El IMV debe replantearse en profundidad

Propuestas de 14 entidades representativas

 

El pasado 18 de junio de 2021 el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó las enmiendas al articulado del Proyecto de Ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital presentadas por los partidos y grupos parlamentarios del Congreso de los diputados. Como contrapunto y complemento, recogemos aquí las propuestas presentadas al mismo Proyecto de Ley por 14 entidades representativas de la sociedad civil. Esperamos que sean tenidas en cuenta en la medida que recogen la experiencia directa de instituciones y colectivos especialmente concernidos por la lucha contra la pobreza en España.

 

Fuentes: RMI TU DERECHO   rmituderecho.orgMadrid en Acción

Entidades que formulan la propuesta


Para la mayoría de dichas entidades, la puesta en marcha del IMV, tras su primer año de aplicación, está siendo insatisfactoria ya que sólo cubre a un sector menor de los destinatarios previstos, se queda por debajo del umbral de pobreza severa, muy lejos de lo comprometido en la Carta Social Europea, y la gestión administrativa es lenta, compleja y opaca, lo que ha dificultado el acceso a los hogares con menos recursos. Habría que reducir muchas exclusiones, ampliar cuantías y prestaciones, y mejorar la gestión, en estrecha coordinación con la política de garantía de rentas de las comunidades autónomas, que no debería desmantelarse.

Los colectivos de la Plataforma RMI TU DERECHO, que venimos trabajando día a día con hogares empobrecidos, estamos indignados por el abandono institucional del que tales hogares son víctimas, con respuestas que llegan, si llegan, con muchos meses de retraso, errores graves de valoración que no se comunican, cambios legales sin carácter retroactivo que obligan a iniciar los trámites, continuas arbitrariedades sobre lo que se considera o no unidad de convivencia con derecho a prestación, etc.

No podemos por menos de denunciar que entre el Gobierno de España con el IMV y los Gobiernos de la mayor parte de comunidades autónomas con las rentas mínimas territoriales, no sólo no están dando respuestas válidas a las familias empobrecidas sino que se las ha colocado entre la espada y la pared, generando problemas adicionales. En consecuencia, reclamamos a todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los diputados que reformulen la normativa que regula el IMV durante su tramitación como proyecto de ley, suprimiendo exclusiones injustificables, reclamando que se dediquen más recursos y personal para facilitar la tramitación e incluso exigiendo que se conceda “de oficio” la prestación a aquellos hogares de  los que las administraciones públicas tengan constancia de que se encuentran en extrema pobreza.

Es necesario que se produzcan cambios sustanciales en el contenido de la Ley, que el futuro Reglamento recoja con claridad los puntos pendientes y que se agilicen los procedimientos de gestión, para que la iniciativa tenga futuro. La recopilación de propuestas que aquí recogemos puede ayudar en esa dirección.

 

Madrid, 5 de julio de 2021

 

El presente resumen se ha obtenido a partir de los documentos citados al final del informe. En ellos se exponen con más detalle cada una de las propuestas, los artículos del RDL a los que se refieren y los motivos que las justifican.

La Plataforma RMI tu derecho pide excusas si, al interpretar las aportaciones de otras entidades, hemos cometido errores. Se agradecerá cualquier puntualización.

Se puede observar que las propuestas básicas son convergentes o complementarias en la mayor parte de los casos.

 

 

 

Reducir exclusiones

 

  • Incorporar sectores en pobreza severa ahora excluidos del IMV:
    • Jóvenes entre 18 y 22 años (Cáritas, Consejo Económico y Social, ECAS, UGT, RMI tu derecho). Es especial, si han estado bajo el sistema de tutela del estado y se quedan sin protección al cumplir los 18 años, o si se encuentran bajo el sistema de protección internacional con estatuto de refugiado (CCOO, EAPN-España).
    • Personas en situación irregular o familias con algún miembro en esa situación (Cáritas, Consejo Económico y Social, ECAS, RMI tu derecho), en especial si se trata de una irregularidad sobrevenida, se encuentran en trámite o tienen menores a cargo (EAPN-España, Oxfam). Contraviene a la Carta Social Europea (UGT).
    • Mejorar el exceso de condicionalidad y la complejidad de los requisitos (CCOO, Defensor del Pueblo, Directoras y Gerentes en SS, ECAS), lo que afecta más a los hogares en pobreza severa con apagón digital (Cáritas, Consejo Económico y Social, EAPN-España).
    • Hogares en pobreza severa en situación de exclusión financiera (Consejo Económico y Social).
    • Abrir una vía específica para personas en situación de institucionalización a fin de contribuir a su proceso hacia la autonomía y la emancipación (ECAS, RMI tu derecho). En el caso de prestación de un servicio residencial, al tener techo y comida asegurados, se podría aplicar una deducción del 30% en el importe de la cuantía del IMV, salvo en los casos que ya tienen derecho a IMV sin deducción alguna como son las víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual (RMI tu derecho).
    • Facilitar el IMV a todos los hogares en pobreza severa por debajo del 40% de la mediana de ingresos (ahora se excluye a 1,5 millones en esa situación), eliminando todos los requisitos de acceso que no sean el umbral económico (Oxfam).
    • La pandemia y la crisis del modelo capitalista en un momento de colapso sistémico por la crisis medioambiental, plantea la necesidad de incorporar una Renta Básica universal, estableciendo la declaración de la renta del año siguiente como el momento para reestablecer la renta del equilibrio entre el cobro y el pago de los impuestos oportunos, como ocurre con cualquier otra renta (Marea Básica).
  • Unidades de convivencia:
    • Una regulación más amplia de unidades de convivencia independientes dentro de una UdC más extensa, incluyendo situaciones como la de las personas con menores, los casos de convivencia entre herman@s mayores de edad y otros (RMI tu derecho).
    • Modificación del concepto de familia monoparental para incluir las situaciones de guardia y custodia compartida, regulando más situaciones en que pueda haber alguna otra persona adulta y facilitando que dichas familias se reconozcan como UdC independientes en el marco de UdC extensa (RMI tu derecho).
    • Supresión del plazo de registro/convivencia para reconocimiento de parejas registradas (RMI tu derecho).
    • Eliminación de las condiciones de “independencia” a las personas solas, especialmente a las menores de 30 años pero también a las mayores de 30 años (RMI tu derecho).

 

  • Estabilidad del grupo familiar:
    • Supresión de la exclusión de las familias constituidas hace menos de un año o, al menos, reducir el plazo exigido (RMI tu derecho).
    • No aplicar dicho plazo a las familias migrantes reagrupadas, a quienes salen de una institución penitenciaria o han estado bajo el sistema de tutela (EAPN-España).
    • El requisito de que los hogares se hayan constituido con un año o más de antelación, no se aplicará a las personas que han sido cuidadoras principales de su madre o padre, que haya fallecido, a quienes han estado bajo el sistema de tutela o en residencias o pisos de acogida, o que salen de instituciones penitenciarias después de cumplir condena (EAPN-España).

 

Ampliar cuantías y prestaciones

 

  • Tener en cuenta el estado actual de vulnerabilidad, no la del año anterior:
    • Las excepciones planteadas para 2020 y 2021 deben ser la norma general (Cáritas, Consejo Económico y Social, Directoras y Gerentes en SS, Marea Básica, UGT, RMI tu derecho).
    • Tomar como referencia los ingresos de los últimos dos o tres meses (ECAS, Oxfam).
  • La cuantía establecida es insuficiente:
    • Aumentar los umbrales de renta y patrimonio (Directoras y Gerentes en SS, ECAS), que llegue al umbral del riesgo de pobreza, tal como plantean la Carta Social europea y el Comité Europeo de Derechos Humanos, cuya doctrina es vinculante para España (Marea Básica)
    • Desarrollar un indicador de actualización automática como anclaje del IMV, desvinculado de la Pensión no contributiva y con un umbral más alto que permita un nivel de vida digno (Oxfam, RMI tu derecho).
    • Subir umbrales para hogares con menores de edad (Oxfam).
    • Rectificar con efecto retroactivo la cuantía de la renta garantizada mensual asignada en 2020 y 2021 a las familias monoparentales de cinco o más miembros, a las que corresponde un 242% de 461,50 euros en 2020 y un 242% de 469,93 euros en 2021. La Seguridad Social debe proceder al pago de los atrasos producidos en el plazo más breve posible (RMI tu derecho).
    • Para los umbrales de renta, restar los gastos de alquiler y los pagos de hipoteca efectuados para la vivienda principal (UGT).
    • Restar las deudas pendientes del hogar al hacer el cálculo del patrimonio (UGT). Tener en cuenta los umbrales “netos” de renta y patrimonio en los hogares con un volumen elevado de deudas originadas por el desempleo o el pago de hipotecas y créditos. En este caso, debería ser suficiente una “declaración responsable” (EAPN-España). Incluir en la elaboración del umbral patrimonial no societario los pasivos o deudas, además de los activos, de manera que se refleje el patrimonio neto de los hogares, mediante los criterios contables adecuados (RMI tu derecho).
    • Las prestaciones destinadas a la vivienda y otras ayudas sociales no deberían entrar en el cómputo total de ingresos (ECAS).
    • Que el incremento de la parte de la renta garantizada dependiente del tamaño de la UdC no se pare una vez superados los cinco miembros, manteniendo el 30% por persona adicional (EAPN-España, Oxfam, RMI tu derecho).
    • Abrir de oficio una cuenta bancaria a todas aquellas unidades de convivencia perceptoras que carezcan de una (EAPN-España). Hay que tener en cuenta que un sector de los hogares en pobreza severa se encuentra en situación de exclusión financiera (Consejo Económico y Social).
  • Complementariedad entre IMV y Rentas autonómicas:
    • Entender el IMV como el suelo mínimo a complementar por las rentas autonómicas, que se deben mantener junto al IMV, adaptadas a las necesidades y nivel de renta de cada comunidad y buscando cubrir los huecos que deja el IMV (Cáritas, CCOO, Colegio T.S. Madrid, Consejo Económico y Social, Defensor del Pueblo, Directoras y Gerentes en SS, EAPN-España, ECAS, Oxfam, RMI tu derecho).
    • El diseño del IMV reproduce en muchos aspectos las limitaciones de gestión que tenían las Rentas Mínimas autonómicas que en 2019 arrojaban cifras de cobertura del 10% de la población en extrema pobreza, a lo que se ha unido la descoordinación entre dichas rentas autonómicas y la nueva prestación de la Seguridad Social (Marea Básica).
    • La comunidad de Aragón ya ha legislado en mayo de 2021 una prestación complementaria del IMV que sale al paso de los anteriores objetivos: aumento de la cuantía de base hasta 522 euros, ayudas de urgencia para solicitantes del IMV mientras esperan la resolución, complemento para gastos de vivienda (alquiler, hipoteca, etc.) mientras no lo cubra el IMV, cubrir con la renta autonómica a sectores en extrema pobreza excluidos del IMV (jóvenes entre 18 y 22 años, irregulares sobrevenidos, solicitantes de asilo o refugio, etc.) (Gobierno de Aragón).
  • Políticas de empleo:
    • El IMV se debe coordinar con las políticas activas y los incentivos al empleo (Consejo Económico y Social, Defensor del Pueblo).
  • Complemento por vivienda:
    • Establecer en el texto definitivo de la Ley los “incrementos” por alquiler de vivienda habitual, según parámetros claros (Consejo Económico y Social, RMI tu derecho); lo mismo en los casos de infravivienda, en cualquiera de sus modalidades (EAPN-España).
    • Las CCAA, a través de sus respectivos convenios, podrían complementar las ayudas a la vivienda de acuerdo a las circunstancias de cada territorio. Este extremo debería quedar claramente reflejado en el texto principal y no quedar para el reglamento de la Ley (EAPN-España).
  • Ingresos laborales:
    • En el caso de hogares con ingresos salariales muy bajos, el IMV se debería sumar inicialmente a dichos ingresos y reducirse progresivamente si éstos aumentan (EAPN-España, RMI tu derecho).
    • Reglamentar con claridad los casos de compatibilidad del IMV con el empleo asalariado (CCOO).

 

Mejorar la gestión

 

  • Simplificar trámites y facilitar asesoramiento y tramitación presencial:
    • Extender a todas las comunidades la pasarela desde las Rentas mínimas autonómicas al IMV (Directoras y Gerentes en SS, ECAS, Oxfam), informar con claridad de los criterios y resultados de cada caso, asegurando igualdad de acceso, de requisitos y de dotación (EAPN-España).
    • Establecer una pasarela al IMV para quienes rematan todos los subsidios del SEPE, si cumplen los requisitos de umbral de renta (Oxfam, UGT).
    • Reducir el tiempo de resolución a tres meses (Cáritas, RMI tu derecho), a un mes (ECAS). Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud y el INSS deberá presentar resolución expresa de concesión en la que comunicará la cuantía asignada (ECAS, Marea Básica, RMI tu derecho).
    • Los plazos para responder a requerimientos deben ser superiores a los diez días (ECAS).
    • Agilizar la tramitación y reducir tiempos de espera (CCOO, Consejo Económico y Social, Defensor del Pueblo, EAPN-España), sobre todo con los colectivos más vulnerables como las personas sin hogar o las demandantes de refugio (ECAS).
    • En caso de fallecimiento de la persona titular, establecer un plazo de un mes a partir de la fecha del fallecimiento para que otra persona miembro de la UdC que cumpla las condiciones de titularidad solicite el cambio de titular y la actualización del IMV (RMI tu derecho).
    • Suprimir la obligación de realizar la declaración de la renta a las personas o familias que cobran el IMV (Marea Básica).
    • Aumentar la capacidad del INSS, con más medios humanos y técnicos (CCOO, Defensor del Pueblo, RMI tu derecho).
    • Abrir ventanas específicas en las oficinas de la Seguridad Social para gestionar la prestación y una dotación presupuestaria específica para formar y contratar profesionales especializados en su tramitación (ECAS, RMI tu derecho).
    • Solucionar las dificultades para concertar citas presenciales en oficinas de la Seguridad Social (Consejo Económico y Social, RMI tu derecho).
    • Reforzar y garantizar la gestión pública directa respecto a la certificación de situaciones de vulnerabilidad, con profesionales suficientes (CCOO, UGT).
    • Aclarar los roles de todos los actores implicados en la tramitación del IMV en el futuro reglamento, así como la provisión de recursos económicos para financiar esas tareas (ECAS).
    • Unificar en una sola administración la gestión, tramitación y resolución de las prestaciones no contributivas de garantía de rentas (Colegio T.S. Madrid, Oxfam).
    • Exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a las entidades sin ánimo de lucro que cooperan con los solicitantes del IMV (RMI tu derecho).
  • Transparencia del proceso:
    • Información clara de los cálculos aplicados para las cuantías asignadas (EAPN-España, Marea Básica).
    • Superar la opacidad en las actuaciones respecto al IMV, pese a los reiterados llamamientos de las organizaciones sindicales reclamando transparencia (CCOO).
    • Motivar las denegaciones (Cáritas, EAPN-España).
    • Introducir audiencia previa obligatoria a la suspensión del IMV, especialmente en el caso de la suspensión cautelar o extinción, de forma que la persona titular pueda presentar las alegaciones y documentación que considere necesarias (RMI tu derecho).
    • Habilitar asistencia jurídica gratuita para procesos de reclamación (Cáritas, EAPN-España).
  • Certificados de Servicios Sociales:
    • Modificar la palabra “certificado” por la de “informe” (CGTS).
    • Que sea la legislación o el CGTS quien unifique el criterio de riesgo de exclusión social y el instrumento de valoración (CGTS). Estandarizar las herramientas de diagnóstico de la exclusión (Directoras y Gerentes en SS).
    • Eliminar el papel fiscalizador y de gestores administrativos asignado a los Centros de Servicios Sociales y sustituir los informes de Servicios Sociales, según los casos, por  documentos más apropiados (libros de familia, padrón municipal, declaración jurada…), organismos más cercanas o competentes en la materia (policía local, el propio servicio residencial…) o la declaración jurada de las personas solicitantes sobre la situación en que se encuentran (CGTS y Colegio T.S. Madrid, RMI tu derecho). Asignar a los Servicios Sociales esa tarea no es realista en sus condiciones actuales y su función se puede cubrir por las otras vías, más aún cuando algunas de las acreditaciones exigidas carecen de sentido y son discriminatorias, como la de riesgo de exclusión en el caso de personas solas que conviven con otras personas no familiares (RMI tu derecho).
    • Los actuales Servicios sociales deben ser reforzados para poder cubrir las funciones que se recogen en el Capítulo V del RDL 20/2020 (Directoras y Gerentes en SS).
    • Las entidades del Tercer Sector (mediadores sociales del IMV) pueden colaborar en la detección de situaciones de vulnerabilidad pero la evaluación, acreditación y toma de decisiones deben corresponder a las administraciones públicas (CCOO).
    • Que un informe prescriptivo de Servicios Sociales permita el acceso al IMV si no se cumple algún requisito particular (Oxfam).
    • No exigir la presentación de datos y documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas (art. 53 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) (Colegio T.S. Madrid, ECAS), ponerse como objetivo “automatizar la concesión de ayudas” a partir de los datos de las administraciones (Oxfam).
    • Que la solicitud de informes se realice entre administraciones, desde la Dirección Provincial del INSS a los Servicios Sociales de Atención Primaria (CGTS).
    • Los plazos de emisión de los informes deben ser superiores a los diez días (CGTS).
    • Los plazos administrativos deben paralizarse cuando el retraso no depende de los solicitantes (CGTS).
    • Eliminar la obligatoriedad de la realización anual del informe por parte de los servicios sociales (CGTS, RMI tu derecho).

 

Fuentes de información

  1. Cáritas (Cáritas Española)

 

 

 

  1. CCOO (Comisiones Obreras)

 

 

  1. CGTS (Consejo General de Trabajo Social de España)

 

 

 

  1. Colegio T.S. Madrid (Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid)

 

 

 

  1. Consejo Económico y Social (de España)

 

 

 

  1. Defensor del Pueblo (de España)

 

 

 

  1. Directoras y Gerentes en SS (Asoc. de Dir. y Ger. en Servicios Sociales)

 

 

 

 

 

  1. EAPN-España

 

 

 

  1. ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social)

 

 

 

  1. Gobierno de Aragón

 

 

 

  1. Marea Básica (contra el desempleo y la precariedad)

 

 

  1. Oxfam (Oxfam-Intermon)

 

 

  1. RMI tu derecho (Plataforma de entidades de la comunidad de Madrid)

 

 

  1. UGT (Unión General de Trabajadores)

 

#CaravanaCanarias2021 ¡Nos ponemos en marcha!

La Caravana Abriendo Fronteras viajará a Canarias en su Sexta Edición para reivindicar otras políticas migratorias, comerciales e internacionales. 

 

350 personas, de las que el 70% son mujeres, viajarán desde la península, Baleares e Italia entre los días 17 y 24 de julio en la 6ª edición de la Caravana Abriendo Fronteras, una caravana que desde 2016 viene recorriendo cada verano diferentes espacios de frontera. Como en anteriores ocasiones se propone denunciar la vulneración de derechos humanos, las causas de los desplazamientos forzados y reivindicar otras políticas migratorias, comerciales e internacionales.

 

Fuente: Caravana Abriendo Fronteras

 

Las circunstancias políticas, sociales y económicas de los últimos años han agravado algunas de las condiciones que empujan a las personas a migrar. El impacto de la pandemia está siendo grave en los países de África Occidental y del Sahel Occidental, de donde proceden las personas migrantes que llegan a Canarias y donde la economía informal tiene un gran peso. A esto hay que sumarle el empobrecimiento asociado a los procesos de globalización, el extractivismo que despoja a estas comunidades de sus recursos y formas de vida; la violencia machista; y los conflictos armados en algunas de estas regiones, donde los gobiernos europeos tienen una responsabilidad histórica y, en muchos casos, un papel activo en la actualidad.

 

El cierre de las fronteras ha reactivado el tránsito de rutas más peligrosas, como la ruta canaria, que junto a las políticas migratorias asesinas impulsadas por la UE, tiene como consecuencia que al menos 1851 personas hayan perdido la vida el año pasado.

Canarias, uno de los territorios más empobrecidos del estado español, con una situación social insostenible a causa de la crisis económica que ha acompañado a la pandemia con el parón del monocultivo turístico, se ha convertido en frontera colonial de la Europa del capital.

A la fuerte militarización de las islas como plataforma para el neocolonialismo extractivista, se suma este nuevo papel de guardia fronteriza contra el sentir de su población que, como viene evidenciando, mayoritariamente se muestra solidaria con las personas migrantes.

Durante el último año las condiciones de detención, hacinamiento y bloqueo en las islas han sido dramáticas. El contexto de emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 y las políticas migratorias amparadas en un nuevo Pacto Europeo han servido de excusa para legitimar la vulneración de derechos humanos.

Caravana Abriendo Fronteras viajará junto a Carovane Migranti y representantes de otras fronteras para unirse a las organizaciones y colectivas sociales que resisten en las islas frente a un modelo migratorio que está en guerra con la vida.

Denunciaremos el nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo que sigue poniendo el foco en el retorno, las deportaciones, la externalización de fronteras y la firma de acuerdos de readmisión por terceros países como herramientas básicas del control fronterizo, por delante de los derechos humanos y la acogida digna. Denunciaremos los dispositivos de privación de libertad y los espacios de contención; la militarización y la presencia de FRONTEX. Reivindicaremos el derecho a la salud y a disponer de vacunas para todas las personas, el derecho a solicitar asilo, a la libertad de movimiento y la regularización para todas las personas en situación administrativa irregular que se encuentran en el territorio español.

Durante 8 días se llevarán a cabo acciones, mesas de experiencias y de conocimiento y debate en torno a contenidos desde una perspectiva decolonial, feminista y anticapitalista.

 

Canarias, ni cárcel ni tumba

 

Manifiesto

 

CANARIAS, LA FRONTERA COLONIAL DE LA EUROPA DEL CAPITAL

De la sal a la tierra. Sin vida y sin nombre.

481 personas desaparecidas en apenas dos semanas en la Ruta Canaria en la primera quincena de junio. Quince personas enterradas, sin nombre, en el pequeño cementerio de Agüimes en la isla de Gran Canaria. La política europea de la muerte se despliega con toda su monstruosa eficacia en un aparente silencio. Otros cuerpos, Otros y Otras desaparecidas en el mar y en la tierra.

Son imágenes y dinámicas que se repiten en muchos lugares a lo largo de nuestra pequeña historia. A nuestras mentes vuelven imágenes de otras fronteras: el cementerio de personas desconocidas de Rotoli en Palermo, el de Zarzis en Túnez, los calcificados por el sol en la costa siciliana, el pequeño cementerio de montaña en la frontera italo-francesa, la Caravana de Madres Centroamericanas y familias que buscan a sus seres queridos…

En las Islas Canarias este año estarán representadas muchas fronteras, de sur a este, de los cuatro puntos cardinales, desde Lampedusa a Trieste y los Balcanes, desde las fronteras franco-italiana y franco-española a la Frontera Sur del Estado español, Ceuta y Melilla, desde las fronteras del Mediterráneo y Atlántico a la frontera mesoamericana.

Las nefastas políticas de la Unión Europea generan muerte en todas partes. Es fundamental responder a esta lógica sacando a la luz lo que a esas políticas europeas les gustaría mantener oculto. Detrás de estos proyectos de muerte hay planes para la defensa violenta de las fronteras europeas y de los beneficios de las élites. El mensaje es claro: nunca llegarás aquí, morirás, desaparecerás, y -en el mejor de los casos, serás devuelta a tu lugar de partida o te encontrarás detenida en condiciones inhumanas en uno de los muchos campamentos en los límites de la fortaleza. Si pasáis, os encontraréis esclavizadas, sin derechos en las ciudades, en los campos, en los lugares de trabajo.

Una Europa cada vez más blindada ha incrementado las dotaciones económicas para la militarización y externalización de fronteras con un discurso que criminaliza a las personas migrantes y a quienes las defienden. Esta externalización no consiste sólo en fronteras físicas sino que conforma una compleja trama que implica desde corporaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad como FRONTEX, hasta empresas como INDRA, ACS, TELEFÓNICA, EL CORTE INGLÉS, SACYR, AIR NOSTRUM y EVELOP en la logística y tecnología; e incluso, organismos y fundaciones del tercer sector para la contención social y el levantamiento de fronteras psicológicas de desesperación e impotencia a partir de una atención precaria, sin recursos y condicionada a un sistema jurídico abiertamente racista.

El nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo pretende que las Canarias sean cárceles a cielo abierto mientras el gobierno español defiende la misma política antimigratoria que planifica y desarrolla la UE. Tiene potestad para trasladar a las personas dentro de su territorio y evitar que sigan varadas en campamentos provisionales pero decide no hacerlo, o hacerlo arbitrariamente, para alentar el imaginario de avalancha. De esta manera se mantiene el círculo vicioso formado por grandes empresas que se benefician de militarizar las fronteras y la clase política encargada de legitimar esa necesidad de seguridad, que no es tanto la de todas las personas como la de los intereses de las élites gobernantes y empresariales.

Denunciamos la política neocolonialista de incentivos y amenazas que la Unión Europea lleva a cabo en el Sahel, especialmente en Niger, condicionando fondos de ayuda al desarrollo a la aprobación de leyes o de medidas de detención de las personas migrantesNiger se ha convertido así en la frontera más al sur de Europa y una de las mejor pagadas. Denunciamos la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y el abandono del pueblo saharui por parte de los gobiernos europeos, y especialmente del gobierno español, responsable principal de un proceso de descolonización interrumpido desde hace 45 años, que, además es causa de conflictos con Marruecos y nuevas vulneraciones de derechos humanos en las fronteras, como el reciente ocurrido en Ceuta.

Denunciamos el saqueo de los recursos africanos por parte de empresas europeas con la complicidad de los gobiernos, y de manera específica los Acuerdos neocoloniales de pesca impuestos por la Unión Europea a 13 gobiernos africanos, lo que ha supuesto concretamente en Senegal, la destrucción de cientos de miles de empleos en los últimos años y el éxodo de miles de jóvenes hacia Europa vía Canarias. Los acuerdos conllevan también un alto coste ecológico: el 90% de los recursos pesqueros de Senegal están agotados según la FAO.

Denunciamos la intervención de tropas de gobiernos europeos en el Sahel, especialmente de Francia en la guerra que asola Malí desde hace siete años, lo que ha provocado la huida de miles de jóvenes malienses a Europa por la ruta atlántica de Canarias y por la del Mediterráneo Central. A la par denunciamos la producción y el tráfico de armas en la Unión Europea por la relación tan directa que tiene este tráfico con los conflictos que provocan el continuo desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas y por la responsabilidad de los gobiernos de la UE y de las empresas europeas en ese comercio criminal.

Denunciamos un modelo migratorio inserto en un modelo más amplio que está en guerra con la vida, un modelo capitalista que prima la acumulación de riqueza y recursos en pocas manos a costa de desposeer y explotar a las mayorías, un sistema patriarcal que destroza la vida de las mujeres y las personas con disidencias de identidades y orientaciones, un sistema colonial y racista, ecocida y homicida. Denunciamos el uso de las fronteras como herramienta para mantener este sistema.

Desde un racismo global e institucional se apuntala la idea de desecho humano, se deja morir a las personas no funcionales al modelo o se zonifica/encarcela a pueblos y personas que escapan de la muerte o se rebelan y deciden saltarse las fronteras. Es la práctica que Mbembe denomina “zonificación”. Ceuta, Melilla y Canarias son un ejemplo de ello. Otro es el gobierno danés, que tras haber ideado el apartheid social y urbano para aislar a las personas migrantes en barrios específicos, acaba de aprobar una legislación cruel que da una vuelta de tuerca a la retórica de la exclusión: contener a demandantes de protección internacional, incluso refugiados ya reconocidos, en campos de concentración fuera de la Unión Europea, comprando a gobiernos autoritarios y complacientes para esa sucia labor. Esta decisión favorecerá evidentemente a las compañías privadas multinacionales, disfrazadas a menudo de ONG, reforzando la tendencia a la subcontratación mercantil del control de los humanos “excedentes”.

Frente a todo ello queremos generar alternativas que combinen la acción humanitaria vinculada a la acción de reivindicación política.  Creemos posible y necesario implementar acciones de apoyo y de cuidado muy prácticas y -al mismo tiempo- profundamente políticas y capaces de construir nuevos imaginarios.

También queremos resaltar el carácter de empoderamiento y resistencia que, frente a este sistema, tiene la acción de todas esas personas que con su acción migratoria se enfrenta y desobedece las leyes y mandatos de ese Orden mundial establecido.
Para entender las migraciones hay que partir de una mirada decolonial, que ayude a comprender que la colonialidad y el racismo son problemas estructurales que atraviesan todos los ámbitos. La blanquitud ha permeado lo simbólico, la cultura, el lenguaje y ha generado privilegios para el mundo blanco. Las personas racializadas pueden ser inferiorizadas, subalternizadas, porque la blanquitud ha definido todo lo “no blanco” como inferior. Hace falta revisar urgentemente los postulados salvacionistas imperantes. También en el feminismo se hace necesaria esa revisión urgente de esos postulados; indudablemente, el sistema heteropatriarcal representa una de las opresiones que viven las mujeres migradas y racializadas; sin embargo no es el sistema de mayor exclusión e invisibilización: el racismo, la colonialidad y el clasismo son también sistemas de dominación que interseccionan la vida de las mujeres.

En la Caravana europea e internacional a Canarias 2021, Caravana Abriendo Fronteras, Carovane Migranti, Rete Antirazzista de Caania, Linea d’Ombra, Tous Migrants, La Terre Pour Tous, Movimiento Migrante Mesoamericano y Movimiento Zapatista compartimos experiencias, objetivos, denuncias y exigencias.

En concreto, a los gobiernos de la Unión Europea, y especialmente al español e italiano les exigimos:

  • Ante la crisis social que viven las islas canarias, reclamamos responsabilidades a todas las administraciones públicas: municipales, insulares, autonómicas, estatal y Europea. No pueden seguir manteniendo la violación de los derechos y las condiciones indignas en los centros de acogida, ni dar el visto bueno a la gestión violenta de los conflictos.
  • Unas relaciones internacionales de cooperación que pongan fin a las políticas de saqueo y expolio de recursos en África por parte de las empresas multinacionales y los gobiernos del Norte enriquecido.
  • El abandono de una vez y para siempre esas políticas de blindaje y bloqueo fronterizo. La solución no es la deportación, ni la larga espera para ello en condiciones inhumanas. Reconocer y respetar el derecho a migrar, como estrategia de resistencia y reparación ante las políticas extractivistas, imperialistas y colonialistas.
  • La creación de puntos de información para familiares de las personas migrantes, que tienen que hacer un peregrinaje desgarrador por las instituciones para alcanzar una mínima información, en el mejor de los casos, sobre la vida o la muerte de sus seres queridos.
  • Vías legales y seguras, para que nadie más pierda su vida por ejercer el derecho a migrar y para evitar la explotación, los abusos, la violencia, la trata y el tráfico de personas.
  • Autorizar a los barcos de salvamento marítimo para que puedan realizar libremente su labor de rescate para salvar vidas y que salvamento público humanitario sea competencia de la UE y se le dote de recursos suficientes.
  • Un protocolo de atención a sucesos de víctimas múltiples, que no se aplica en caso de naufragios y produce crueldad y tortura.
  • La disolución de FRONTEX y el fin de la subcontratación del control de las fronteras. Es preciso detener el exorbitante gasto militar hacia esta agencia europea de fronteras, cuya misión es interrumpir el proceso migratorio y deportar. Y mientras exista, que se cree un Observatorio sobre las violaciones de los derechos humanos que realiza Frontex.
  • El cese de la producción y el tráfico de armas de la Unión Europea. Y mientras tanto, el cumplimiento de la normativa internacional sobre la venta de éstas, dando fin a la exportación a países que están bombardeando población civil en conflictos armados y que no respetan los derechos humanos.
  • Suspender los acuerdos de deportación con terceros países como Marruecos, Senegal, Mauritania, Gambia, Afganistan, Libia o Turquía. Ninguna persona debe ser enviada a un país en el que puede sufrir tortura, persecución o amenazas a su vida. La externalización de fronteras beneficia a gobiernos corruptos que no garantizan los derechos humanos y a las mafias que actúan con su connivencia.
  • La retirada del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
  • La regularización urgente y permanente para todas aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular. También exigimos que se garanticen las reagrupaciones familiares.
  • La derogación de la Ley y el Reglamento de Extranjería.
  • El cierre de los CIE y el desarrollo de las alternativas a la expulsión coercitiva, siempre con una especial atención a la situación de arraigo de las personas migradas en nuestro país.
  • La ratificación del Art. 189 de la OIT que garantiza protección específica a las trabajadoras domésticas.
  • Acabar con la violenta cadena de deportaciones en caliente contrarias al derecho internacional.
  • La eliminación de las redadas racistas y xenófobas y el cese del hostigamiento a las personas migrantes y refugiadas.
  • El fin de la criminalización de las personas y organizaciones solidarias con las personas migrantes.
  • El respeto a las disposiciones del derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra relativa a las personas refugiadas, y las normas que protegen a las personas migrantes.
  • Garantías específicas para personas en situación de especial vulnerabilidad establecidas en la Directiva Europea de procedimientos comunes para la concesión de la protección internacional: mujeres que han sufrido violencia sexual, víctimas de trata, menores, personas con diversidad funcional, personas LGBTIQ+, etc.
  • El derecho a la protección de niñas y niños contra todo tipo de violencia y explotación, el cumplimiento de la Convención de la ONU de 1989 en relación a sus derechos.
  • Transparencia y la publicación de datos de las pérdidas reales de vidas en las rutas migratorias y que estos datos estén desagregados por género, procedencia y destino.
  • La apertura de causas judiciales -y que se personen los estados y la propia Unión Europea- por cada muerte en las rutas migratorias y en los espacios de no-derecho que son los CIES, los CETI y los CATE.
  • Políticas de acogida dignas y efectivas y la implementación de protocolos con perspectiva de género en dichas acogidas.
  • La derogación del Reglamento de Dublín y de la Directiva Europea de Retorno, conocida como la directiva de la Vergüenza.
  • El cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos en sus sesiones sobre la violación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas de Barcelona, Palermo, Paris y Londres (2017-2019), las propuestas de la relatora de la ONU en su informe sobre desapariciones forzadas en la ruta migratoria y las de varias organizaciones no gubernamentales, como las de Amnistía Internacional (informe de diciembre de 2017) sobre la violación de derechos en Libia.
  • El fin del infierno al que las autoridades libias han arrojado a las personas migrantes y refugiadas.
  • La aprobación del Tratado Vinculante sobre el control de las Empresas Transnacionales y otras empresas en materia de respeto de los Derechos Humanos negociado en el marco del Consejo de Naciones Unidas en Ginebra.
  • La ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los y las trabajadoras migratorias y de sus familiares.
  • Garantías a la justicia y el refugio climático, controlar y sancionar la actividad de las empresas contaminantes y seguir el Acuerdo de París firmado en 2016 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el calentamiento global.

No podemos mirar hacia otro lado en la mayor crisis humanitaria de la historia en la que la inevitabilidad de los desplazamientos forzados están destrozando la vida de miles de personas.

La sociedad organizada canaria está dando una extraordinaria lección de solidaridad y sentido común, llenando el vacío provocado por la desorganización institucional planificada. No queremos que nuestros mares y nuestra tierra se conviertan en lugar de sufrimiento, abandono de personas en situación de extrema necesidad, muerte y vulneración sistemática de los Derechos Humanos. Rechazamos todo aquello que alimenta los sentimientos de odio, racismo y xenofobia, pese a que quienes nos representan políticamente parece que estén empeñados en todo lo contrario. Por eso nos encontramos en Canarias, en memoria de quienes han perdido la vida, para reivindicar su memoria, justicia, reparación y no repetición. Queremos la vida, la acogida digna y los derechos para todas las personas.

¡Os animamos a acompañar a esta Caravana europea e internacional en Canarias y a sumaros a la propuesta de acciones y actos en nuestra ruta en las islas de Gran Canaria y Tenerife!

«Dejamos a esa Europa que no deja de hablar de la humanidad, al mismo tiempo que la asesina dondequiera que la encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo» (Frantz Fanon)

Llamamiento movilización internacional en defensa de la Sanidad -Marea Blanca-

Hace años que las inversiones en los sistemas sanitarios en Europa no responden a las necesidades sanitarias de la población (tanto a nivel curativo como preventivo o paliativo). Las reglas presupuestarias y el pretexto del pago de la deuda pública presionan a favor de esta falta de inversión en nuestros sistemas sanitarios. 

Marea Blanca

CONVOCATORIA EUROPEA – MAREA BLANCA 29 MAYO 12 HORAS, PUERTA DEL SOL – LAS CORTES.

POR ESTO MAREA BLANCA TOMARA LA CALLE EL #29M Y NOS UNIREMOS A LAS PENSIONISTAS.

La sanidad se ha convertido en una variable de ajuste, ya que “no es rentable”. Estos constantes recortes presupuestarios repercuten directamente en el bienestar de los y las trabajadoras del sector y en la calidad de los servicios. Por todas partes en Europa, la mercantilización y la privatización de la sanidad van ganando terreno, la mayoría de las veces en forma de subcontratación, lo que agrava aún más la situación.

Resultados

 

  • Aumento de las desigualdades en el acceso a la sanidad: A pesar de que las desigualdades sociales y las necesidades de servicios sanitarios siguen creciendo, los gastos en asistencia sanitaria recaen cada vez más sobre los propios pacientes. Por tanto, el sistema sanitario es cada vez más desigual y ahora depende de los ingresos de las personas y no de la solidaridad (accesibilidad pública). La salud de las personas, especialmente la de las que están en situaciones más precarias y las que sufren otras formas de discriminación, se deteriora y la igualdad de acceso a la sanidad no es más que una ilusión.
  • Deterioro de la calidad y la seguridad de la sanidad provocado por el desmantelamiento de todo el sistema sanitario, que se refleja en la escasez de camas de hospital, de equipos y, sobre todo, de personal.
  • Pérdida de razón de ser de las profesiones del sector sanitario: Los y las profesionales de la sanidad se agotan, renuncian a su profesión o a su país y a veces incluso les cuesta la vida (burnout, suicidios). Lo que afecta, lógicamente, a la investigación y la contratación en estas profesiones y agrava la escasez.
  • Violencia institucional ligada a la escasez estructural de recursos, tanto para pacientes como para trabajadores y trabajadoras. A los y las trabajadores de la sanidad, nos convierten sin consentimiento, en el brazo de esta violencia.
  • La sanidad primaria y la educación sanitaria se reducen a unas pocas operaciones de comunicación. Nuestros gobiernos se apoyan en una red (y en el indispensable e inapreciado trabajo) de asociaciones, colectivos y ONG, a pesar de que este aprendizaje requiere un fuerte compromiso institucional (medicina escolar y medicina del trabajo).

 

La sanidad es considerada como un coste en lugar de una riqueza y una inversión para el futuro. En nombre de la rentabilidad, los gobiernos están negando el acceso, la calidad y la seguridad de la atención sanitaria para todos y todas. La crisis sanitaria actual muestra, de manera trágica, el callejón sin salida al que conduce el modelo neoliberal que rige nuestros sistemas sanitarios desde hace décadas. El coste humano de esta crisis nos recuerda, por si fuera necesario, la urgente necesidad de un cambio radical de paradigma.

Los sistemas sanitarios son un bien común que hay que preservar “a toda costa”. El acceso a la sanidad universal es un valor esencial y un fundamento de nuestras democracias sociales.

REIVINDICAMOS

  • 1. El acceso universal a la sanidad y a los medicamentos (en particular las vacunas COVID-19 en la actualidad). Por eso, las decisiones políticas deben salvaguardar los sistemas de seguridad social y garantizar una financiación pública sólida, sostenible y adaptada a las necesidades de la población.
  • 2. El desarrollo de una nueva política de salud pública que incluya: inversiones en vivienda, políticas sociales que garanticen condiciones materiales de vida dignas, la lucha contra todas las formas de discriminación (racismo, sexismo, homofobia, transfobia, capacitismo, edadismo, etc.) y el acceso a la educación y a la cultura, que son determinantes de la salud.
  • 3. Un aumento masivo de la inversión en recursos materiales y humanos. Esto debe estar en concordancia con las necesidades sanitarias y cumplir con ratios de personal vinculantes. Debe incluir un aumento salarial efectivo para quienes están peor pagados y una reducción del tiempo de trabajo real.
  • 4. La reorganización de todo el sistema sanitario y de la gobernanza de los hospitales para un sistema socializado que implique a las y los actores del terreno y a las usuarias en las decisiones.
  • 5. La anulación a nivel europeo de la deuda de las instituciones sanitarias y el abandono del mortífero sistema de rentabilidad financiera de nuestros sistemas sanitarios (en particular el sistema de «tarificaciones al acto» en los países afectados).

 

¡No a la austeridad y a las normas presupuestarias europeas! Los servicios públicos que cubren las necesidades básicas no deben verse limitados por estas normas. Llamamos a las organizaciones de profesionales y de pacientes de la sanidad a movilizarse lo más ampliamente posible, en Europa y más allá, de cara a la jornada de acción del próximo sábado 29 de mayo de 2021.

 

PARA SUMARSE, póngase en contacto lo antes posible a través de: europeanhealthorganisations@protonmail.com

COMUNICADO EUROPEO

 

El 29 de mayo de 2021, más de 50 colectivos, asociaciones y sindicatos convocan una movilización internacional, en Europa y más allá, para defender un acceso universal a una sanidad de calidad.

Durante años, la financiación de los sistemas sanitarios no ha estado a la altura de las necesidades de la población. Las políticas de austeridad han provocado recortes en camas, personal y equipos, así como unainversión insuficiente en muchos sectores de la asistencia. Estas medidas han degradado considerablemente las condiciones de trabajo de los profesionales y, en consecuencia, el acceso, la calidad y la seguridad de la asistencia.

La situación se ha vuelto peligrosa para los usuarios del sistema sanitario y para los profesionales que se agotan, pierden el sentido de su trabajo y lo abandonan.

La crisis sanitaria actual no ha hecho más que acentuar estas dificultades y ha mostrado muy claramente los puntos fuertes y las limitaciones de nuestros sistemas sanitarios. Sus puntos fuertes son la competencia del personal y la solidaridad social. Sus puntos débiles son la falta flagrante de recursos y un sistema de gobernanza que implica una escasa o nula participación de los actores sobre el terreno y de la población.

El contexto de la pandemia muestra la necesidad de sacar de la lógica del mercado todos los sistemas de cuidados (hospitales, residencias, atención domiciliaria, etc.) y la prevención, así como la investigación, el acceso a las vacunas y los tratamientos, para acabar con las desigualdades en el mundo. Todos los tratamientos esenciales deben ser bienes comunes y se deben levantar las patentes, en una lucha conjunta contra el coronavirus y otras enfermedades.

La sanidad es considerada como un coste cuando es una riqueza. Los sistemas sanitarios son un bien común que hay que preservar “a toda costa”. El acceso a la sanidad universal es un valor esencial y un fundamento de nuestras sociedades.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a todas las ciudadanas y ciudadanos y a los profesionales de la salud de todo el mundo para que se movilicen con nosotras el 29 de mayo para defender los servicios sanitarios públicos y para defender la igualdad de acceso a una sanidad de calidad para todas las personas.

Se están organizando decenas de acciones en toda Europa, pero también en Canadá y América Latina, con estas reivindicaciones comunes:

– El acceso universal a la sanidad y a los medicamentos (en particular las vacunas COVID-19 en la actualidad). Por eso, las decisiones políticas deben salvaguardar los sistemas de seguridad social y garantizar una financiación pública sólida, sostenible y adaptada a las necesidades de la población.

– El desarrollo de una nueva política de salud pública que incluya: inversiones en vivienda, políticas sociales que garanticen condiciones materiales de vida dignas, la lucha contra todas las formas de discriminación (racismo, sexismo, homofobia, transfobia, capacitismo, edadismo, etc.) y el acceso a la educación y a la cultura, que son determinantes de la salud.

– Un aumento masivo de la inversión en recursos materiales y humanos. Esto debe ser proporcional a las necesidades sanitarias y cumplir con las normas de personal vinculantes. Debe incluir un aumento salarial real para los salarios más bajos y una reducción de la jornada laboral real.

– La reorganización de todo el sistema sanitario y la gobernanza de los hospitales para un sistema socializado que implique a los actores del ámbito y a los usuarios en las decisiones de los proyectos asistenciales.

– La anulación a nivel europeo de la deuda de las instituciones sanitarias y el abandono del mortífero sistema de rentabilidad financiera de nuestros sistemas sanitarios (en particular el sistema de pago por servicio en los países afectados).

 

Encuentra el llamamiento para la movilización AQUÍ

 

 

Firmas :

 

  • • Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) (Estado español)
  • • Colectivo Inter-Blocs (CIB) (Francia)
  • • Colectivo Interhospitalario (CIH) (Francia)
  • • Colectivo entre emergencias (CIU) (Francia)
  • • Juntas x La Pública (Estado español)
  • • Materia gris (Italia)
  • • Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS) (Estado español)
  • • Salud en la lucha (Belgique / België)
  • • Plataforma de Centros de Salud de Madrid (Estado español)
  • • Salud social del sur (Francia)
  • • Solidaridad (Francia)
  • • Campaña Dico32! (Italia)
  • • ¿A quien le importas? (Italia)
  • • ER-exrepresentantes de primera línea (Italia)
  • • Campañas de salud juntas (Inglaterra)
  • • Link area medica (Italia)
  • • Medicina democrática – Movimiento de lucha por la salud (Italia)
  • • ¡Los trabajadores del NHS dicen que no! Cymru / Gales (Cymru / Gales)
  • • Movimiento por la salud de las personas (internacional)
  • • Cuidemos juntos (Francia)
  • • USB – Unión básica Emilia Romagna (Italia)
  • • Asociación Colectiva Europea de Pacientes de Hospitales Públicos y Residentes de Ehpad
  • (Europa)
  • • Asociación de Médicos de Emergencia de Francia (AMUF) (Francia)
  • • Asociación de Psiquiatras Infantiles y Juveniles API (Francia)
  • • CGSP-ALR (Central General de Servicios Públicos – Administraciones Locales y Regionales)
  • (Belgique / Bélgica)
  • • Coordinación Nacional de Enfermería (CNI) (Francia)
  • • Organización sindical nacional de matronas (Francia)
  • • Unión Nacional de Médicos de Familia Jóvenes (SNJMG) (Francia)
  • • Unión Nacional de Profesionales de Enfermería (SNPI) (Francia)
  • • Sindicato Nacional de Unión de Terapeutas Psicomotores – SNUP
  • • AIDeS (Francia)
  • • Asociación AMRYC (Francia)
  • • Coeurvide19 (Francia)
  • • Colectivo de 39 (Francia)
  • • Grupo hospitalario en resistencia (Bélgica / België)
  • • Colectivo InterHop (Francia)
  • • Solidaridad Colectiva Cero Pandemia (Francia)
  • • Colectivo Grand Est para la defensa de lo médico-social (Francia)
  • • Coordinación nacional de los comités de defensa de hospitales y maternidades locales (Francia)
  • • El profesional sanitario y de enfermería resiliente (Belgique / België)
  • • Grupo de Trabajo CLACSO Salud internacional y soberanía sanitaria (América latina y el Caribe)
  • • Fairwatch (Italia)
  • • Federación de servicios sociales (Belgique / België)
  • • Mujer y salud (Bélgica)
  • • Llamadas telefónicas (Francia)
  • • La primavera de la psiquiatría (Francia)
  • • Spring of Care (Francia)
  • • Les ActupienNEs (Francia)
  • • Manifiesto de psicólogos clínicos y psicólogos psicoterapeutas (Francia)
  • • Consejo Internacional del Defensor del Paciente (Internacional)
  • • Médicos del Mundo (Francia)
  • • Observatorio de transparencia en las políticas de drogas (Francia)
  • • Refundación de los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe (América latina y el Caribe)

Nueve meses de Ingreso Mínimo Vital: ¿un fiasco?

La nota de prensa del INSS para informar del estado de la tramitación del IMV tras los primeros nueve meses de aplicación resalta diversos puntos positivos como el aumento de hogares perceptores o la reducción de la pobreza infantil. Sin embargo, un análisis detenido de la nota y nuestra experiencia directa en redes sociales de apoyo mutuo nos llevan a una evaluación menos optimista, y en ello coincidimos con otras entidades como Cáritas Española, Oxfam-Intermón, el Consejo General de Trabajo Social de España o la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Las críticas son tantas que quizás nos hallamos ante un fiasco, concepto que la Real Academia define como “un desengaño o resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien”.

En nuestra opinión, es necesario que se produzcan cambios sustanciales en el contenido de la ley antes de su debate en el Congreso y que se agilicen los procedimientos de gestión, para que la iniciativa tenga futuro.

Fuente: Madrid en Acción de RMI Tu Derecho

Estado general de la tramitación. El IMV no despega

  • Expedientes presentados: el número es importante (1,1 millones, una vez retirados los duplicados) pero sólo llega a la mitad de los hogares en extrema pobreza, lo que significa que al menos otro millón no había solicitado la prestación en los nueve primeros meses de aplicación. Según Cáritas Española, de las 800.000 familias en extrema pobreza atendidas por la institución, el 67% no había iniciado los trámites en enero de 2021. Entre las posibles causas, se apuntan la falta de publicidad en torno a la norma y la dificultad para cumplimentar los expedientes, agravada por el cierre de las oficinas y la saturación de los teléfonos de información, así como por la brecha digital de muchos hogares empobrecidos.

 

  • Expedientes en trámite: 350.000 solicitudes siguen sin resolver. De ellas, una de cada seis están en proceso de subsanación y las cinco restantes a la espera de iniciar los trámites. El atasco fue monumental en los primeros meses de aplicación de la ley y en septiembre de 2020 todavía el 82% se encontraba en el limbo burocrático, por lo que la administración se vio obligada a retrasar de tres a seis meses el tiempo de espera para resolver los expedientes. La tasa bajó al 42% en diciembre y ahora es del 30%. Una mejora considerable pero que sigue dejando atrás a un cuarto de millón de hogares que reclaman respuesta. Conviene recordar que la lentitud en la gestión es responsabilidad directa de la administración y que la Ley de Procedimiento Administrativo exige resolver en plazo y notificar al solicitante el motivo de la resolución.
  • Expedientes aprobados: sólo una cuarta parte de los expedientes resueltos ha obtenido la prestación y, de ellos, más de un tercio (75.000) por el procedimiento de oficio como sustitución de las antiguas ayudas por hijo a cargo. Por tanto, de los 730.000 casos gestionados por procedimiento ordinario sólo se ha aprobado el 18,4% (135.000). Sumados los aprobados de oficio y por trámite ordinario, son 210.000 los titulares de la prestación, que suponen el 1,1% de los hogares españoles, el 6,4% de los hogares en riesgo de pobreza (por debajo del 60% de la mediana de ingresos) y tan sólo uno de cada diez hogares en pobreza severa (por debajo del 40%). Una proporción extraordinariamente pequeña para la magnitud del problema que, además, se ha intensificado en tiempos de pandemia.

 

  • Expedientes denegados: el 74% de las resoluciones han sido negativas, una proporción que sube al 81,6% si consideramos sólo las gestionadas por la vía ordinaria. La nota del gobierno señala que la mayoría de las denegaciones se debe a superar los umbrales de renta o patrimonio y en torno al 10% a no acreditar la unidad de convivencia. Nos pregunta-mos si la opinión pública y sobre todo los 600.000 hogares suspendidos no se merecen una mayor precisión a la hora de justificar tantas resoluciones negativas. Cuando se afirma que la mayoría de las denegaciones se han debido a no cumplir el criterio de vulnerabilidad, justificando así que sólo el 1,1% de los hogares reciba la prestación, ¿se niega validez al Instituto Nacional de Estadística, que en los últimos años ha venido registrando entre un 9 y un 11% de pobreza severa, o a la Encuesta Financiera del Banco de España según la cual al menos el 12% de los hogares presenta un saldo patrimonial negativo y está cargado de deudas?, ¿acaso no son los hogares más empobrecidos quienes han solicitado el IMV y la mayoría son familias con suficiente renta y patrimonio que se quieren “aprovechar” del nuevo recurso? Por otra parte, nada se dice del incumplimiento de otros requisitos abusivos como estar empadronados en la misma unidad de convivencia o que todos los miembros dispongan de estatuto legal desde hace más de un año, etc.

 

Expedientes suspendidos: hasta el mes de marzo de 2021, el IMV se había extinguido o había sido suspendido a cerca de 7.000 expedientes aprobados con anterioridad. La nota del gobierno no dice nada sobre los motivos de tales bajas que en algunos casos podían ser conversiones de permisos transitorios a normales aplicados a los mismos hogares en cuyo caso no deberían contar por separado.

Características de los hogares con IMV

Los 203.000 hogares perceptores de IMV en marzo de 2021 contienen 565.000 personas, lo que supone un tamaño medio de 2,8 personas por hogar, algo superior a la media de España (2,5). Por sexos, prevalecen las mujeres (56% del total), cinco puntos por encima de la media española (51%). Esta frecuencia de mujeres es mucho mayor entre los titulares de la prestación donde llegan al 70%, lo que se corresponde con la feminización de la pobreza en España y con el hecho de que la mayoría de hogares monoparentales tienen como cabeza de familia una mujer.

Es muy destacable la proporción de menores de edad en los hogares receptores (43%), más del doble de lo que representan en la población general (18%). Este gran peso de personas con menos de 18 años se debe a dos factores concurrentes: las aprobaciones de oficio por hijo a cargo (más de un tercio de las concesiones) y la elevadísima frecuencia de hogares monoparentales, como se expone a continuación.

La nota del gobierno recoge una tabla con las modalidades de unidad de convivencia que podemos comparar con la tipología existente en el conjunto de España:

  • La modalidad mas frecuente en ambos casos son los hogares de dos adultos con hijos menores, que suponen el 34% entre los titulares de IMV y el 33% de la población general.
  • Le siguen los hogares monoparentales, cuya tasa del 32% es seis veces mayor que la media española (5%). De tales hogares, dos tercios tienen un hijo o hija menor de edad, el 29% dos y el 7% tres o más menores.
  • Siguen, en tercer lugar, los hogares unipersonales que suponen el 20% en el IMV y el 26% en la población general.
  • En cuarto lugar, los de dos adultos sin hijos que son cuatro veces más en la población general (27%) que entre los beneficiarios de la prestación (7%).
  • Por último, están los hogares mixtos, formados por dos o más núcleos familiares, o donde conviven no parientes, que son más frecuentes en la población general (10%) que entre los perceptores de IMV (7%), a pesar de que en este último caso la norma permite conceder dos o más prestaciones por unidad de convivencia.

Grandes diferencias por comunidades autónomas. ¿Por qué?

La tramitación del IMV presenta diferencias muy acusadas a nivel territorial, tal como se recoge en el Gráfico 3. Ceuta y Melilla, Canarias y Andalucía son las que presentan mayor proporción de solicitudes, por encima del 9% de sus hogares. A ellas les siguen Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura. Se trata de territorios con elevada tasa de pobreza, por lo que es coherente que presenten más solicitudes.  Los datos del País Vasco y Navarra están incompletos y siguen disponiendo de un régimen propio de garantía de rentas cedido por el INSS (art. 29 del RDL sobre IMV).

 

Fuente: Encuesta continua de los hogares del INE, para el número de hogares por comunidades autónomas (2020); Nota del INSS (18.3.2021), para los expedientes aprobados, denegados y pendientes de tramitación

 

El limbo burocrático de los expedientes pendientes (franja verde del gráfico) es mayor en las comunidades de Asturias (41% del total de presentados), Madrid (37%) y Castilla-La Mancha (35%). En el extremo contrario, se sitúan Aragón (15%), Murcia (22%), Extremadura y Castilla y León (ambas 23%). El resto se sitúa en torno a la media de España, entre el 25 y 35% de casos pendientes.

De los expedientes resueltos, las denegaciones son mayoría en todas comunidades, salvo en el caso anómalo del régimen foral de Navarra, tal como se recoge en la Tabla 1. El elevadísimo número de resoluciones negativas en Baleares, Cataluña y Madrid se puede atribuir al nivel de renta más elevado de estas comunidades, lo que no se explica en el caso de Canarias, Castilla-La Mancha o Murcia, tres de los territorios con mayores tasas de pobreza y donde la proporción de rechazos es superior a la media española. En cuanto a los expedientes aprobados, aparecen también diferencias que son difíciles de explicar: ¿por qué en Asturias o Galicia se producen tres veces más resoluciones positivas que en Cataluña o Baleares? Nos preguntamos si la gestión de los trámites ha seguido los mismos criterios en todos los territorios.

 

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado una comparativa entre la evolución del IMV -hasta marzo de 2021- y las Rentas mínimas de las Comunidades autónomas en 2019, que recoge resultados muy desiguales: en Canarias los beneficiarios/as de IMV se han multiplicado por 3 en relación a las Rentas mínimas, en Castilla la Mancha por 2, mientras que en Baleares únicamente lo cobran una de cada 5 personas de las que antes percibían la Renta mínima. En otras comunidades como Extremadura o Galicia las personas perceptoras son similares.

Se suponía que la garantía de rentas desde la Seguridad Social mejoraría la cobertura y la cuantía de las Rentas autonómicas pero hasta ahora no ha sido así. Las personas beneficiarias de IMV en marzo de 2021 eran 565.195, un 20% menos que las perceptoras de rentas mínimas en 2019 (697.124). Es de prever que en los próximos meses se incrementen las concesiones de IMV pero la cuantía media de la nueva prestación (460 euros/mes) es poco probable que aumente con el paso del tiempo y es un 5% inferior a la de las Rentas autonómicas (482 euros/mes). Tanto en el caso del IMV como de las Rentas mínimas, la prestación media aportada por ambas administraciones sólo llega al 16 y 17%, respectivamente, de la renta media por hogar existente en España en 2019 (2.816 euros/mes) y queda muy alejada de la renta mínima prescrita por la Carta Social Europea que debería situarse en el umbral de riesgo de pobreza (750 euros/mes por unidad de consumo en 2019).

Mínima cobertura de la pobreza severa

Tal como se recoge con detalle en la Tabla 2 y el Gráfico 4, los expedientes aprobados después de nueve meses de aplicación de la norma sólo cubren al 13% de las personas en pobreza severa (565.000 de un total de 4,3 millones). Por tanto, casi nueve de cada diez personas en extrema pobreza no perciben el IMV, lo que representa un rotundo fracaso, no sólo de las intenciones del gobierno que proclamaba como un mantra su voluntad de no dejar a nadie atrás, sino del propio Parlamento que por amplia mayoría aprobó en mayo de 2020 garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad económica, máxime en tiempos de pandemia.

 

Fuente: Padrón continuo del INE, para la población total; Nota de prensa del INSS (18.3.2021), para los expedientes aprobados y las personas beneficiarias hasta marzo de 2021; Encuesta Condiciones de Vida del INE, para la población en pobreza severa (a partir de las tasas de 2019, publicadas por EAPN-España en 2020).

Sin considerar las comunidades del País Vasco y Navarra, con un régimen foral propio de garantía de rentas, la cobertura de la pobreza severa es tres veces mayor que la media en Aragón, precisamente la única comunidad que ha utilizado una pasarela automática de reconocimiento en bloque desde las Rentas Mínimas autonómicas al RMI, sin necesidad de que los hogares afectados presentaran la solicitud. Al parecer, hubo otras comunidades que intentaron hacerlo pero desistieron cuando el gobierno rectificó el art. 29 del RDL, responsabilizando a las comunidades de certificar el cumplimiento de requisitos y sometiéndolas después a una comprobación por parte del INSS con la eventual obligación hacer frente al pago de cobros indebidos. De esta manera, se pusieron palos en las ruedas a un procedimiento que habría evitado la colisión entre los dos derechos y una enorme cantidad de problemas burocráticos. Como señala el Colegio oficial de Trabajo Social de Madrid, “no se ha realizado de manera adecuada la pasarela de las Rentas Mínimas al IMV y esto ha engrosado la lista de espera en la resolución de ambas prestaciones”.

En el extremo contrario, seis comunidades presentan una tasa de cobertura de la pobreza severa por debajo de la media de España, entre ellas Andalucía cuya pobreza severa es la más elevada del país, en números absolutos (1,2 millones de personas) y relativos (15% de la población). Resulta muy difícil de entender que las resoluciones positivas de IMV en esta comunidad dejen sin cobertura al 89% de su población en extrema pobreza.

Valoración final: cambios sustanciales o fracaso del modelo

La puesta en marcha del IMV, pese a las sucesivas modificaciones de la norma, está resultando de difícil acceso para los hogares en extrema pobreza. La disparidad entre comunidades autónomas es muy grande y sugiere importantes diferencias en la gestión administrativa. En especial, las trabas puestas para facilitar la pasarela de reconocimiento de las Rentas mínimas autonómicas al IMV han impedido superar los conflictos de gestión entre administraciones y han aumentado la inseguridad jurídica de los hogares afectados.

El 74% de quienes consiguen cumplimentar el expediente acaba siendo denegado, lo que plantea cuestiones de difícil respuesta debido a la escasa transparencia de la información proporcionada hasta ahora por el gobierno: ¿es que la mayoría de los hogares en extrema pobreza, como sugiere el informe citado de Cáritas, no ha solicitado la nueva prestación?, ¿son los requisitos excluyentes del RDL los que impiden el acceso de los hogares más pobres?, ¿la reciente exigencia de certificados de los Servicios sociales supondrá, como plantea el Consejo General del Trabajo Social, aumentar todavía más el colapso existente?

El ministro Escrivá, en declaraciones a La Voz de Galicia del 18 de abril, vuelve a insistir en que el mayor obstáculo es el umbral de renta y patrimonio, tal como se desprende del cotejo de datos con la Agencia Tributaria, y reconoce que “el reto es ver exactamente por qué no piden el IMV quienes podrían hacerlo”, es decir, los hogares más pobres. Si esto es así, ¿por qué no se facilita la información y el acceso a esos hogares con mayor exclusión?, ¿se ha tenido en cuenta el empobrecimiento sobrevenido en 2020 a causa de la pandemia?, ¿qué peso tienen en las denegaciones otros requisitos legales como estar empadronados conjuntamente o que todos los miembros dispongan de estatuto de residencia desde hace más de un año?

La cuantía media por hogar de la nueva prestación, tal como recoge el informe citado de la Asociación De Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, es inferior a la de las Rentas autonómicas de 2019 y queda lejos del umbral de pobreza severa que parecía ser el objetivo a superar. Resulta paradójico que la cuantía garantizada por el IMV no permita salir a los hogares receptores de la extrema pobreza pues sólo asegura complementar los ingresos hasta el nivel correspondiente a la “pensión no contributiva” (469,9 euros/mes en 2021), cantidad que se sitúa por debajo del umbral de pobreza severa existente en España (500,5 euros/mes en 2019) y muy lejos de las prescripciones de la Carta Social Europea. Si a lo anterior añadimos que el modelo aplicado de IMV ha absorbido las antiguas prestaciones por hijo a cargo y está dando lugar al desmantelamiento de las Rentas autonómicas, se podría llegar a la conclusión de que, salvo que se produzcan cambios importantes que faciliten el acceso y eleven el umbral económico, estaríamos asistiendo a un empeoramiento del sistema de garantía de rentas en España. Lo que supondría un fracaso en toda regla del modelo IMV y la necesidad de buscar nuevas vías.

El presupuesto previsto para el IMV por los Presupuestos Generales del Estado de 2021 (2.956 M€) ya ha sido rebajado a la mitad por la AIReF (1.456 M€) “porque el número de beneficiarios aprobados de la prestación está siendo muy inferior al número de beneficiarios potenciales que se habían estimado” (pág. 41). Quedan lejos las propuestas de gasto en renta básica de los sindicatos mayoritarios (7.200 M€), de Oxfam-Intermon (6.400 M€) o de la propia AIReF (5.500 M€). El diseño y aplicación del IMV se han convertido en un desfiladero que no sólo bloquea el acceso a la prestación sino que limita un aumento de los umbrales y cuantías que permitirían salir de la extrema pobreza, así como la provisión de los recursos necesarios para las medidas de acompañamiento e inclusión social y laboral que la norma prevé  en su art. 28  pero que ni están ni se les espera.

Fuentes: Para la pobreza severa, estimación para 2020 elaborada por Oxfam-Intermon a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019, elaborada por EAPN España 2020; para los datos de cobertura de IMV, Nota citada del INSS (18.3.2021); para los datos de gastos de la Seguridad en ERTEs, Ayudas a Autónomos e IMV en 2020, AIReF, Informe sobre los Presupuestos iniciales de las administraciones públicas, 2021, pág. 39.

 

Los Gráficos 5 y 6 recogen la mínima cobertura  conseguida hasta ahora por el IMV en relación a la pobreza severa, y el ridículo desembolso de dinero público en comparación con otras medidas extraordinarias de apoyo a la población trabajadora (ERTEs y ayudas a Autónomos). Estos importantes apoyos a varios millones de trabajadores por cuenta propia o ajena para paliar los efectos de la pandemia en 2020, ¿no justificarían un flujo más generoso hacia los hogares en extrema pobreza  que sólo han  recibido el 1,7% del total de esas tres “ayudas”?

Las declaraciones oficiales del gobierno, en especial las del Ministro Escrivá, tienden a justificar y valorar positivamente la puesta en marcha del IMV, lo que se contradice frontalmente con la evaluación hecha hasta aquí. Entendemos que los responsables políticos harían bien en escuchar a los interlocutores sociales que se encuentran más cerca de los hogares empobrecidos –entre ellos los referidos al inicio de esta nota- cuando reclaman facilitar más la gestión, reducir requisitos excluyentes, elevar los umbrales y las cuantías, y asignar amplios recursos para el apoyo de programas de acompañamiento e inclusión social y laboral.

 

RMI TU DERECHO, 26 de abril de 2021

La Plataforma Contra la Privatización del Canal consigue en solo una semana los fondos para pagar las costas judiciales de su recurso

En solo siete días, la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII), en la que participa la FRAVM, ha logrado su objetivo de recaudar donaciones para cubrir los 6.840 euros en concepto de costas judiciales que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al desestimar un recurso presentado en 2012 contra la incorporación del Ayuntamiento de Madrid al nuevo modelo de gestión mercantilizado del Canal de Isabel II. La FRAVM agradece su gesto a las personas y colectivos que han realizado aportaciones para afrontar este gasto.

 

Fuente FRAVM

La plataforma se había marcado un periodo de tres meses para lograr su objetivo, pero solo ha necesitado una semana, todo un hito de solidaridad entre personas, colectivos y movimientos sociales que luchan por defender los servicios públicos.

 

Recordemos que el TSJM, tras rechazar el citado recurso, condenó a la FRAVM, que lo presentó en el nombre de la plataforma, a pagar las costas judiciales del proceso. El papel de la federación en la interposición del recurso se inscribe en la lucha que desarrolló con la plataforma para paralizar la privatización del Canal y que logró movilizar a decenas de miles de personas.

Desde sus inicios en septiembre de 2010, la PCPCYII articuló su actividad en torno a tres ejes de trabajo, la denuncia y movilización contra la privatización del Canal, la incidencia ciudadana y, finalmente, la incidencia política e institucional. En el contexto del tercer eje se inscribió la decisión de utilizar todas las acciones legales posibles para detener el proceso de privatización.

A partir de 2011, el Canal de Isabel II empezó una campaña de presión hacia los ayuntamientos de la región para que suscribieran los convenios de integración en un nuevo modelo, como paso previo a la constitución de una sociedad anónima que debería asumir la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento en la Comunidad de Madrid. Esta empresa era la que estaba previsto privatizar, como se preveía en la hoja de ruta que el gobierno de Esperanza Aguirre había concretado en la Ley 3/2008 de 29 de diciembre de 2008, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Ante esta situación, la Plataforma decidió recurrir legalmente las firmas de estos convenios en aquellos casos de gran peso simbólico o demográfico y en los que se tenía constancia de la existencia de irregularidades significativas. Para ello, a partir de 2012 se designaron a las organizaciones Attac, Ecologistas en Acción y la FRAVM para interponer los recursos pertinentes ante los juzgados de los contencioso-administrativo de Madrid. En total se interpusieron doce recursos, de los que tan solo el relativo a Madrid interpuesto por la federación vecinal siguió su curso, por decisión expresa de la plataforma, en atención a la importancia que se le daba al caso de la capital.

Este recurso fue derivado en abril de 2013 a la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM, que emitió su fallo el 21 de julio de 2016 desestimándolo en su integridad y condenando a la FRAVM al pago de las costas procesales, que fueron tasadas en 6.841 euros.

Comercio Sin Plasticos

#ComercioSinPlasticos: campaña para que los supermercados eliminen el sobreenvasado de sus productos

La FRAVM, a través de su Comisión de Residuos, lanza hoy la campaña #ComercioSinPlasticos que persigue la reducción del uso abusivo del plástico en los supermercados y otros establecimientos comerciales. A tal fin, durante este mes de abril invitará a asociaciones y ciudadanos y ciudadanas a presentar y enviar cartas con esta demanda en los comercios de sus barrios.

 

Fuente: Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Lo vemos y vivimos cada vez que compramos en un supermercado: una marea de productos con doble (¡incluso triple!) envasado de plástico inunda las estanterías, y las y los dependientes de alimentos frescos no escatiman a la hora de envolver nuestros pedidos en bandejas de poliestireno y papel film, para luego meterlos en una bolsa de plástico tras otra. Como resultado, nos llevamos a casa una enorme cantidad de envoltorios y embalajes de plástico que van directos a la basura una vez organizada la cesta de la compra o consumidos los productos que contienen. Con el fin de contribuir a frenar este despilfarro, tremendamente lesivo para la salud y el medio ambiente, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), a través de su Comisión de Residuos, lanza hoy Comercio Sin Plásticos, una campaña de sensibilización dirigida principalmente a las grandes cadenas de supermercados.

Durante las próximas cuatro semanas, la organización vecinal, a partir de las 290 asociaciones que se hallan presentes en 51 municipios de la región, animará a los madrileños y madrileñas a enviar o presentar en estos establecimientos un modelo de carta para que eliminen o reduzcan al máximo el sobreenvasado de sus productos y el uso del plástico. “Creemos que correría como la pólvora el nombre de aquel supermercado que se alíe con el medio ambiente y la salud de la ciudadanía; y todos/as sabemos que el boca a boca es el mejor y más eficaz medio de difusión. La disminución en el uso de plásticos y las bases de la economía circular como método de gestión de residuos, deberían ser la meta a corto plazo”, puede leerse en un escrito en el que se recuerda a los comercios la Directiva UE 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de junio de 2019que obliga a reducir “hasta su completa desaparición el plástico de un solo uso” e introduce “la ampliación de la responsabilidad por contaminación por plásticos hasta el productor”, extremo que se empezará a aplicar en 2024.

En la carta, las asociaciones vecinales sugieren a los comercios las siguientes medidas concretas:

– Ofrecer la venta de productos a granel (frutas, verduras, legumbres, especias,..)
– Potenciar el uso de envases reutilizables en las compras a granel, aceptando incluso los envases aportados por el propio cliente.
– Eliminar las bolsas de un solo uso, ya sean compostables, reciclables o no lo sean.
– Trabajar con proveedores que eviten el sobre envasado.
– Planes de gestión de residuos de empresa y talleres informativos dirigidos a los empleados/as en los que se les explique el plan empresarial, motivándolos para formar parte del mismo.

Además de erradicar la presencia de envoltorios plásticos en los comercios y favorecer la desaparición paulatina de los envases plásticos de un solo uso, la campaña persigue la modificación, a través de la implantación del desaparecido Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SPPD), del actual sistema de gestión de eliminación de envases de un solo uso.

Para facilitar el envío y presentación de las peticiones, la FRAVM ha enviado a sus colectivos un listado con contactos de las principales cadenas de supermercados, entre las que se encuentran Carrefour, Mercadona, DIA, El Corte Inglés, Aldi, Alcampo, Lidl, Eroski, Ahorramas o BM. En redes sociales, la organización ciudadana anima a interpelar a estas empresas y a difundir su iniciativa con el asunto #ComercioSinPlásticos

De esta manera, la federación se suma a la oleada ciudadana que, cada vez con más fuerza, demanda la reducción del uso del plástico que hoy inunda nuestros barrios, pueblos y ciudades, nuestros ríos, campos y mares. No en vano, según datos de Greenpeace, en España el 70% de los plásticos que hoy se producen no se recicla y el 50% de los envases de plástico termina en los macrovertederos de nuestras ciudades. Hasta 12 millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos cada año, ahogando los ecosistemas, provocando daños en la flora y fauna y entrando en la cadena alimentaria. En su informe Plásticos en los Océanos la organización ecologista estima que actualmente los mares contienen entre 5 y 50 billones de fragmentos de plástico, sin contar los trozos que se encuentran en el fondo marino o en las playas.

Sabiendo que una botella de plástico tarda en descomponerse unos 600 años aproximadamente, una bolsa 55 años y un globo 6 meses. ¿No es hora de parar esta deriva?

 

Carta tipo de personas físicas para pedir a comercios eliminación de sobreenvasado de plástico

Carta tipo de asociaciones para pedir a comercios eliminación de sobreenvasado de plástico

Asociación unión de africanos en España – besha wear – Lavapiés

En un local de apenas tres metros de ancho por algunos más de profundidad, Besha, una congoleña que lleva algunos años en Madrid, tiene una tienda de confección de ropa con telas africanas en la que ha ido ayudando a gente del barrio que lo necesitaba.

Fuente: Besha Wear Lavapiés

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Mas es desde el comienzo de la pandemia y ante la urgente necesidad de alimento y aún cobijo, que Besha ha “abierto” su local a todas las personas con estas necesidades tan básicas. Comenta que le viene de familia ya que su madre y su abuelo vienen haciendo lo mismo en su tierra…

 

Desde entonces, ofrece alimentos (Desayunos, comidas y cenas) a más de 150 personas así como ropa, orientación y sobre todo acompañamiento a toda persona que lo necesite. 

 

Cuenta con la ayuda de vecinas, tiendas e incluso algún restaurante; manifiesta sentirse feliz ante la solidaridad de la gente en este reto que dice, le queda grande por la cantidad de problemas tan graves que tienen las personas que se acercan. Y cada día llegan más…

 

En su Instagram hay muchas fotos de sus actividades:

Besha Wear (@beshawear) • Instagram 

En este momento, un joven al que le han tenido que cortar una pierna necesita una prótesis urgente, medicinas y rehabilitación. Besha está intentando crear una red de unas 50 personas para poder ayudar a este muchacho.

Quien desee participar por favor que se ponga en contacto con ella:

 

Contacto: beshawearoficial@gmail.com

Fraguas forma parte Patrimonio Histórico de todxs. Comunicado

Después de varios días de trabajo, hoy 16 de marzo un historiador de la Universidad de Alcalá ha registrado un escrito en la sede de la Junta en Guadalajara. ¿El motivo? Fraguas forma parte Patrimonio Histórico de todas y todos.

Fraguas es un poblado con más de 800 años de Historia que se asienta en lo que en el Medievo se llamaba la “Marca Media”. Poblaciones enteras que se movieron por cientos de kilómetros hasta fundar los pueblos donde se asentarían. Uno de ellos, nuestra querida Fraguas.

Así comienza el principio de muchos y muchos pueblos del centro peninsular: de la necesidad de miles y miles de personas por explotar la tierra y vivir de ella. Así comienza la Historia de Fraguas. Se levantan casas y casas. Se explota la tierra y se construye el espacio religioso de reunión y decisión de los vecinos: la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

Se ha iniciado esta solicitud para que lo oigan alto y claro: Fraguas es Patrimonio de todxs.

Esta barbaridad iniciada por la Junta, sin saber qué oscuros fines se esconden detrás, plantea que Fraguas es un “poblado chabolista” en el que sus repobladores se han asentado. Y no. No, señores de la Junta. No es así. Fraguas tiene 800 años de Historia. No pueden derribarlo así como así.

La Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha se ha preocupado mucho del Patrimonio medioambiental. Pero, ¿y qué pasa con el Patrimonio Histórico? ¿qué pasa con los 800 años de Historia de Fraguas? ¿acaso éso no importa?

Mientras la Junta se ha lanzado contra los repobladores de Fraguas arguyendo un supuesto daño medioambiental, ellos van a perpetrar un daño contra el Patrimonio Histórico de primer orden: derribar un pueblo de más de 800 años de Historia. Algo insólito.

Los repobladores han estado años y años manteniendo este patrimonio para que todxs pudieran disfrutar de él. Han limpiado. Han mantenido. Han reconstruído y han generado una población en el lugar donde la Administración había dejado metros de zarzas y casas destrozadas por las maniobras que el Ejército hizo en Fraguas.

Está claro: Fraguas es Patrimonio de todxs.

Aquellas poblaciones que encontraron en Fraguas el lugar donde poder explotar la tierra que necesitaban y la memoria que dejaron impregnada en sus casas y calles no pueden caer bajo la orden de un ingeniero y una excavadora.

Se ha iniciado el contacto con distintas asociaciones y centros de investigación en defensa del Patrimonio para dar a conocer la barbaridad que la Junta pretende hacer con Fraguas. Quieren derribar Fraguas en silencio y no será así. Fraguas es de todos. Fraguas es Patrimonio.

Por todo ello, se hace un llamamiento a la defensa del Patrimonio local y rural de Fraguas. En defensa de aquello que consideramos que es de todxs, y que unos señores pretenden arrebatar de la forma más violenta y vil: mediante el derribo a “ras de suelo” de todo lo que han construido las gentes de Fraguas durante siglos y siglos.

No podemos consentirlo.

 

¡FRAGUAS ES PATRIMONIO DE TODXS!

Cerrado por Lucha, #8M2021

El #8M2021 salimos a las calles vestidas de violeta a hacer nuestras gestiones cotidianas

 

En la pandemia se ha hecho más visible si cabe la importancia de los trabajos de cuidados que realizan sobre todo las mujeres dentro y fuera de las casas; también la precariedad de los empleos remunerados de las mujeres, en especial migrantes, con despidos y “fin de obra” inmediatos, sin derecho al paro como las trabajadoras del hogar…

 

Fuente original: Traficantes de sueños

---CERRADO POR LUCHA--- #8M2021

 …Se ha hecho visible también el raquítico estado de los servicios públicos: una sanidad sobrecargada, una educación segregadora, unos servicios sociales que cerraron cuando más hacían falta. Y visibles las desigualdades de vivienda y condiciones de salud, causa de un diferencial de mortalidad claro entre barrios ricos y pobres. Miles de mujeres han sostenido la crisis sanitaria y económica a través del apoyo mutuo de las redes vecinales y cajas de resistencia y de sus propios cuerpos con un trabajo doméstico y de cuidados (también educativos) más aislado y demandante que nunca.

 

Mientras los medios reverberan debates identitarios y abstractos, con consecuencias terribles para las personas trans y las trabajadoras sexuales, entre otras, los feminismos de base siguen trabajando desde las casas, los empleos, el campo y la ciudad, para poner encima de la mesa las desigualdades de sexo, género, raza y clase que son la base del injusto y violento sistema económico en el que vivimos y para construir redes que, enfrentando el cotidiano desde lo más pequeño, señalan otras formas de hacer mundo.

 

Las mujeres que han acogido a sus compañeras internas puestas en la calle por miedo al virus, las que han cuidado a sus compañeras jornaleras enfermas en chamizos de Huelva, las que han parado desahucios en mitad de la pandemia, las que se han organizado por primera vez para llevar comida a sus vecinos. Todas ellas y todas nosotras no podemos estar más hartas de que lo importante no figure en ningún debate público, encantados los tertulianos de discutir del rey o los conflictos del gobierno. Por eso saldremos este 8M, como todos los 8 de marzo, y todos los días. Porque no podemos permitirnos no salir. Porque no salir, seguir encerradas en casa y en el trabajo, no va a cambiar las cosas. Y no podemos esperar a que el virus se apague para las urgencias de la vida que están sobre nuestras espaldas ni para volver a sentir con otras nuestra fuerza.

Con medidas de seguridad, como cada día, mañana saldremos vestidas de violeta a hacer nuestras gestiones, defendiendo derechos esenciales para todas las personas y, en especial, para las mujeres más precarias de las que más podemos aprender sobre apoyo mutuo: las migrantes, las trans, las trabajadoras sexuales.

 

Porque el feminismo no es que algunas lleguen arriba, es que abajo no quede nadie. Y esto a nivel mundial.

 

Por nosotras y por todas nuestras compañeras, organizarse es empezar a vencer.

El Zendal señuelo para la reflotación del fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia y de nuevos ladrillazos

Nadie se explicaba que se construyera en la Comunidad de Madrid un nuevo hospital para combatir la pandemia, mientras se mantenían cerradas más de 1.700 camas y 25 Ucis en hospitales públicos.

Hoy sabemos los motivos que han llevado a la polémica construcción del Zendal, y los motivos están claros; la construcción no está motivada por la defensa de la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas madrileñas sino al inicio de un nuevo proyecto de pelotazo urbanístico.

 

Fuente: Juntas X La Pública

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El pasado 1 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso, acompañada de toda la cohorte pretoriana de su Gobierno inauguraba el llamado “Hospital de Emergencias” Enfermera Isabel Zendal. “Un centro pionero en nuestro país y sin precedentes en Europa”, según la presidenta.

 

El Zendal se construye en terrenos de la Ciudad de la Justicia, proyecto de Esperanza Aguirre iniciado en 2004.

 

El resultado de este megaproyecto resultó un fracaso total. En el verano de 2011 se decidió su liquidación. Se perdieron más de 105 millones de euros del erario. Solo llegó a levantarse el donut, que costó 22 millones de euros y que permanece en desuso y con un coste de 143.000 euros anuales por un servicio de seguridad.

En septiembre de 2019, un mes después de tomar posesión como Consejero de Justicia, Enrique López anunció que intentaría retomar el proyecto y trasladar al fin el Instituto de Medicina Legal. El pasado 3 de marzo en plena pandemia, el Supremo tumbó de forma definitiva el plan de Acciona y OHL empresas adjudicatarias del proyecto que habían interpuesto un proceso jurídico para hacerse con la Ciudad de la Justicia, dejando así vía libre a la Comunidad de Madrid sobre los terrenos de la Ciudad de la Justicia.

El pasado 16 de diciembre, quince días después de la inauguración del Zendal, Ayuso inaugura el nuevo Instituto de Medicina Legal en el donut, a 100 metros del Zendal, con una de sus famosas frases “es un orgullo para España y Europa”.

Los planes de Ayuso y su cohorte pretoriana ya están a la vista y ni siquiera esconden que sus intenciones van por el sendero de sus políticas neoliberales de favorecer a los capitalistas amiguetes de los que se rodean, poniéndoles una alfombra roja de acceso a los pelotazos urbanísticos y a los nichos de los servicios públicos. La salud y la vida de los ciudadanos madrileños, sólo les sirve como método de propaganda.

Nuevos ladrillazos están en marcha en los 120.000 metros cuadrados   disponibles de urbanizar en la Ciudad de la Justicia con planes de construcción de nuevas sedes judiciales y viviendas.

De nuevo, y aprovechando que la ciudadanía está pensando en la pandemia y sus consecuencias, vuelve a primer plano la política del “ladrillazo” llevada a cabo por PP y con un dibujo de responsables casi idéntico. En tiempos de Aguirre la labor de contratación recayó en Alfredo Prada Presa, Consejero de Justicia procesado con petición de 8 años de prisión. Con Ayuso ese papel le corresponde a Enrique López también Consejero de Justicia, que ya tiene el marrón de haber intermediado para conseguir el encuentro entre el abogado del PP y el abogado de Bárcenas.

 

Al final la historia se repite.

Memoria de Actividades de El Pueblo Que Queremos 2019

Memoria de actividades realizadas y en las que ha participado durante el año 2019 La Asociación Vecinal de Las Rozas de Madrid El Pueblo Que Queremos

 

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Junt@s por La Pública denuncia al consejero de Sanidad de la CAM ante la fiscalía

Convocamos a los medios de prensa, en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sita en Calle del Gral. Castaños N.º 1, el jueves 28 de enero de 2021 a las 11:30H donde se entregará a los asistentes la copia integra de la denuncia.

 

Fuente: #JuntxsPorLaPublica

Articulo 43 de la Constitución Española:

  • Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  • Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Decreto 307/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, CAPÍTULO I, Del Consejero de Sanidad, Artículo 1.- Competencias del Consejero de Sanidad:

  • Al Consejero de Sanidad le corresponde la propuesta, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid…

 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, CAPÍTULO I, De los principios generales, Artículo tres:

  • Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente…
  • La asistencia sanitaria pública se extenderá…
  • La política de salud estará orientada a la superación…
  • Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente…

 

 

Y así, hasta 17 puntos, los redactados por la Plataforma “Juntas X La Pública”, que el día jueves 28 de enero de 2021 entregaran a Fiscalía de la Comunidad Madrid, denunciando entre muchos aspectos:

 

  • Que se ha podido vulnerar el derecho a la protección de la salud.
  • La exclusión, casi en su totalidad, de la derivación hospitalaria de personas mayores resientes de grado.
  • La falta de pruebas de detección en las Residencias y el incumplimiento de medicalización de las Residencias.
  • La posible vulneración de derechos humanos.
  • Que a pesar de haber recibido del Gobierno Central más de 2.000 millones de euros de los Fondos COVID para uso en gasto sanitario, lejos de fortalecer el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad hizo frente a la segunda ola de la pandemia con una Atención Primaria con falta de profesionales por bajas médicas y vacaciones…
  • Se movilizaron al menos una veintena de millones en las tres últimas semanas del año a través de contratos de emergencia (sin publicidad ni competencia entre proveedores) que se justificaron con las necesidades creadas por la COVID…
  • Falta de un plan de vacunación. Su inexistencia está provocando casos como el sucedido en el Hospital Clínico de Madrid…