAVM, que lo presentó en el nombre de la plataforma, a pagar las costas judiciales del proceso. El papel de la federación en la interposición del recurso se inscribe en la lucha que desarrolló con la plataforma para paralizar la privatización del Canal y que logró movilizar a decenas de miles de personas.

Desde sus inicios en septiembre de 2010, la PCPCYII articuló su actividad en torno a tres ejes de trabajo, la denuncia y movilización contra la privatización del Canal, la incidencia ciudadana y, finalmente, la incidencia política e institucional. En el contexto del tercer eje se inscribió la decisión de utilizar todas las acciones legales posibles para detener el proceso de privatización.

A partir de 2011, el Canal de Isabel II empezó una campaña de presión hacia los ayuntamientos de la región para que suscribieran los convenios de integración en un nuevo modelo, como paso previo a la constitución de una sociedad anónima que debería asumir la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento en la Comunidad de Madrid. Esta empresa era la que estaba previsto privatizar, como se preveía en la hoja de ruta que el gobierno de Esperanza Aguirre había concretado en la Ley 3/2008 de 29 de diciembre de 2008, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Ante esta situación, la Plataforma decidió recurrir legalmente las firmas de estos convenios en aquellos casos de gran peso simbólico o demográfico y en los que se tenía constancia de la existencia de irregularidades significativas. Para ello, a partir de 2012 se designaron a las organizaciones Attac, Ecologistas en Acción y la FRAVM para interponer los recursos pertinentes ante los juzgados de los contencioso-administrativo de Madrid. En total se interpusieron doce recursos, de los que tan solo el relativo a Madrid interpuesto por la federación vecinal siguió su curso, por decisión expresa de la plataforma, en atención a la importancia que se le daba al caso de la capital.

Este recurso fue derivado en abril de 2013 a la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM, que emitió su fallo el 21 de julio de 2016 desestimándolo en su integridad y condenando a la FRAVM al pago de las costas procesales, que fueron tasadas en 6.841 euros.

Comercio Sin Plasticos

#ComercioSinPlasticos: campaña para que los supermercados eliminen el sobreenvasado de sus productos

La FRAVM, a través de su Comisión de Residuos, lanza hoy la campaña #ComercioSinPlasticos que persigue la reducción del uso abusivo del plástico en los supermercados y otros establecimientos comerciales. A tal fin, durante este mes de abril invitará a asociaciones y ciudadanos y ciudadanas a presentar y enviar cartas con esta demanda en los comercios de sus barrios.

 

Fuente: Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Lo vemos y vivimos cada vez que compramos en un supermercado: una marea de productos con doble (¡incluso triple!) envasado de plástico inunda las estanterías, y las y los dependientes de alimentos frescos no escatiman a la hora de envolver nuestros pedidos en bandejas de poliestireno y papel film, para luego meterlos en una bolsa de plástico tras otra. Como resultado, nos llevamos a casa una enorme cantidad de envoltorios y embalajes de plástico que van directos a la basura una vez organizada la cesta de la compra o consumidos los productos que contienen. Con el fin de contribuir a frenar este despilfarro, tremendamente lesivo para la salud y el medio ambiente, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), a través de su Comisión de Residuos, lanza hoy Comercio Sin Plásticos, una campaña de sensibilización dirigida principalmente a las grandes cadenas de supermercados.

Durante las próximas cuatro semanas, la organización vecinal, a partir de las 290 asociaciones que se hallan presentes en 51 municipios de la región, animará a los madrileños y madrileñas a enviar o presentar en estos establecimientos un modelo de carta para que eliminen o reduzcan al máximo el sobreenvasado de sus productos y el uso del plástico. “Creemos que correría como la pólvora el nombre de aquel supermercado que se alíe con el medio ambiente y la salud de la ciudadanía; y todos/as sabemos que el boca a boca es el mejor y más eficaz medio de difusión. La disminución en el uso de plásticos y las bases de la economía circular como método de gestión de residuos, deberían ser la meta a corto plazo”, puede leerse en un escrito en el que se recuerda a los comercios la Directiva UE 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de junio de 2019que obliga a reducir “hasta su completa desaparición el plástico de un solo uso” e introduce “la ampliación de la responsabilidad por contaminación por plásticos hasta el productor”, extremo que se empezará a aplicar en 2024.

En la carta, las asociaciones vecinales sugieren a los comercios las siguientes medidas concretas:

– Ofrecer la venta de productos a granel (frutas, verduras, legumbres, especias,..)
– Potenciar el uso de envases reutilizables en las compras a granel, aceptando incluso los envases aportados por el propio cliente.
– Eliminar las bolsas de un solo uso, ya sean compostables, reciclables o no lo sean.
– Trabajar con proveedores que eviten el sobre envasado.
– Planes de gestión de residuos de empresa y talleres informativos dirigidos a los empleados/as en los que se les explique el plan empresarial, motivándolos para formar parte del mismo.

Además de erradicar la presencia de envoltorios plásticos en los comercios y favorecer la desaparición paulatina de los envases plásticos de un solo uso, la campaña persigue la modificación, a través de la implantación del desaparecido Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SPPD), del actual sistema de gestión de eliminación de envases de un solo uso.

Para facilitar el envío y presentación de las peticiones, la FRAVM ha enviado a sus colectivos un listado con contactos de las principales cadenas de supermercados, entre las que se encuentran Carrefour, Mercadona, DIA, El Corte Inglés, Aldi, Alcampo, Lidl, Eroski, Ahorramas o BM. En redes sociales, la organización ciudadana anima a interpelar a estas empresas y a difundir su iniciativa con el asunto #ComercioSinPlásticos

De esta manera, la federación se suma a la oleada ciudadana que, cada vez con más fuerza, demanda la reducción del uso del plástico que hoy inunda nuestros barrios, pueblos y ciudades, nuestros ríos, campos y mares. No en vano, según datos de Greenpeace, en España el 70% de los plásticos que hoy se producen no se recicla y el 50% de los envases de plástico termina en los macrovertederos de nuestras ciudades. Hasta 12 millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos cada año, ahogando los ecosistemas, provocando daños en la flora y fauna y entrando en la cadena alimentaria. En su informe Plásticos en los Océanos la organización ecologista estima que actualmente los mares contienen entre 5 y 50 billones de fragmentos de plástico, sin contar los trozos que se encuentran en el fondo marino o en las playas.

Sabiendo que una botella de plástico tarda en descomponerse unos 600 años aproximadamente, una bolsa 55 años y un globo 6 meses. ¿No es hora de parar esta deriva?

 

Carta tipo de personas físicas para pedir a comercios eliminación de sobreenvasado de plástico

Carta tipo de asociaciones para pedir a comercios eliminación de sobreenvasado de plástico

Asociación unión de africanos en España – besha wear – Lavapiés

En un local de apenas tres metros de ancho por algunos más de profundidad, Besha, una congoleña que lleva algunos años en Madrid, tiene una tienda de confección de ropa con telas africanas en la que ha ido ayudando a gente del barrio que lo necesitaba.

Fuente: Besha Wear Lavapiés

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Mas es desde el comienzo de la pandemia y ante la urgente necesidad de alimento y aún cobijo, que Besha ha “abierto” su local a todas las personas con estas necesidades tan básicas. Comenta que le viene de familia ya que su madre y su abuelo vienen haciendo lo mismo en su tierra…

 

Desde entonces, ofrece alimentos (Desayunos, comidas y cenas) a más de 150 personas así como ropa, orientación y sobre todo acompañamiento a toda persona que lo necesite. 

 

Cuenta con la ayuda de vecinas, tiendas e incluso algún restaurante; manifiesta sentirse feliz ante la solidaridad de la gente en este reto que dice, le queda grande por la cantidad de problemas tan graves que tienen las personas que se acercan. Y cada día llegan más…

 

En su Instagram hay muchas fotos de sus actividades:

Besha Wear (@beshawear) • Instagram 

En este momento, un joven al que le han tenido que cortar una pierna necesita una prótesis urgente, medicinas y rehabilitación. Besha está intentando crear una red de unas 50 personas para poder ayudar a este muchacho.

Quien desee participar por favor que se ponga en contacto con ella:

 

Contacto: beshawearoficial@gmail.com

Fraguas forma parte Patrimonio Histórico de todxs. Comunicado

Después de varios días de trabajo, hoy 16 de marzo un historiador de la Universidad de Alcalá ha registrado un escrito en la sede de la Junta en Guadalajara. ¿El motivo? Fraguas forma parte Patrimonio Histórico de todas y todos.

Fraguas es un poblado con más de 800 años de Historia que se asienta en lo que en el Medievo se llamaba la “Marca Media”. Poblaciones enteras que se movieron por cientos de kilómetros hasta fundar los pueblos donde se asentarían. Uno de ellos, nuestra querida Fraguas.

Así comienza el principio de muchos y muchos pueblos del centro peninsular: de la necesidad de miles y miles de personas por explotar la tierra y vivir de ella. Así comienza la Historia de Fraguas. Se levantan casas y casas. Se explota la tierra y se construye el espacio religioso de reunión y decisión de los vecinos: la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

Se ha iniciado esta solicitud para que lo oigan alto y claro: Fraguas es Patrimonio de todxs.

Esta barbaridad iniciada por la Junta, sin saber qué oscuros fines se esconden detrás, plantea que Fraguas es un “poblado chabolista” en el que sus repobladores se han asentado. Y no. No, señores de la Junta. No es así. Fraguas tiene 800 años de Historia. No pueden derribarlo así como así.

La Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha se ha preocupado mucho del Patrimonio medioambiental. Pero, ¿y qué pasa con el Patrimonio Histórico? ¿qué pasa con los 800 años de Historia de Fraguas? ¿acaso éso no importa?

Mientras la Junta se ha lanzado contra los repobladores de Fraguas arguyendo un supuesto daño medioambiental, ellos van a perpetrar un daño contra el Patrimonio Histórico de primer orden: derribar un pueblo de más de 800 años de Historia. Algo insólito.

Los repobladores han estado años y años manteniendo este patrimonio para que todxs pudieran disfrutar de él. Han limpiado. Han mantenido. Han reconstruído y han generado una población en el lugar donde la Administración había dejado metros de zarzas y casas destrozadas por las maniobras que el Ejército hizo en Fraguas.

Está claro: Fraguas es Patrimonio de todxs.

Aquellas poblaciones que encontraron en Fraguas el lugar donde poder explotar la tierra que necesitaban y la memoria que dejaron impregnada en sus casas y calles no pueden caer bajo la orden de un ingeniero y una excavadora.

Se ha iniciado el contacto con distintas asociaciones y centros de investigación en defensa del Patrimonio para dar a conocer la barbaridad que la Junta pretende hacer con Fraguas. Quieren derribar Fraguas en silencio y no será así. Fraguas es de todos. Fraguas es Patrimonio.

Por todo ello, se hace un llamamiento a la defensa del Patrimonio local y rural de Fraguas. En defensa de aquello que consideramos que es de todxs, y que unos señores pretenden arrebatar de la forma más violenta y vil: mediante el derribo a “ras de suelo” de todo lo que han construido las gentes de Fraguas durante siglos y siglos.

No podemos consentirlo.

 

¡FRAGUAS ES PATRIMONIO DE TODXS!

Cerrado por Lucha, #8M2021

El #8M2021 salimos a las calles vestidas de violeta a hacer nuestras gestiones cotidianas

 

En la pandemia se ha hecho más visible si cabe la importancia de los trabajos de cuidados que realizan sobre todo las mujeres dentro y fuera de las casas; también la precariedad de los empleos remunerados de las mujeres, en especial migrantes, con despidos y “fin de obra” inmediatos, sin derecho al paro como las trabajadoras del hogar…

 

Fuente original: Traficantes de sueños

---CERRADO POR LUCHA--- #8M2021

 …Se ha hecho visible también el raquítico estado de los servicios públicos: una sanidad sobrecargada, una educación segregadora, unos servicios sociales que cerraron cuando más hacían falta. Y visibles las desigualdades de vivienda y condiciones de salud, causa de un diferencial de mortalidad claro entre barrios ricos y pobres. Miles de mujeres han sostenido la crisis sanitaria y económica a través del apoyo mutuo de las redes vecinales y cajas de resistencia y de sus propios cuerpos con un trabajo doméstico y de cuidados (también educativos) más aislado y demandante que nunca.

 

Mientras los medios reverberan debates identitarios y abstractos, con consecuencias terribles para las personas trans y las trabajadoras sexuales, entre otras, los feminismos de base siguen trabajando desde las casas, los empleos, el campo y la ciudad, para poner encima de la mesa las desigualdades de sexo, género, raza y clase que son la base del injusto y violento sistema económico en el que vivimos y para construir redes que, enfrentando el cotidiano desde lo más pequeño, señalan otras formas de hacer mundo.

 

Las mujeres que han acogido a sus compañeras internas puestas en la calle por miedo al virus, las que han cuidado a sus compañeras jornaleras enfermas en chamizos de Huelva, las que han parado desahucios en mitad de la pandemia, las que se han organizado por primera vez para llevar comida a sus vecinos. Todas ellas y todas nosotras no podemos estar más hartas de que lo importante no figure en ningún debate público, encantados los tertulianos de discutir del rey o los conflictos del gobierno. Por eso saldremos este 8M, como todos los 8 de marzo, y todos los días. Porque no podemos permitirnos no salir. Porque no salir, seguir encerradas en casa y en el trabajo, no va a cambiar las cosas. Y no podemos esperar a que el virus se apague para las urgencias de la vida que están sobre nuestras espaldas ni para volver a sentir con otras nuestra fuerza.

Con medidas de seguridad, como cada día, mañana saldremos vestidas de violeta a hacer nuestras gestiones, defendiendo derechos esenciales para todas las personas y, en especial, para las mujeres más precarias de las que más podemos aprender sobre apoyo mutuo: las migrantes, las trans, las trabajadoras sexuales.

 

Porque el feminismo no es que algunas lleguen arriba, es que abajo no quede nadie. Y esto a nivel mundial.

 

Por nosotras y por todas nuestras compañeras, organizarse es empezar a vencer.

El Zendal señuelo para la reflotación del fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia y de nuevos ladrillazos

Nadie se explicaba que se construyera en la Comunidad de Madrid un nuevo hospital para combatir la pandemia, mientras se mantenían cerradas más de 1.700 camas y 25 Ucis en hospitales públicos.

Hoy sabemos los motivos que han llevado a la polémica construcción del Zendal, y los motivos están claros; la construcción no está motivada por la defensa de la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas madrileñas sino al inicio de un nuevo proyecto de pelotazo urbanístico.

 

Fuente: Juntas X La Pública

Ladrillazo-zendal.jutxs-por-la-publica

El pasado 1 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso, acompañada de toda la cohorte pretoriana de su Gobierno inauguraba el llamado “Hospital de Emergencias” Enfermera Isabel Zendal. “Un centro pionero en nuestro país y sin precedentes en Europa”, según la presidenta.

 

El Zendal se construye en terrenos de la Ciudad de la Justicia, proyecto de Esperanza Aguirre iniciado en 2004.

 

El resultado de este megaproyecto resultó un fracaso total. En el verano de 2011 se decidió su liquidación. Se perdieron más de 105 millones de euros del erario. Solo llegó a levantarse el donut, que costó 22 millones de euros y que permanece en desuso y con un coste de 143.000 euros anuales por un servicio de seguridad.

En septiembre de 2019, un mes después de tomar posesión como Consejero de Justicia, Enrique López anunció que intentaría retomar el proyecto y trasladar al fin el Instituto de Medicina Legal. El pasado 3 de marzo en plena pandemia, el Supremo tumbó de forma definitiva el plan de Acciona y OHL empresas adjudicatarias del proyecto que habían interpuesto un proceso jurídico para hacerse con la Ciudad de la Justicia, dejando así vía libre a la Comunidad de Madrid sobre los terrenos de la Ciudad de la Justicia.

El pasado 16 de diciembre, quince días después de la inauguración del Zendal, Ayuso inaugura el nuevo Instituto de Medicina Legal en el donut, a 100 metros del Zendal, con una de sus famosas frases “es un orgullo para España y Europa”.

Los planes de Ayuso y su cohorte pretoriana ya están a la vista y ni siquiera esconden que sus intenciones van por el sendero de sus políticas neoliberales de favorecer a los capitalistas amiguetes de los que se rodean, poniéndoles una alfombra roja de acceso a los pelotazos urbanísticos y a los nichos de los servicios públicos. La salud y la vida de los ciudadanos madrileños, sólo les sirve como método de propaganda.

Nuevos ladrillazos están en marcha en los 120.000 metros cuadrados   disponibles de urbanizar en la Ciudad de la Justicia con planes de construcción de nuevas sedes judiciales y viviendas.

De nuevo, y aprovechando que la ciudadanía está pensando en la pandemia y sus consecuencias, vuelve a primer plano la política del “ladrillazo” llevada a cabo por PP y con un dibujo de responsables casi idéntico. En tiempos de Aguirre la labor de contratación recayó en Alfredo Prada Presa, Consejero de Justicia procesado con petición de 8 años de prisión. Con Ayuso ese papel le corresponde a Enrique López también Consejero de Justicia, que ya tiene el marrón de haber intermediado para conseguir el encuentro entre el abogado del PP y el abogado de Bárcenas.

 

Al final la historia se repite.

Memoria de Actividades de El Pueblo Que Queremos 2019

Memoria de actividades realizadas y en las que ha participado durante el año 2019 La Asociación Vecinal de Las Rozas de Madrid El Pueblo Que Queremos

 

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Junt@s por La Pública denuncia al consejero de Sanidad de la CAM ante la fiscalía

Convocamos a los medios de prensa, en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sita en Calle del Gral. Castaños N.º 1, el jueves 28 de enero de 2021 a las 11:30H donde se entregará a los asistentes la copia integra de la denuncia.

 

Fuente: #JuntxsPorLaPublica

Articulo 43 de la Constitución Española:

  • Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  • Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Decreto 307/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, CAPÍTULO I, Del Consejero de Sanidad, Artículo 1.- Competencias del Consejero de Sanidad:

  • Al Consejero de Sanidad le corresponde la propuesta, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid…

 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, CAPÍTULO I, De los principios generales, Artículo tres:

  • Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente…
  • La asistencia sanitaria pública se extenderá…
  • La política de salud estará orientada a la superación…
  • Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente…

 

 

Y así, hasta 17 puntos, los redactados por la Plataforma “Juntas X La Pública”, que el día jueves 28 de enero de 2021 entregaran a Fiscalía de la Comunidad Madrid, denunciando entre muchos aspectos:

 

  • Que se ha podido vulnerar el derecho a la protección de la salud.
  • La exclusión, casi en su totalidad, de la derivación hospitalaria de personas mayores resientes de grado.
  • La falta de pruebas de detección en las Residencias y el incumplimiento de medicalización de las Residencias.
  • La posible vulneración de derechos humanos.
  • Que a pesar de haber recibido del Gobierno Central más de 2.000 millones de euros de los Fondos COVID para uso en gasto sanitario, lejos de fortalecer el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad hizo frente a la segunda ola de la pandemia con una Atención Primaria con falta de profesionales por bajas médicas y vacaciones…
  • Se movilizaron al menos una veintena de millones en las tres últimas semanas del año a través de contratos de emergencia (sin publicidad ni competencia entre proveedores) que se justificaron con las necesidades creadas por la COVID…
  • Falta de un plan de vacunación. Su inexistencia está provocando casos como el sucedido en el Hospital Clínico de Madrid…

 

Declaración Gestión Catastrófica Isabel Zendal: concentración domingo 24 de enero

Sanitari@s Necesari@s convoca el próximo domingo 24 de enero a las 11:30h en el Hospital de Emergencias Isabel Zendal para exigir el freno al desmantelamiento de personal y recursos de los hospitales de la red pública madrileña.

 

Fuente: Sanitarios Necesarios

Este desmantelamiento, que ya venía produciéndose por la política llevada a cabo en las legislaturas anteriores también del PP, está agravándose por el traslado forzoso que están sufriendo lxs trabajadorxs de la Sanidad a este hospital de Valdebebas en condiciones precarias y por el trasvase de recursos económicos para dotar su infraestructura.

La gestión catastrófica que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid no es más que un robo sobre las arcas públicas y un atropello sobre los derechos básicos de la población.

Como venimos denunciando de un tiempo a esta parte, para este gobierno regional (y también municipal) prima SU economía sobre la salud de la ciudadanía.

Muestra de ello son los contratos que se están dando a empresas privadas para cubrir servicios públicos en todos los ámbitos, la falta de transparencia, la privación y privatización de servicios públicos esenciales y la falta de inversión en la educación, sanidad, servicios sociales y resto de servicios públicos que hacen que su funcionamiento y cobertura cada vez sea más deficiente.

Vivimos en una Comunidad donde cada vez es más difícil vivir.

Nos sobran motivos para pedir la dimisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y todo su equipo.

Exigimos a los partidos políticos en la oposición que recojan esta petición y realicen los trámites necesarios para llevarla a cabo porque:

 

NOS VA LA VIDA EN ELLO

Documento conjunto de varias Asociaciones Sanitarias de Madrid sobre la vacunación para el Covid-19

Hace ya 14 días que se inició la campaña de vacunación de la Covid-19 en España y en Europa. Según la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad, a fecha de 8 de enero, la proporción de dosis administradas frente a las suministradas es del 37,4% para España, con una gran variabilidad entre comunidades autónomas (desde el 75,2% en Asturias hasta el 14,3% en Madrid, que ocupa el último lugar).

¿Qué está pasando?, ¿no tenemos suficiente estructura en nuestro Servicio Madrileño de Salud?, ¿hay problemas logísticos y de organización? Responder a estas cuestiones requiere de un análisis sereno y riguroso, pero nos genera una gran preocupación que, a día de hoy, en los Equipos de Atención Primaria de Salud no se tenga ninguna directriz ni protocolo de actuación para la campaña de vacunación poblacional de la covid-19.

 

Colectivos firmantes 

 

  • Asociación Madrileña de Salud Pública-AMaSaP.
  • Plataforma de Centros de Salud de Madrid.
  • Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria-SEMAP.
  • Asociación Madrileña de Enfermería Independiente.
  • Asociación Española de Trabajo Social y Salud.
  • Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad de Madrid.
  • Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria-SoMaMFyC

La atención primaria de salud y los servicios de salud pública tienen que ser las piezas clave para llevar a cabo esta campaña, dado que cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a este reto, de manera eficaz y segura, como han demostrado con éxito los programas de vacunación en todo el territorio nacional durante décadas. Y dentro de la estructura del sistema de atención primaria, los y las profesionales de enfermería son los mejores preparados para la ejecución de esta campaña. Tras demostrar su capacidad y excelencia para ello en campañas de vacunación de pandemias previas, como la de la Gripe A (H1N1) de 20092010, en la vigente campaña de vacunación de la gripe se han alcanzado coberturas récord, pese a la enorme presión laboral derivada de la pandemia de covid-19. 

Esta campaña de vacunación para la covid-19 es particularmente compleja, por sus características excepcionales en lo relativo al suministro, distribución, conservación y aplicación de las vacunas. Por ello, requiere de una cuidadosa planificación que debe llevarse a cabo por personas expertas en la materia. No dudamos que los esfuerzos realizados hasta el momento, por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, han ido en esta dirección, pero es inconcebible que no se haya contado con las asociaciones científicas y profesionales, especialmente las de enfermería de atención primaria.

Esta campaña de vacunación para la covid-19 es particularmente compleja, por sus características excepcionales en lo relativo al suministro, distribución, conservación y aplicación de las vacunas. Por ello, requiere de una cuidadosa planificación que debe llevarse a cabo por personas expertas en la materia. No dudamos que los esfuerzos realizados hasta el momento, por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, han ido en esta dirección, pero es inconcebible que no se haya contado con las asociaciones científicas y profesionales, especialmente las de enfermería de atención primaria.

En los primeros días del año 2021, hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que la Comunidad de Madrid ha contratado un servicio de apoyo a la vacunación frente a COVID-19 en la campaña 2021, lo que nos ha producido aún mayor asombro y desconcierto. Parece haberse dado por sentado que el Servicio Madrileño de Salud no puede llevar a cabo esta campaña de vacunación, al adjudicar directamente 804 098,53 euros a una entidad privada como la Cruz Roja. Esta ONG publicitó el 18 de diciembre (once días antes de la firma del contrato con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid) una oferta de trabajo para enfermeras a jornada completa en unidades móviles para una campaña de vacunación de la que nadie más tenía conocimiento.  

Cabe recordar que desde los inicios de la pandemia se viene insistiendo desde múltiples instancias, como las asociaciones que firman este posicionamiento, en que la atención primaria de salud y la salud pública madrileñas necesitan ser reforzadas. ¿Por qué no se ha planteado hacer esta inversión en el servicio público de salud? ¿Por qué no se ha contratado directamente desde el SERMAS? ¿Cómo se justifica esta externalización? A la atención primaria y la salud pública hay que dotarlas de los medios necesarios para que puedan llevar a cabo sus funciones (asistenciales, preventivas y de promoción de la salud) de forma eficaz.

La política seguida de descuido y precarización de la sanidad pública, con desvío de fondos a la privada, nos recuerda la que se ha adoptado en otras ocasiones, como en el caso del contrato con Quirón Salud para reclutar un grupo de rastreadores sin experiencia previa, en lugar de aprovechar esta inversión para fortalecer la estructura de vigilancia epidemiológica. Al igual que entonces, hoy nos preguntamos por qué no se cuenta con otros recursos públicos formados y con experiencia (en este caso, para la vacunación), como los Centros Municipales de Salud Comunitaria de Madrid, ofertados por Madrid Salud, pero rechazados al mismo tiempo en que se pergeñaba un contrato con la Cruz Roja. En caso de que los recursos públicos no sean suficientes, también se podría pedir la colaboración extraordinaria de personal jubilado, estudiantes de últimos años, etc. Todo ello, por supuesto una vez que se haya agotado el margen para reforzar la sanidad pública madrileña con contratos dignos de personal de enfermería, como se ha hecho en otras CCAA.

Caben hacer además otras consideraciones con respecto a este servicio privado contratado con Cruz Roja: ¿menos de cien efectivos dan respuesta a la demanda que exige esta campaña? Es importante señalar que, según el portal estadístico del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid cuenta con 3360 profesionales de enfermería en 262 centros de salud preparados para asumir esta campaña de vacunación con todas las garantías para llevarla a cabo de manera eficaz y segura, sin olvidar que la vacunación ha de ser reflejada en la historia clínica de la persona que la recibe, previa consulta de su situación de salud. A este equipo hay que sumar los profesionales de los servicios de prevención de riesgos laborales, responsables de la vacunación del personal sanitario. Estos son los sitios más adecuados para vacunar de la covid-19, donde está el personal con experiencia demostrada en campañas de vacunación y que cuenta con todos los medios necesarios en caso de posibles incidencias. En caso necesario, estos profesionales podrían supervisar a enfermeras de otros ámbitos y niveles asistenciales de la administración pública (local, autonómica o estatal) que voluntariamente se ofreciesen a colaborar, con la debida remuneración, en esta campaña.

Asimismo, consideramos que, para asegurar la cobertura universal de la vacunación y evitar bolsas de inequidad y exclusión sanitaria, hace falta un buena identificación y abordaje de las barreras socioculturales, lingüísticas y administrativas existentes. Especialmente, en los grupos más vulnerables (acceso a personas inmigrantes, sin techo, con problemas de salud mental o que trabajan en condiciones precarias, etc.). Para ello es fundamental, una vez más (tal como defendimos con el diagnóstico de casos, el estudio de contactos y el aislamiento y cuarentena de los mismos), contar con profesionales de trabajo social sanitario de los propios centros de salud y centros de salud mental, con recursos sociocomunitarios y educativos (incluidos los profesionales de educación social) y con las organizaciones sociales presentes en los barrios y pueblos, buscando la complicidad de los representantes vecinales y los agentes sociales del ámbito laboral.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que desde la Consejería de Sanidad se cree de manera urgente una comisión técnica en la que estén presentes las asociaciones científicas y profesionales implicadas en las campañas regulares de vacunación, donde deben tener un protagonismo especial los y las profesionales de enfermería de atención primaria y de salud pública. Tal comisión es imprescindible para la planificación eficiente de la campaña de vacunación, que debe estar incardinada dentro de las actividades que se llevan a cabo en los centros de salud con el fin de preservar la salud de la comunidad. Asimismo, solicitamos que se cuente con la participación de las organizaciones sociales, vecinales y los agentes sociales para el diseño, seguimiento y evaluación continua de este proceso de vacunación que se va a prolongar por varios meses.

 

La Comunidad de Madrid reduce la protección en el entorno de la Presa del Gasco y del Canal de Guadarrama

El 11 de diciembre de 2020 salió publicada, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de la Presa del Gasco y el Canal de Guadarrama, en la categoría de Paisaje Cultural, ambos bienes situados en los municipios de Las Rozas de Madrid, Torrelodones y Galapagar.

 

Fuente Asociación La Encina

Esta nueva Resolución sustituye y recorta la protección que se había planteado en la publicada el 24 de abril de 2019, que había sido retirada por la Comunidad de Madrid tras la contestación desde los intereses inmobiliarios

La principal conclusión de los hechos indicados, es que la presión social ha conseguido el que se volviera a incoar el expediente, no obstante ha habido un cambio sustancial con respecto al anterior documento, es decir:

 

Una reducción notable de la superficie a proteger, además de la exclusión de todos aquellos restos del Canal del Guadarrama de los que en estos momentos no de observan materialidad, porque están ocultos como resultado de trabajos de movimientos de tierras y de urbanización.

 

El cambio que introduce la nueva Resolución, supone que la franja de protección del trazado del Canal se reduce a 60 metros, (40 por el lado del camino y solo 20 por el lado del monte, en ambos casos incluido el respectivo ancho del canal), frente a los 100 metros de protección que establecía la anterior Resolución de abril de 2019.

 

Desde la ASOCIACIÓN LA ENCINA, estos cambios los achacamos a los intereses particulares de las inmobiliarias, pues el pasado mes de octubre la empresa Levitt ha iniciado la urbanización de la parcela Kodak en Las Rozas de Madrid, donde se van a levantar 720 viviendas y 56.800 m2 de oficinas, en donde no hacen falta viviendas y en un municipio en el sobran edificios de oficinas.

 

La urbanización afectará al trazado del Canal, pues discurre por la zona a urbanizar y será Además también destruye parte del Conjunto Kodak, ejemplo de patrimonio industrial americano de los años setenta y único en la Comunidad de Madrid, se ejecuta la tala de centenares de árboles en un lugar de alto valor ecológico.

 

Ver publicación Asociación La Encina