Una ola ciudadana de corazones verdes exige reforzar la sanidad pública, las residencias y servicios sociales para salir de la crisis

Como respuesta a la crisis sanitaria y social que hoy vivimos, la plataforma #PlanDeChoqueSocial, de la que forman parte más de 400 organizaciones sociales y ambientales, la FRAVM entre ellas, lanza hoy la campaña #PintoUnCorazónVerde para reivindicar unos servicios 100 % públicos, universales y de calidad.

 

Fuente:FRAVM

 

Decenas de personalidades de la cultura, la música y la comunicación, así como profesionales de los servicios esenciales, se han sumado a la iniciativa y animan a la población a colgar un corazón verde en sus balcones, ventanas, centros de trabajo, hospitales, escuelas o medios de transporte.

Una ola ciudadana de corazones verdes

“Los servicios públicos están a nuestro lado desde que nacemos y nos acompañan en toda nuestra vida. Garantizan derechos fundamentales como la educación, la salud o la protección social. Por eso, cuando recortan servicios públicos, recortan nuestras vidas , nuestra dignidad”. Así comienza el manifiesto de la campaña ciudadana ‘Pinto un corazón verde’, con la que cientos organizaciones sociales (entre ellas la FRAVM), profesionales de los servicios esenciales y rostros conocidos invitan a la población desde hoy a exigir unos servicios 100 % públicos, universales y de calidad pintando un corazón verde en sus ventanas.

 

La campaña #PintoUnCorazónVerde quiere denunciar que la crisis sanitaria y social provocada por la enfermedad COVID19 ha evidenciado que los recortes y privatizaciones de los servicios públicos experimentados en los últimos años, tienen consecuencias devastadoras. España está por debajo de la media de la UE en gasto sanitario (-1,1 %), educativo (-0,7 %), de protección social (-1 %), o de vivienda (-0,1 %) y otros gastos necesarios, como los de la lucha contra la violencia machista o la pobreza infantil, siguen estando lejos de lo necesario para abordar estos problemas.

En el caso de la sanidad pública, entre 2010 y 2017 España perdió más de 12.000 camas de hospitales a pesar del aumento de la población. La falta de recursos en esta crisis no es casualidad, España ocupa el vigésimoquinto puesto de la UE en camas con 243 camas por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 372 camas por cada 100.000. Recortes que también se notan en personal cualificado. Por ejemplo el personal de enfermería, dedicado a tareas esenciales como el cuidado de los pacientes, ocupa el puesto 18 de los 23 países con datos de la UE. La propia Comisión Europea advertía con su informe State of Health in the UE. España de 2019 la importancia de estas cifras y cómo una gran parte de las y los profesionales sanitarios tienen contratos temporales, lo que aumenta la tasa de rotación del personal y con ello las dificultades.

No solo los recortes, también el proceso de privatización de la sanidad pública impacta en la falta de recursos ya que los conciertos público-privados han derivado parte del gasto sanitario a beneficios empresariales. Un ejemplo es la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde más ha impactado el virus y que a la vez ha sufrido más privatizaciones en los últimos años, como han denunciado repetidamente los profesionales. Según el Servicio Madrileño de Salud, de 2010 a 2018 la región perdió unos 3.300 profesionales, mientras que la población con derecho a la asistencia sanitaria creció en casi 500.000 personas en ese periodo.

La infradotación no sólo en hospitales, también de residencias de mayores, ayudas a la dependencia o la precariedad de los servicios sociales han dificultado la actuación ante una emergencia ya no solo sanitaria, sino social y alimentaria. Por eso desde la campaña se denuncia que los profesionales han trabajado con una falta de seguridad absoluta. “La pandemia está siendo especialmente cruda en las residencias de mayores, un sector altamente privatizado (en torno al 85 % son residencias privadas, algunas en manos de fondos de inversión) en el que se lleva años denunciando el mal estado de las instalaciones y la situación del personal, escaso, saturado y mal remunerado. De hecho, la Fiscalía investiga a 38 residencias de España, 19 de ellas en Madrid, donde se ha producido la mayor mortandad (en torno al 70 % de las muertes por COVID-19 de la región)” citan.

Para la plataforma ciudadana #PlanDeChoqueSocial, compuesta por más de 400 organizaciones y colectivos sociales, es el momento de apostar “por un futuro que cambie el presente, y por un futuro para nuestras vidas con dignidad para todas las personas”. Se trata, afirman, de poder afrontar esta pandemia y las futuras que puedan llegar, de la mejor de las maneras. También se trata “de no dejar a nadie atrás” en esta crisis social y económica que acaba de empezar.

APOYO DE ROSTROS FAMOSOS Y SECTORES ESENCIALES

En su lanzamiento la campaña #PintoUnCorazónVerde ha recibido el apoyo de más de una veintena de personas representativas del mundo de la cultura, la comunicación y la música. Ana Pardo, Antonio de la Torre, Aitana Sánchez Gijón, Cristna Fallarás, Natalie Pozas, Sergio Peris, Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Fernando Tejero, Alberto San Juan, Bob Pop, Olga Rodríguez, Rozalen, Amparo Sánchez o Nacho Vegas son algunos de los nombres que se han sumado a pintar un corazón verde por los servicios 100 % públicos.

Asimismo, trabajadoras y trabajadores de los denominados sectores esenciales han querido sumarse a la convocatoria. Personal sanitario, de limpieza, de transporte, servicios sociales o de residencias de mayores son algunos de los rostros que se han participado. También agricultoras, agricultores, ganaderos, transportistas y personal del pequeño comercio alimentario. Todas estas personas son quienes, según la plataforma #PlanDeChoqueSocial viven en su propio trabajo diario la precarización de los servicios esenciales.

Las entidades sociales de esta red invitan a la ciudadanía a colgar, a partir de hoy, un corazón verde en sus balcones, ventanas, centros de trabajo, hospitales, centros de salud, despensas o bancos de alimentos, colegios… y a hacerse un vídeo o una foto y publicarlos con el HT #PintoUnCorazónVerde. Sean famosas o anónimas, las cientos de personas que impulsan esta campaña coinciden en que “de esta crisis solo podemos salir si reforzamos los servicios públicos, universales y de calidad, sin privatizaciones. No queremos recortes nunca más”.

Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes, pero también ante una crisis social y económica de enormes dimensiones.  Para afrontar dicha crisis exigen a Gobierno central y a todas las administraciones que se refuercen los servicios públicos que en los últimos años se han visto precarizados y que se reviertan los procesos de recortes y privatización que han sufrido.

Puedes leer el manifiesto completo aquí.

La Red Solidaria de acogida lanza la campaña “Olvidadas por el virus”

La Red Solidaria de acogida lanza la campaña “Olvidadas por el virus” para visibilizar la situación y las resistencias de las migrantes en frontera

 

El colectivo ciudadano lanza una campaña de concienciación y denuncia sobre la situación de las personas migrantes en fronteras para redes. Para ello, ha elaborado una serie de infografías que irán publicando diariamente en sus redes y las de colectivos afines.

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No solo se ponen de relieve las problemáticas que sufren estas personas atrapadas, maltratadas y hacinadas en fronteras; sino también las resistencias y alternativas que ellas mismas han desarrollado para empoderarse, apoyarse mutuamente y salir adelante.

Esta pandemia está llevando al límite la situación de muchos de los 272 millones de migrantes internacionales en todo el mundo. Las personas desplazadas internamente y a través de las fronteras están particularmente en riesgo, y con esta campaña, la Red Solidaria de Acogida (RSA) quiere recordar que estos millones de personas, tanto dentro como en la proximidad de las fronteras españolas y europeas, siguen resistiendo.

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La primera pareja de infografías están centradas en el Mediterráneo Central y la frontera natural que hace el cementerio más numeroso del mundo, este mar, con Libia. El abandono a su destino en el peligroso suelo libio al que tantas personas que migran están abocadas; los retrasos y graves faltas en las operaciones de rescate en el Mediterráneo central y la importancia de priorizar las operaciones de rescate marítimo a nivel europeo es la situación más urgente a la que la UE y la humanidad ha de hacer frente.

El segundo territorio donde la emergencia se hace dramática es Grecia, en cuyo campo de refugiados de Moria (Lesbos) más de 200.000 personas sobreviven hacinadas, sin la ayuda de muchas de las entidades voluntarias que trabajaban en todas las islas, que han debido irse por la crisis sanitaria. Como respuesta, han sido las propias refugiadas las que han fabricado 58.000 mascarillas en Moria y otras 17.000 destinadas a Quíos y Samos.

El tercer punto que la RSA no quiere olvidar es la frontera de los Balcanes; donde la situación es muy preocupante debido al cierre total de las fronteras croatas, razón por la que miles de personas continúan atrapadas en Bosnia y Serbia. Allí, grupos de migrantes y locales auto organizados cosen mascarillas y ayudan en algunos de los campos.

Ya dentro de las fronteras españolas, en la Frontera Sur, las duras condiciones de vida durante estos días de encierro las están pagando en gran medida las personas migrantes. En Ceuta y Melilla, por ejemplo, se hacinan en los centros de acogida y los CETIs. Afortunadamente la solidaridad vecinal ha hecho que muchas porteadoras atrapadas en frontera encuentren donde alojarse mediante redes vecinales de acogida.

Ya en territorio peninsular, y como última pareja de infografías, nos centramos en la situación que las personas migrantes han de sufrir: criminalizadas, explotadas, perseguidas, incluso desechables en marcos como en Almería o Huelva, donde lxs jornalerxs agrícolas son víctima de explotación laboral y violaciones, mientras la Ley de Extranjería ampara un

racismo institucional. Aun asi, colectivos civiles como la RSA, el Sindicato de Manteros, CIESNo o iniciativas antirracistas reivindican la capacidad de agencia de las personas migrantes y racializadas en territorio estatal.

Las Olvidadas del Virus

En estos momentos de pandemia sanitaria causada por el Covid-19; la atención política, mediática, sanitaria, económica y social está centrada casi totalmente en limitar los contagios, salvar el mayor número de vidas posibles y contener posibles desastres económicos.

Sin embargo, es nuestro deber como Red Solidaria de Acogida poner el foco en otra situación que no solo es pandémica sino también histórica y mucho más contagiosa y mortal que el Coronavirus: las dinámicas de violencia, que, cual virus, expanden racismo y xenofobia, acumulan cuerpos sin vida ahogados en el Mar Mediterráneo; atrapan a miles de personas que huyen de violentos conflictos armados y guerras en campos de refugiados y en (las cada vez más crueles) fronteras; violando y esclavizando a miles de mujeres que intentan llegar a destinos más seguros para sus vidas.

Desde el privilegiado confinamiento en nuestras casas, rodeadas de comodidades y con acceso constante a recursos de todo tipo, queremos poner la mirada en cómo viven estos tiempos de pandemia las personas bloqueadas en fronteras europeas y, en general, las personas cada vez más olvidadas de este virus. Para ello, compartiremos información sobre distintas latitudes y territorios, tanto de fronteras externas como internas de Europa, con el fin de reivindicar y visibilizar migrantes y refugiadas y denunciar los responsables de esta grave vulneración de derechos humanos: la Unión Europea y sus estados miembros.

Denunciamos el posicionamiento -y la falta del mismo en numerosas ocasiones- de la Unión Europea y de los estados miembros, una vez más excluyendo, invisibilizando, criminalizando y matando a miles de personas migrantes y refugiadas mediante violentas políticas de la muerte. Demostrando así que algunas vidas valen más que otras y que algunas personas merecen vivir y otras no.

 

 

Pretendemos con esta campaña visibilizar el hacinamiento, la violencia y las condiciones inhumanas que caracterizan los campos de refugiados en Grecia y en los Balcanes exigiendo su inmediata evacuación. La decisión política de poner los campos en cuarentena total los convierte en verdaderos centros de detención y hacinamiento, obligando a miles de personas a un encierro que pone en riesgo sus vidas. Denunciamos la instrumentalización de la crisis sanitaria del Covid-19 por parte del gobierno italiano, quien se ha aprovechado de la situación para declararse un país no seguro y así cerrar sus puertos, violando la leyes internacionales y abandonando a su destino a quienes se encuentran a la deriva en el Mediterráneo central. Asimismo, consideramos intolerables las graves violaciones de Derechos Humanos que sufren las personas bloqueadas en suelo libio bajo la mirada ​cómplice de la indiferencia que proporciona la comunidad internacional. Denunciamos también las duras condiciones de vida durante estos días de encierro en la frontera sur española, exigiendo la evacuación de los CETIs y centros de acogida a menores a territorio peninsular.

Condenamos la violencia sistemática a la que se enfrentan las personas migrantes y refugiadas aquí, en territorio peninsular, a causa de un sistema de asilo colapsado y una ley de extranjería perversa que perpetúa la ilegalidad de algunas personas y que la causa un virus, como decíamos, histórico, que es el racismo institucional

Sin embargo, al igual que no queremos cerrar los ojos ante estas personas que la pandemia ha dejado atrás, tampoco queremos olvidar las prácticas de lucha y resistencias que ya existían o que están apareciendo en este momento de crisis sanitaria reivindicando la existencia de todas estas personas violentamente invisibilizadas y abandonadas: l​a autoorganización de las mismas refugiadas en los campos griegos; el crecimiento de las fuertes redes de apoyo mutuo que se han puesto en marcha en muchos barrios de nuestras ciudades; el constante ruido de organizaciones sociales denunciando la violencia son algunos ejemplos de resistencia. Los CIEs vacíos casi por completo son una muestra de estas luchas. Miles de personas, aún atrapadas y oprimidas siguen sobreviviendo, malviviendo y luchando para defender su derecho a existir, mostrándonos su fuerza, reivindicando sus (re)existencias.

Nosotras no queremos olvidarnos de ellas,somos testigos de la fuerza y la resiliencia de las miles de personas que aunque atrapadas y oprimidas siguen sobreviviendo y luchando para defender y reivindicar su derecho a existir, porque si algo deberíamos estar aprendiendo de esta grave situación es lo que siempre ha sido nuestra lucha: que todas las vidas valen y nadie se puede quedar atrás, ni ahora ni cuando esto acabe.

 

Red Solidaria de Acogida

Efecto Llamada, una red solidaria de intercambio de idiomas

“Efecto Llamada” surge, como muchas otras iniciativas, a raíz de la situación de confinamiento actual que provoca que se paralicen muchas actividades, entre ellas, algo tan fundamental como el aprendizaje de la lengua. Y surge de manera un poco espontánea: por un lado, compañeros en Euskadi ya habían iniciado algo parecido pero con aprendizaje del euskera por barrios y contactan a otras compañeras para hacer algo similar a nivel estatal; por otro lado, compañeras en Madrid habían comenzado poniendo en contacto personas literalmente una a una a través de whatsapp para practicar castellano y están de acuerdo en crear una plataforma de encuentro más amplia y sencilla. Así, se ponen en contacto con otras personas en Catalunya, Zaragoza, Ceuta, etc., y comienza una red de intercambio de ideas y trabajo obviamente casero.

Redes Sociales

 EfectoLLamada

 

 @EfectoLLamada

Es un proyecto absolutamente abierto y horizontal. No es una asociación en sí, sino un grupo de personas que nos hemos conocido gracias a tener una sensibilidad manifiesta ante la situación de las personas migrantes. Hemos participado y, en ocasiones, coincidido en acciones solidarias, sea en campos en Grecia, en Italia o en España y, con el boca a boca (o teléfono a teléfono), nos hemos unido para este proyecto. Consideramos que el castellano es fundamental para encontrar empleo y para avanzar en el tortuoso proceso que supone la obtención de papeles.

La idea es sencilla: inscribirse a un formulario que está traducido al francés, al inglés y al árabe para aprender o para ayudar a aprender. Una vez te hayas inscrito, tus datos pasan a un archivo que manejan sólo dos personas coordinadoras del proyecto para respetar al máximo posible la privacidad. De ahí, se forman las parejas de Comunidades o Ciudades Autónomas distintas en la medida de lo posible, se comunican a cada pareja los datos de una sola persona y se les envía el código ético a respetar durante las conversaciones (respetar a la otra persona, sus tiempos de descanso, nada de incomodar o utilizar lenguaje sexual con la otra persona, etc.). Cada pareja puede elegir la vía que utilizarán para comunicarse y con qué frecuencia hacerlo. Sólo se necesita ser mayor de edad y tener acceso a un teléfono.

 

Por supuesto, se puede contactar en la página de facebook o de Instagram de “Efecto Llamada” o en el email contactoefectollamada@gmail.com si hay dudas o problemas, pero también si se quiere participar en la organización, ya sea compartiendo contenido didáctico con el resto de personas, ayudando con las imágenes o con las traducciones, o resolviendo dudas. Como decimos, es un grupo abierto, sin jerarquía y que busca crear una red de solidaridad antirracista que colabore a la inclusión en esta sociedad. De ahí que se llame “Efecto Llamada”, para darle la vuelta a este término tan xenófobo y devolverle el significado real de una llamada: comunicación en red, intercambio y acercamiento.

El objetivo es que llegue al máximo posible de personas que lo puedan necesitar y a las que les apetezca participar. De momento, la respuesta está siendo muy positiva y esperamos que, tanto personas individuales como asociaciones, quieran unirse al proyecto.

Inscripción en ESTE ENLACE

Red Latinas: Carta abierta al Gobierno abril 2020

La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho primario) aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad)”. José Saramago 1998.

Las organizaciones de mujeres migrantes que suscriben, demandamos la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA, que garantice la igualdad que el Estado de Derecho requiere para el pleno desarrollo de las personas, las familias, la comunidad y la reconstrucción del país.

Actualmente, se calcula entre unas 400.000 y 600.000 las personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular. Esta estimación resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal (basada en el empadronamiento) y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia, arrojados por el Observatorio de la Inmigración. Entre las personas en situación administrativa irregular se encuentran personas afectadas por procesos de irregularidad sobrevenida fruto de la pérdida temporal de empleo o de su inserción en empleos muy precarios, desregulados o en la economía sumergida; niñas y niños migrantes o nacidos en España, de madres y padres extranjeros, que no han podido regularizar su situación; personas residentes con menos de tres años de empadronamiento; personas a las que les ha sido denegada una solicitud de protección internacional en cualquiera de sus formas; personas cuya solicitud de regularización se ha ralentizado por la excesiva burocratización de los procedimientos, entre otras.

 

 La crisis sistémica del 2008 arrasó con los sueños de cientos de miles de personas, entre ellas mujeres migrantes, a quienes les fue imposible renovar sus autorizaciones de residencia y de trabajo debido a la pérdida de sus empleos o a su expulsión hacia sectores laborales de la economía sumergida. Es necesario recordar que la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo requiere obligatoriamente, durante los primeros años, un contrato laboral formal, tal como estipula la Ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla.

 

  En muchos de estos casos, la irregularidad sobrevenida de estas mujeres ha afectado de manera directa a sus hijos e hijas, dejándoles en situación de extrema vulnerabilidad. También en muchos casos, estos hijos o hijas han nacido en España, pero no son españoles. La situación administrativa irregular de menores de edad cercena su futuro y pone en cuestión los conceptos de ciudadanía y de igualdad de derechos.

 

  A estas situaciones de irregularidad administrativa y negación de la igualdad y la ciudadanía, se suma, en la actualidad, la terrible crisis sanitaria, económica, social y familiar provocada por el COVID 19, que pone al descubierto la precariedad y vulnerabilidad de la vida de todas las personas que habitamos este país, pero en particular la de las familias migrantes. Una parte importante de las mujeres migrantes trabaja en el sector del empleo de hogar y de los cuidados, algunas han sido despedidas de inmediato, otras continúan realizando su trabajo sin la protección profiláctica necesaria. Pese al lugar esencial que los cuidados están cobrando en nuestra sociedad, el Real Decreto 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, para que Nadie Quede Atrás, no las ha tenido en cuenta.

 

  La aprobación de un Real Decreto de emergencia para la regularización administrativa de las personas extranjeras en España reduciría la extrema vulnerabilidad de mujeres migrantes en situación de prostitución, mujeres víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o laboral quienes sufren las consecuencias de un mayor encierro, ocultamiento, violencia y control por parte de sus explotadores. Mujeres migrantes que están encerradas en sus hogares con hombres maltratadores, sin poder denunciarles ni huir de la violencia.

 

 La situación administrativa irregular endurece aún más estas condiciones de vida en la medida en que no permite que las personas que las padecen puedan pedir ayuda, por temor a ser expulsadas. A todo esto, se añade el incremento exponencial del control policial, que impide que las personas migrantes sin autorización de residencia puedan salir a la calle en busca de lo más esencial para sus vidas: la compra de alimentos. Los procedimientos de regularización administrativa están completamente paralizados desde que comenzó la crisis.

 

  Dada la dureza de estas situaciones DEMANDAMOS la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA, que garantice que ningún ser humano se quede afuera.

 

  España, como Estado Social y de Derecho, miembro de la Unión Europea, está obligada al cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en la que la solidaridad, la igualdad y la no discriminación son sus principios fundamentales (TFUE, art.3).  “Más Europa” y “más comunidad” es el llamado del Gobierno cada día. Una comunidad se forma a partir de la contribución de todos sus miembros, en aras a su propia reproducción social. Las personas extranjeras residentes en España estamos integradas en el mercado laboral, en sectores que hoy en día han demostrado ser esenciales para su sostenimiento. Sin embargo, la negación de la ciudadanía residencial de una parte importante de nuestra comunidad lleva implícita la falta de reconocimiento de la contribución social, económica, laboral y demográfica que realizamos. También conlleva la falta de reconocimiento de derechos que son fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho de vivir en familia, el derecho de poder cuidar de las personas dependientes dentro de ésta, el derecho de asegurar un futuro para los niños y las niñas, el derecho a un trabajo digno o el derecho a una vida libre de violencia.  La negación de derechos fundamentales a una parte de nuestra comunidad es intolerable en un Estado Social y de Derecho como es España.

 

   Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 C.E); y recordar que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10 C.E.).

 

  Las limitaciones que impone la Ley de Extranjería al reconocimiento de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, o los procedimientos tan exigentes para la regularización y la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo expone a las personas migrantes a la indefensión, no sólo frente a una pandemia –como es el caso actual-, sino también frente a la explotación laboral, la violencia de género, la violencia institucional, la invisibilidad o la xenofobia.

  Es necesario que el Estado español ponga en marcha los principales instrumentos y herramientas que el orden constitucional le otorga, en el marco del estado excepcional en el que nos encontramos, para el reconocimiento de la residencia de las personas migrantes en situación administrativa irregular, incluidos los niños y las niñas, fundamentado en los Derechos Humanos, en el Tratado de la UE, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución Española.

 

Dicho procedimiento administrativo de regularización extraordinaria debe aprobarse bajo los criterios de urgencia, simplificación, flexibilidad y seguridad jurídica.

 

  El Gobierno de España tiene en sus manos la oportunidad de ser coherente y transitar por un camino de justicia social, dignidad humana e igualdad. El actual estado de emergencia sanitaria nos está haciendo reflexionar sobre lo que es realmente importante para el ser humano y la sociedad y nos exige cambios en los modos de vida y de producción. Las personas integrantes de nuestra Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, las organizaciones aliadas y otras mujeres migrantes a título personal, como ciudadanas de este país, consideramos que el momento es ahora y el criterio es la salvaguarda de todas las vidas, así como su dignidad.

 

 Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Tatiana Retamozo Quintana, presidenta. Asociación Servicio Doméstico Activo. Carolina Elías Espinoza, presidenta.
Asociación Malen Etxea Mujeres Inmigrantes. Jessica Guzmán Correa, presidenta. Asociación Mujeres Pa´lante. Clara Romero Bateman, presidenta.

Asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Antonia Avalos Torres, presidenta.

Asociación Casa de Colombia en España. Erika Sarmiento Castiblanco, presidenta.  Asociación de Mujeres Latinoamericana Amalgama. Iskra Orillo Valencia, presidenta.

Asociación Por Ti Mujer. Lucy Polo Castillo, presidenta.

 Asociación GENERA-Red de mujeres feministas por la equidad de género en el desarrollo. Inmaculada Lozano Caro, presidenta.

Asociación Estudios y Cooperación para el Desarrollo. Silvina Monteros Obelar, presidenta.

 Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta.  Colectivo Brujitas Migrantes. Yamileth Chavarría Mendieta, presidenta.

 La Comala, sociedad Cooperativa Madrileña. Mercedes Rodríguez Ávila

Colectivo Red de Hondureñas Migradas. Gilma Martínez Rodríguez, presidenta.   Colectivo Mujeres Migrantes Artistas y Artesanas en España. Rosalía Polo Burgos, presidenta.

Mujeres a título individual que conforman la RED Latinas: Susana Pozo, Alicia Escobar, Patricia Ponce Pascuale, Virginia Etchevarry

 

Organizaciones aliadas: 

 

Asociación Dia-Dia África Libertad. Danielle Nicole Mboume, presidenta. 

Asociación de Chilenos y Chilenas en España. María Yáñez Martínez, presidenta. 

Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta. 

Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación-AESCO. Yolanda Villavicencio, presidenta 
Colectivo Mujeres Organizadas Paraguayas en España-MOPE, representante Lis María Mabel Román Cabrera. 

Comisión migración y antirracismo 8M, representante Viviana Dipp. 

Feministas Madrid por Nicaragua, representante María Eugenia Gómez López. 

Red Internacional de Abogados Eureka. Juana María Malca Leo, presidenta. 

Red internacional de mujeres en acción por los derechos humanos. Eunice Caldelas, presidenta. 

Organización Mundial de Abogados, comisionada en Madrid Griselda Herrera López, Abogadas Iberoamericanas.

Economía Feminista, para no volver a la “normalidad”

El 9 de abril en el encuentro telemático de más de 1000 mujeres que nos conectamos a la convocatoria de EntrePueblos  “Economía feminista: Desafíos, propuestas y alianzas”, se habló fundamentalmente sobre las consecuencias del coronavirus en la vida de las mujeres.

En estos días se está informando sobre el aumento de las denuncias  de violencia de género en los espacios confinados y que el mayor peso de los cuidados en el espacio doméstico está recayendo nuevamente sobre las mujeres, desde un abordaje utilitarista y patriarcal de la pandemia.

Volvemos, retrocedemos… a las “casas fábrica” (Gago, V.) de producción, reproducción y cuidados a cargo de la mujer. Trabajos no pagados, precarios, despreciados…

¿quién puede “parar” en la cuarentena? Las mujeres desde luego no!

Para algunos grupos más desfavorecidos de mujeres racializadas “llueve sobre mojado”; la ocupación de ciertos espacios les afecta de forma especial; están, y por obligación, al frente de la limpieza, las cajas de supermercados y el cuidado en ocasiones sin protección suficiente, de mayores enfermos de coronavirus. 

La pandemia vuelve a visibilizar la fragilidad de la vida – ya anticipada por el ecofeminismo – unas vidas que al sistema neoliberal no le importan, ya que cada persona es “responsable de la suya”.

También el brutal impacto que los recortes de gobiernos neoliberales han tenido en la sanidad. Asistimos a la crisis de un modelo que no cuida a las personas ni sus vidas.

Se nos dice que se están adoptando medidas, pero no se informa sobre resultados. ¿Cómo podemos ayudar desde la sociedad civil?

Al terminar esta pesadilla tendremos que volver a salir a las calles a reivindicar “lo público”, único modo de redistribuir los recursos con la sanidad y la educación como garantes de la igualdad ciudadana. También la reorganización de la economía que ponga en el centro la vida de las personas exigiendo la subsistencia digna de todas las personas y negándonos a los ajustes y recortes.

Animamos a los hombres que ya son conscientes de la violencia de género y que quieren contribuir a eliminarla, a lanzar una campaña que se difunda ampliamente para neutralizar los comportamientos dañinos y lanzar el mensaje alto y claro de que los cuidados no son privativos de las mujeres. Que todas las personas debemos cuidar y ser cuidadas.

Fdo: Compañeras de colectivos de la Sierra Noroeste de madrid

Economía Feminista, para no volver a la “normalidad”

¡TODAS, TENEMOS DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE!

En pocos meses las personas que habitamos el Planeta Tierra nos hemos visto sorprendidas por una “emergencia sanitaria” provocada por la pandemia de enfermedad por coronavirus. Pero hace demasiado tiempo que diversidad de voces alertan sobre la llamada “crisis global”, “crisis civilizatoria” del sistema capitalista que nos ha ido golpeando a lo largo de décadas: crisis alimentaria, energética, de los cuidados, crisis económica y financiera, crisis de representación política, crisis migratoria y de personas refugiadas, crisis climática y ecológica. Pero no tenemos varios planetas ni sociedades donde se desarrollen por separado cada una de estas dimensiones, sino que todas confluyen e interactúan sobre una misma realidad física y social.

El capitalismo heteropatriarcal, racista, militarista y colonial en su proceso de globalización, ha hecho crecer las condiciones de precariedad económica, social y afectiva de las personas, con diferentes intensidades, en todos los continentes con un objetivo claro: acelerar la mercantilización de la vida y del planeta.

Tiempo de la verdad desnuda, sin adjetivos, donde las palabras y los hechos no pueden ir por separado. El feminismo está poniendo sobre la mesa un nuevo sentido común que necesitamos desesperadamente: la vida y los cuidados en el centro de la vida, la solidaridad, el apoyo mutuo, la comunidad y la conciencia crítica, por encima del individualismo y la cultura del miedo. Hemos de tomar conciencia que somos dependientes, ecodependientes, e interdependientes. Podemos ser autónomas, pero no autosuficientes. Estos valores son la mejor receta para el coronavirus.

En este sentido, en el apartado PUBLICACIONES de nuestra Web puedes descargarte el libro que editamos en ENTREPUEBLOS-ENTREPOBLES-ENTREPOBOS-HERRIARTE, “Economía feminista. Desafíos, propuestas, alianzas” coordinado por Cristina Carrasco Bengoa y Carme Díaz Corral, con textos de: Cristina Carrasco Bengoa, Carme Díaz Corral, Silvia Federici, Verónica Gago, Yayo Herrero, Yolanda Jubeto Ruíz, Mertxe Larrañaga Sarriegi, Amaia Pérez Orozco, Natalia Quiroga Díaz, Corina Rodríguez Enriquez.

Creemos que el contenido de este libro nos puede servir como excusa para pensar juntas qué estamos haciendo y qué queremos hacer en estos momentos de emergencia sanitaria y pandemia del capital, tejiendo redes de feminismos internacionalistas, ecologistas, decoloniales, antirracista, con propuestas alternativas al sistema capitalista depredador que despoja de derechos, desprotege y mata.

Contra todas las pandemias del capital: más políticas públicas de protección social con carácter universal, más redes de solidaridad y más empoderamiento social. Estos valores son la mejor receta frente al coronavirus, para resistir y sumar rebeldías solidarias.

 

¡POR UNA COOPERACIÓN FEMINISTA ENTRE LOS PUEBLOS!
¡TODAS, TENEMOS DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE

 

Fuente: #EntrePueblos

primer taller-seminario sobre medidas de carácter municipal para hacer frente y adaptarnos al clima

Este Seminario-Taller es el primero de una serie que vamos a poner en marcha para dotarnos de una serie de iniciativas factibles y de corto o medio plazo, de carácter municipal, para hacer frente y adaptarnos, desde lo local, a la crisis climática. Ese documento saldrá del debate y las aportaciones de los y las participantes, y del análisis de las experiencias que conocemos al respecto.

El Seminario-Taller está dirigido a afiliados/as de Ecologistas en Acción, activistas de los movimientos sociales de las Sierras, concejales/as de los Ayuntamientos de las Sierras, especialistas en los temas a tratar y personas interesadas. La asistencia es gratuita.

Se realizará el domingo 16 de febrero, de 10.00 a 14.00 hs., en el Ateneo Popular de Collado Villalba, C/ Pardo de Santallana 1, esquina con C/ Serafín Gómez Bonilla.

Este Seminario-Taller es el primero de una serie que vamos a poner en marcha para dotarnos de una serie de iniciativas factibles y de corto o medio plazo, de carácter municipal, para hacer frente y adaptarnos, desde lo local, a la crisis climática. Ese documento saldrá del debate y las aportaciones de los y las participantes, y del análisis de las experiencias que conocemos al respecto.

En este primer encuentro trataremos, en grupos de trabajo independientes, de los siguientes aspectos:

  • 1. Residuos.
  • 2. Movilidad.
  • 3. Ordenación del territorio (Urbanismo y vivienda).
  • 4. Energía.

 

Metodología:

El Seminario-Taller implica una metodología participativa a través del trabajo en grupos temáticos, exposición y debate en plenario de las propuestas de los grupos de trabajo.
Se procurará que en cada grupo de trabajo haya, al menos, una persona con experiencia notable en el tema a tratar. Para facilitar el trabajo en grupo, hemos elaborado una ficha por cada uno de los temas a tratar (que adjuntamos). Elaboración por un equipo de un documento con dichas medidas, después del Seminario-Taller.
Desarrollo del Taller

10.00 a 10.15 hs. 10.15 a 10.20

Breve presentación de las personas asistentes y del Seminario-Taller, sus objetivos y metodología Reparto de las personas asistentes entre los cuatro grupos de trabajo

10.20 a 10.25

Elección en cada grupo de trabajo de las personas responsables de:

  • Moderación y turnos de palabra.
  • Secretaría (tomar nota y escribir en los paneles o pizarras)
  • Portavocía (para exponer el debate y las conclusiones del grupo, en el plenario)

10.25 a 12.25

Trabajo de los grupos:

  • Lectura de la ficha
  • Tormenta de ideas • Debate

• Redacción resumida de propuestas

12.25 a 12.35 12.35 a 13.15 13.15 a 13.45 13.45 a 13.50

13.50 a 14.00

Descanso
Exposición del trabajo de los grupos (10’ por grupo)
Debate en plenario sobre las propuestas de los grupos
Nombramiento del grupo de personas que redactarán el documento de propuestas sobre los cuatro aspectos tratados
Decidir los aspectos que trataremos en el siguiente Seminario-Taller

 

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El papel de los medios de comunicación en fomentar la amistad Hispano-Marroquí

Este viernes 13 diciembre 2019, a las 18,00 horas en el Centro intercultural ALIF, Avenida de la Constitución 32, Esquina calle Ronda de la Plazuela en Las Rozas de Madrid tendrá lugar una conferencia sobre la importancia de los medios de comunicación en la consolidación de la amistad entre España y Marruecos, expuestas por varias personalidades políticas y mediáticas de ambos países.

Habrá música folclórica española y marroquí y un cóctel en honor a los invitados

 

Manifestación 26 de octubre por la defensa de los derechos público, sociales y laborales

Manifestación día 26 de octubre, Colón – Neptuno – Sol

“Por la defensa de lo público y los derechos sociales y laborales”

MANIFIESTO

#NosEstánRobando260 Millones de personas de la clase trabajadora sufrimos la precariedad laboral y desempleo, pensiones exiguas o ausencia de ellas, empeoramiento de los servicios públicos a causa de las privatizaciones, desahucios y alquileres desorbitados, recortes en la libertad de expresión y manifestación, en un marco de emergencia climática y un repunte de las violencias machistas.

A pesar del crecimiento económico de los últimos 4 años, con el PIB por encima del 2 ́5%, hay más trabajadores pobres y una reducción continuada por parte del Estado del salario social. Esta situación se agudiza si eres pensionista, mujer, joven, dependiente, persona con diversidad funcional o migrante.

Por ello, respaldamos los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU y reivindicamos:

  • 1– PENSIONES PÚBLICAS Y DIGNAS. Blindar las pensiones en la constitución y su revalorización por ley conforme al IPC. Regular las pensiones mínimas a 1.084 euros como dicta la Carta Social Europea. Derogación de las reformas de pensiones.
  • 2- EMPLEO. ​Derogar las reformas laborales de PP y PSOE. Recuperar la negociación colectiva. Impulsar un modelo de contratación que elimine la precariedad, la temporalidad, la externalización, los falsos autónomos y que garantice ‘igual trabajo, igual salario’. ​No al ERE encubierto, en defensa de l@s profesionales públicos, por un servicio público de calidad​. Garantizar ingresos para todas las personas.
  • 3- SANIDAD 100% PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD. ​Garantizar la accesibilidad de toda la población a las prestaciones sanitarias y poner fin a los copagos sanitarios y farmacéuticos. Reconocer el derecho humano a la salud. Derogación del Art. 15/97 y de la gestión privada de la sanidad, dotándola ​de un mínimo del 7 % del PIB.
  • 4- EDUCACIÓN PÚBLICA, INCLUSIVA, LAICA Y DE CALIDAD ​en todas las etapas y en todas las enseñanzas, garantizando plazas públicas para todo el alumnado. Derogación de los conciertos educativos: el dinero público para la escuela pública. Derogación de la LOMCE.
  • 5- STOP DESAHUCIOS. ​Prohibir los desahucios sin alternativa habitacional; dación en pago retroactiva; creación de un parque público de vivienda en alquiler; alquiler asequible y estable con regulación de los precios del alquiler; eliminar el régimen tributario especial de las SOCIMI; y garantizar los suministros básicos.

6- FEMINISMO. ​Desarrollo de políticas efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias machistas contra las mujeres y niñas. Acabar con la brecha salarial y en pensiones. Ratificación del convenio que regula el trabajo doméstico. Blindar los derechos de los colectivos LGTBi.

7- LIBERTADES. Derogación de la Ley Mordaza. Garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión, huelga y manifestación.

8-ELIMINACIÓN DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN. ​Impuestos progresivos y solidarios para que pague más quien más tiene. Una Banca Pública al servicio de la ciudadanía y controlada por ésta. Auditoría de la deuda.

9- NINGUNA PERSONA ILEGAL. ​Derogación de la Ley de Extranjería y cierre de los CIEs. Política migratoria de respeto por los DDHH y de apoyo a la inserción de los inmigrantes en nuestro país. Garantizar derechos y servicios a la emigración española como a la sanidad pública, facilitar el retorno y derogar el voto rogado.

10- DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS​. Acabar con las privatizaciones e impulsar un modelo de gestión público, democrático y directo para asegurar unos servicios públicos dignos y el bienestar social.

11- TRANSPORTE PÚBLICO. Garantizar el transporte público como derecho social con las inversiones necesarias, materiales y plantillas. Garantizar el derecho a la salud sin tóxicos (amianto). Potenciar el transporte público en las ciudades en detrimento del privado. Crear Abono Social para personas con bajos recursos.

12- AGUA. ​Exigir una gestión del agua sin ánimo de lucro, 100% pública, transparente, sostenible, participativa, con rendición de cuentas y que asuma el derecho humano al agua y al saneamiento. Recuperar y preservar los ecosistemas acuáticos.

13- EMERGENCIA CLIMÁTICA. Implementar políticas medioambientales que aseguren el futuro de las generaciones actuales y futuras. Poner coto a las acciones de las grandes empresas, multinacionales y capitales que apuestan por modelos económicos insostenibles.

14- DEPENDENCIA, DIVERSIDAD FUNCIONAL Y DERECHO A LA AUTONOMÍA.

Dotación económica real e inmediato cumplimiento de las leyes de DEPENDENCIA Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. Revisión del modelo para personas tuteladas, más social y con libre destino. Revocar la ley 8/2015.

15- LEY DE RESIDENCIAS. Aumento del ratio de personal en las residencias de mayores. Vejez y cuidados dignos.

15- CULTURA. Garantizar el cumplimiento del Artículo 44 de la Constitución, reducir el IVA cultural y apoyar las reivindicaciones de trabajadores y trabajadoras del sector en la defensa de sus derechos.

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¡PORQUE GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!

Asociación La Encina organiza una marcha por la dehesa de Navalcarbón

 Domingo 27 de octubre a las 11:30 horas en la dehesa de Navalcarbón, en la telaraña (o en la parada del autobús) frente al Recinto Ferial.

El próximo día 27 de octubre Asociación La Encina organiza una marcha por la dehesa de Navalcarbón en la que recorreremos este espacio natural roceño y conoceremos parte de nuestro patrimonio cultural allí representado: Los fortines de la Guerra Civil y el canal del Guadarrama.

Realizaremos un recorrido fácil, sin apenas desnivel, asequible para toda la familia. Durante el paseo, conoceremos una parte importante del patrimonio natural y cultural de nuestro municipio.

Patrimonio natural: Daremos algunas pinceladas sobre el espacio natural protegido en el que nos encontramos, su historia y sus especies mas significativas.

Patrimonio histórico: Ademas recorreremos los vestigios de dos importantes piezas del patrimonio cultural:

  • Los fortines de la Guerra Civil, algunos en muy buen estado de conservación y recientemente restaurados y señalizados.  Entenderemos su posición en el frente de Madrid y la función que desarrollaron en los años de la contienda.
  • El canal del Guadarrama, conociendo los detalles de esta obra hidráulica del siglo XVIII y de porque no se concluyó.

Ven a pasar la mañana del domingo con nosotros. Tráete a tus hijos y tus amigos. Ah! vente con tu mascota.

Mercado vecinal sábado 7 de octubre

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El sábado 5 de Octubre en la calle Real de Las Rozas de 11,00 a 14,00 horas se hará el mercadillo vecinal de segunda mano.

La Asociación vecinal El Pueblo Que Queremos estará como en otras ediciones. Esta vez, al cambiar la ubicación del mercadillo, no sabemos que número de puesto tendremos.

Lo recaudado irá destinado a nuestros proyectos de apoyo a otras asociaciones y para financiación interna de nuestros gastos (difusión, camisetas, chapas, etc.)

Os esperamos una vez mas. Muchas gracias por vuestra colaboración.

Trailer Solidario “Samos y Lesbos” Grecia. Recogida de juegos y manualidades en Las Rozas

Desde la Asociación El Pueblo Que Queremos de Las Rozas nos embarcamos en un proyecto muy bonito e importante junto con los Pueblos de la Sierra Noroeste.

El proyecto nace en la asociación amiga “ARENA” Teresa. La coordinadora de la Asociación decidió colaborar participando en el envió de un Trailer Humanitario a Lesbos y Samos.

 
Cada municipio tiene un punto de recogida  y una  lista de necesidades, nuestra Asociación decidió colaborar en el apartado de   JUEGOS Y MANUALIDADES (más un apartado común para todos los pueblos).
Con este objetivo vamos a conseguir que niñas y niños que pasan su infancia en campos de refugio tengan la posibilidad de disfrutar de juegos, deporte, realizar exposiciones…
Además tenemos una petición especial de un niño que nos pide le enviemos Legos.
Tendremos una nave  en Guadarrama a disposición de los municipios para organizar las cajas en palets, Teresa (Presidenta de ARENA) pondrá para nuestra disposición donde clasificaremos con la etiquetas para identificarlas.
 
La recogida se realizará durante todo el mes de Mayo y el día diez de mayo haremos un primer un balance.
 
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Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género en España

DOCUMENTO DE ANÁLISIS EN EL MARCO DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004 DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 

LA VIOLENCIA EN CIFRAS Los datos estadísticos sobre Violencia de Género en España son complejos, proceden de varias fuentes, recogen supuestos diferentes (difíciles de agregar en algunos casos) y se presentan en períodos distintos, lo que hace complicada la comparación sincrónica, así como la conceptual. Algunas fuentes tienen datos desactualizados y no todas desagregan por nacionalidad de la víctima. Es importante resaltar que los datos sobre violencia de género en España se restringen exclusivamente a la definición operativa de violencia que hace la Ley Integral 1/2004, que si bien reconoce todo tipo de expresión de la violencia machista, su alcance se limita a la perpetrada por la pareja o la ex pareja. 1) Las mujeres migrantes están sobre representadas en las cifras sobre violencia de género. Del total de mujeres asesinadas por violencia de género, en los términos en que la define la Ley, entre 2003 y 2017, el 32% son extranjeras (294 en números absolutos). Esto supone que los asesinatos de extranjeras afectan a 30 mujeres por cada millón de mujeres extranjeras en el país; mientras que los asesinatos de mujeres españolas afectan a 5 por cada millón de españolas. En cuanto a las denuncias por VG, el número total de víctimas implicadas en estas durante 2017 fue de 158.217; el 69,6% fueron españolas (110.107) y el 30,9% extranjeras (48.110). En los últimos años se mantiene la tendencia de en torno al 30% de mujeres migrantes implicadas en denuncias por VG. Las mujeres españolas en denuncias son 6 por cada mil mujeres españolas; mientras que las extranjeras son 24 por cada mil mujeres extranjeras residentes en el país. Una estadística diversa de la de denuncias es la que gestiona el Ministerio del Interior, mediante el sistema informático VioGen, al que tienen acceso todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Este sistema recoge “casos de VG”. A finales de 2017, este sistema registró 429.220 casos de VG, tanto activos como inactivos en ese momento. De estos casos, el 65% correspondían a mujeres españolas (279.882) y el 35% a mujeres extranjeras (149.338), porcentaje superior al que aparece en la estadística de denuncias. Del total de casos recogidos a diciembre de 2017, sólo el 12,7% permanecían activos en esta fecha (54.793 en números absolutos). El 72,5% corresponden a mujeres españolas y el 27,4% a mujeres extranjeras, a pesar de que la proporción de casos de mujeres extranjeras en esta aplicación informática es alta. Los casos activos son clasificados según el nivel de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto y extremo). Analizando estos niveles según la procedencia, tenemos que el 90,5% de los casos de mujeres españolas y el 92% de los de mujeres extranjeras han sido calificados con riesgo no apreciado o bajo riesgo para el VIOGEN, quedando un pequeño porcentaje en ambos supuestos, clasificado con riesgo medio, alto y extremo, menor aún en el caso de las extranjeras (9,5% y 8% respectivamente). Si comparamos el número de casos activos con el número total de casos registrados según nacionalidad, obtenemos que entre las mujeres españolas, el 14% de los casos se encuentran activos, porcentaje que desciende entre las mujeres extranjeras hasta el 10%, a pesar de su sobre representación como víctimas de VG.
2) Las mujeres extranjeras sufren mayor desprotección frente a la violencia de género Si realizamos un análisis más complejo, cruzando, por ejemplo, las variables de nacionalidad, denuncias y regularidad documental, tenemos que entre las españolas asesinadas entre 2006 y 2015 (según la Delegación, sobre un total de 626 víctimas), el 75% no había interpuesto denuncia y el 24% sí. Sin embargo, en el caso de las extranjeras asesinadas, que se encontraban en situación de regularidad jurídica, el 37,6% había denunciado previamente. Esto corrobora la mayor desprotección de las extranjeras que denuncian. Anualmente, existe un porcentaje de mujeres que se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigos (art. 416 Ley de Enjuiciamiento Criminal) en los procedimientos judiciales. Este porcentaje suele situarse en el 10%. Concretamente, en 2017, se trató del 10,4%, es decir, unas 16.464 mujeres. De estas mujeres, 10.212 fueron españolas y 6.252 extranjeras (62% y 38% en números relativos). Si relacionamos estos datos con el número de víctimas implicadas en las denuncias, obtenemos que entre las españolas, las que se acogen a la dispensa de declarar como testigos son el 9,3%, mientas que las extranjeras son el 13%. Estos datos indican que las migrantes tienen una representación mayor entre quienes no se presentan como testigos en los procedimientos judiciales y, por tanto, podrían hablar de la existencia de factores diferenciales que incrementan su miedo, inseguridad o desprotección frente a la justicia. Existen casos en los que es necesario solicitar una orden de protección para las víctimas implicadas en los procedimientos judiciales, lo que posibilita el despliegue de los dispositivos de protección al uso. Además, las órdenes de protección son fundamentales para acceder a algunos recursos públicos destinados exclusivamente a víctimas de violencia de género. Sin embargo, la ratio de órdenes de protección respecto al número total de víctimas implicadas en denuncias, es de tan sólo el 24% (CGPJ, 2017), 38.501 en números absolutos. Estos datos se refieren sólo a las dictadas por los Juzga-dos de Violencia sobre la Mujer (JVM), que son la mayoría y donde más se conceden. De estas órdenes solicitadas el 30,2% fueron denegadas y se adoptaron tan sólo 26.044 en todo el año. De las órdenes de protección solicitadas durante 2017, el 71% correspondieron a mujeres españolas y el 29% a mujeres extranjeras. En relación a la población a la que representan, mujeres víctimas implicadas en procesos judiciales mediante una denuncia, las órdenes de protección solicitadas que implican a extranjeras suponen el 23,4% respecto a las víctimas extranjeras en general, y las españolas el 24,7%. Es decir, que tanto extranjeras como españolas solicitan en muy similar proporción las órdenes de protección. Teniendo en cuenta la sobre representación de las mujeres migrantes víctimas de VG, la baja tasa de solicitantes de órdenes de protección entre estas podría estar indicando una desinformación sobre el recurso. El CGPJ no hace públicos los datos sobre “concesiones de órdenes de protección por nacionalidad”, lo que podría brindarnos información necesaria para conocer también si existen o no dificultades de acceso a estas por parte de las migrantes. El servicio telemático de atención y protección a víctimas de VG ATENPRO prestó acompañamiento a un total de 16.853 mujeres durante 2015 (últimos datos publicados por la Delegación de Gobierno para la VG), de estas el 90,4% fueron españolas y el 9,6% extranjeras, lo que supone una proporción baja si tenemos en cuenta la sobre representación de las migrantes en relación a la VG, que venimos mostrando.
Por su parte, el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento (uni-dad móvil con rastreo GPS, que se otorga generalmente por pares, uno para la víctima y otro para el agresor) consigna 2.972 beneficiarias y sus pares agresores, entre 2009 y 2015. El 79% de las víctimas beneficiarias fueron españolas y el 21% extranjeras, observándose nuevamente la baja representac-ión de estas últimas si se tiene en cuenta que su tasa de victimización ronda el 30%. 3) La mayoría de los asesinatos por violencia de género son cometidos por españoles, incluso cuando la víctima es extranjera Según la Delegación de Gobierno para la VG, entre 2003 y 2015 fueron asesinadas un total de 826 mujeres en manos de sus parejas o ex parejas. El 90,7% de las mujeres españolas ha sido asesina-da por españoles y el 9,3% por extranjeros. En el caso de las víctimas extranjeras, el 76,9% ha sido asesinada por extranjeros (generalmente de su misma nacionalidad) y el 23,1% por españoles. Esto quiere decir que las mujeres extranjeras son víctimas de hombres de diversa nacionalidad, inclusive de españoles. Además, el citado informe concluye: “la mayoría de los asesinatos los cometen hombres nacidos en la misma región geográfica de la víctima y que en los casos en los que se trata de parejas mixtas, la mayoría de asesinos o presuntos asesinos son españoles”. El servicio telefónico 016 de información y asesoramiento a víctimas atendió a 74.099 mujeres en el período que va de 2008 a 2015. Del total, el 78% fueron españolas y el 22% extranjeras, la mayoría latinoamericana (el 15%). En el caso de las españolas, los agresores han sido en su gran mayoría españoles (el 95%). En el caso de las extranjeras, el 61% han sido también extranjeros, pero en el 39% fueron españoles. Estos resultados matizan las afirmaciones simplistas que atribuyen grados superiores de machismo entre los hombres extranjeros. 4) Las mujeres migrantes se benefician en menor medida de las ayudas económicas previstas para la lucha contra la violencia de género No sólo las cifras de mujeres migrantes asesinadas es alta, sino también las de quienes denuncian o están con una orden de protección. En todos estos casos, la tasa de mujeres migrantes supera el 30%. Pese a esto, las ayudas económicas previstas por el artículo 27 de la Ley Integral 1/2004, concedidas entre 2006 y 2015 (según Informe de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género de 2017), sólo han beneficiado a un 8% de extranjeras. Y la Renta Activa de Inserción, regulada específicamente para víctimas de violencia de género, durante ese mismo período, fue concedida al 23% de extranjeras. Es decir, que las migrantes sufren la VG de forma desproporcionada (comparada con las españolas) y, sin embargo, son en menor medida beneficiarias de los recursos económicos que se disponen para ayudar a que salgan de dichas situaciones para evitar, entre otros hechos, un menoscabo a su integridad o su asesinato. 7
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5) Los datos indican dificultades de acceso a la protección y a los derechos de las mujeres migrantes que sufren violencia de género en situación de irregularidad jurídica, dependencia del cónyuge o tráfico y trata. Entre 2011 y 2017 (anteriormente no se segregaba por tipo de violencia), se registraron 10.448 so-licitudes de autorización de residencia temporal y trabajo por causa de violencia de género, de las cuales en torno al 20% se formulan para hijos o hijas menores y con discapacidad. Teniendo en cuenta el total de ingresos de mujeres migrantes a España durante ese mismo período (1.294.492), el porcentaje de concesión de esta autorización alcanzó tan sólo el 0,8% y su número viene descendiendo paulatinamente cada año, lo que podría estar indicando dificultades de acceso a este derecho. Durante 2017, las entidades que realizan algún tipo de servicio o atención a mujeres posibles víctimas de trata y tráfico de personas, realizaron 60.428 contactos en distintos ámbitos (clubes, pisos, calle, etc.). Entre estas personas, detectaron signos de explotación sexual en unas 16.478 y signos de trata con fines de explotación sexual en 5.104. Entre las que presentan signos de trata, se detectaron 87 menores de edad, la mayoría proveniente de Nigeria y Rumanía (el 48,4%). Entre las personas que presentaban signos de trata con fines de explotación sexual, 47 tenían la nacionalidad española y 456 contaban con algún tipo de permiso de residencia. Sólo 766 de estas personas actuaron como denunciantes. Los datos sobre explotación sexual y trata dan cuenta de la gran vulnerabilidad de sus víctimas, que pese a ser detectadas no inician ni continúan, en caso de iniciar, un procedimiento policial ni judicial. Además, no todas están en situación de irregularidad jurídica por lo que la fuente de su situación de vulnerabilidad no depende sólo de su estatus legal. Por su parte, el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Ministerio del Interior), que actualmente gestiona la estadística sobre tráfico y trata de personas, arroja que durante 2017, se estableció contacto con unas 10.111 personas en riesgo de ser víctimas de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual, tanto mujeres como varones. A partir de estos contactos se realizaron atestados policiales que implicaron a 562 víctimas (416 de explotación sexual y 146 de trata), entre ellas, 15 menores de edad. Pese al número de mujeres y niñas calificadas como posibles víctimas de trata y de tráfico por parte de las propias fuerzas de seguridad, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, arrojaba que, durante 2017, se mantuvieron 289 procedimientos abiertos en materia de trata con fines de explotación sexual, 25 de los cuales implicaron a menores de edad víctimas. A finales de 2017, sólo se dictaron 16 sentencias relacionadas con este delito, 6 de las cuales fueron absolutorias. En 2016, las sentencias dictadas fueron 13, siendo absolutorias 5. El desenlace judicial de los procedimientos incoados por tráfico y trata, en los que están implicadas mujeres migrantes, la mayoría en situación de irregularidad jurídica, indica enormes trabas a su protección y reconocimiento de sus derechos, lo que puede influir notablemente en que no quieran denunciar o colaborar con la justicia.
Organizaciones de mujeres migrantes de diferentes orígenes venimos desarrollando un importante trabajo de atención y acompañamiento a mujeres migrantes víctimas de violencia en todas sus for-mas. Las mujeres migrantes experimentamos situaciones personales, administrativas, sociales y jurídicas diferenciales, que incrementan el grado de vulnerabilidad frente a las violencias machistas, a las que se une, un contexto institucional, que en un alto porcentaje reproduce prejuicios, discriminaciones de género, actitudes racistas y poco empáticas frente a las complejas situaciones que vivimos. Las organizaciones abajo firmantes suscribimos en su totalidad el contenido del Informe realizado por la Plataforma Estambul Sombra España 2014-2108; pero queremos exponer de manera más contundente y explícita las propuestas y demandas que atañen a la condición de las mujeres migrantes. I. MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y EL SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES MIGRANTES Los datos estadísticos sobre Violencia de Género en España proceden de varias fuentes, recogen supuestos diferentes y se presentan en períodos distintos, dificultando la comparativa y el análisis detallado y actualizado, por nacionalidad, edad, situación administrativa. En el Informe Sombra se resalta que los datos sobre VG en España se restringen exclusivamente a la perpetrada por parejas o ex parejas (Ley Integral 1/2004). Los datos sobre servicios de ayuda a víctimas o de ayudas económicas están desactualizados. Además, no todos desagregan por nacionalidad de la víctima. En España se han nacionalizado 544.735 mujeres extranjeras entre 2009 y 2017, por lo que no se puede precisar si algunas aparecen en las estadísticas sobre violencia como españolas. Demandamos:

  1. 1  La revisión general de los sistemas de registro de la violencia de género, y ampliar las categorías estadísticas, desagregando datos por origen, nacionalidad, edad, situación administrativa y jurídica (situación irregular/residente, refugiada/solicitante de asilo, etc.), tanto de las víctimas como de los agresores o presuntos agresores en el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de la Mujer, el Consejo General del Poder Judicial, el sistema VioGen, el Ministerio del Interior y la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género.
  2. 2  Desarrollar investigaciones desde la perspectiva de Género, Interseccional e Intercultural sobre la realidad de la violencia de género, en sus diversas expresiones, las condiciones de acceso y/ o de obstáculos en el acceso a los derechos, recursos y reparación del daño, por parte de las mujeres migrantes; así como el impacto que las políticas públicas tienen sobre ellas.
  3. 3  Diagnosticar la situación de las mujeres migrantes sin documentación en regla y sus dificultades de acceso a los mecanismos de ayuda y protección específicos, con el fin de desarrollar medidas o adaptar las existentes a su especial condición de vulnerabilidad.
  4. 4  Investigar sobre violencia de género sufrida en ámbitos específicos como el empleo de hogar. Documentar hechos delictivos como la explotación laboral, el trato degradante, el acoso laboral y el acoso sexual, e incluso agresiones sexuales en el contexto privado de los hogares.
  5. 5  Documentar y analizar la valoración del riesgo y la determinación de la condición de víctima o de género
PROPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO Y DEL CONVENIO DE ESTAMBUL EN ESPAÑA 2014-2018
refugiada, en los casos de tráfico y trata, en cualquiera de sus formas, así como el conocimiento del acceso de las mujeres extranjeras a los mecanismos de protección, a los derechos y a los recursos (Ley de Asilo o de la Ley de Extranjería, artículo 59bis).

  1. 6  Mayor investigación para el diseño de políticas integrales en la lucha contra la MGF con perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos con áreas transversales en protección de menores, Salud, Educación, Inmigración y asilo y Servicios Sociales, con campañas de sensibilización, con presupuestos específicos, suficientes y estables, y mayor coordinación entre servicios públicos y ONGs. Incorporar junto a la nacionalidad el grupo étnico de la persona.
  2. 7  Documentar la violencia de género cuando recae directa o indirectamente sobre los hijos e hijas de las mujeres migrantes y las condiciones de acceso a los recursos y servicios existentes. Analizar los casos en los que por motivos de custodia (del padre maltratador), guarda o tutela (de la administración pública), las madres migrantes no pueden retornar a sus países de origen por no poder llevar a sus hijos e hijas con ellas.
  3. 8  Revisar la articulación entre Ley de Extranjería y Ley contra la violencia de género con el objeto de “desarmar” la discriminación de facto que se produce hacia las mujeres migrantes en general y hacia las mujeres migrantes en situación irregular (Medidas 98, 194 Pacto de Estado). Nos preocupa la desprotección total de las mujeres migrantes en situación irregular que han sido violadas y/o agredidas sexualmente.
  4. 9  Mejorar o perfeccionar los criterios mediante los cuales se realiza la valoración del riesgo en los casos que son reportados por las fuerzas de seguridad en el sistema VioGen, incorporando la perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad.
  1. Reconocer jurídica y operativamente el concepto de “feminicidio” para nombrar el asesinato de las mujeres por razón de su género. II. INCORPORACION ACTIVA DE LAS ORGANIZACIONES MIGRANTES EN LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN Las asociaciones de inmigrantes se han convertido en espacios que sustituyen y/o complementan los recursos que no llegan a las mujeres migrantes, suplen las deficiencias y falta de intervención del Estado ante situaciones de vulnerabilidad en población migrante. Estas organizaciones han pasado a ser agentes claves de acciones de información, formación, intermediación y acompañamiento dirigidas a este colectivo. De igual modo, trabajan activamente en campañas de sensibilización frente a la discriminación y el racismo. Demandamos:
  2. Implicar a las asociaciones y colectivos de inmigrantes en las actividades de sensibilización y prevención y en el diseño de políticas específicas dirigidas a víctimas de violencia de género (Medidas 99 y 101 del Pacto de Estado), en particular las dirigidas a MGF.
  3. Incorporar la perspectiva de la interseccionalidad e Interculturalidad en la educación en todos sus niveles y con carácter permanente, porque no sólo el género opera como elemento de discriminación, sino que intersectado con otros operadores puede incrementar la acción de la discriminación.
  4. Revisar los códigos deontológicos del periodismo y los libros de estilo de los medios de comunicación para incluir medidas que prevengan la utilización tendenciosa de la información cuando se trata de población migrante y en particular de violencia de género en población migrante. 27
III. FORMACIÓN DIRIGIDA A LOS Y LAS PROFESIONALES QUE ATIENDEN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Durante el proceso de atención, algunas mujeres experimentan una revictimización por parte de profesionales (sanitarios, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, educadores/as sociales, fuerzas de seguridad, jueces y juezas, abogados/as de oficio). La victimización y/o revictimización en la atención dejan en un segundo plano el reconocimiento de su condición de ciudadanas con plenos derechos. Desde esta posición de poder, muchos profesionales no profundizan en las condiciones sociales y estructurales que reproducen las desigualdades de género, clase, etnia y procedencia, así como en la discriminación y el racismo, que incrementan la vulnerabilidad derivada de la violencia de género. Demandamos:

  1. Que en la formación en temas de violencia de género dirigida a operadores judiciales, fuerzas de seguridad en general que operan en este ámbito, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, educadores/ as sociales, personal sanitario, se incorpore un módulo específico sobre la realidad de la mujer migrante, desde un enfoque interseccional e intercultural, así como metodologías de atención que eviten la revictimización. (Medida 234 del Pacto de Estado). El enfoque interseccional es una herramienta que ayuda a los operadores a analizar e intervenir de manera diferencial en casos en los que la condición de vulnerabilidad creada por la extranjería se incrementa por diferencias creadas en base a la etnia, la diversidad funcional, la diversidad sexual, la edad o la clase social. IV. ASISTENCIA, AYUDA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Los testimonios recogidos de mujeres migrantes que sufren violencia de género expresan que existe escasa información sobre los recursos existentes, o tienen dudas sobre la posibilidad real que tienen de acceder a la atención, protección jurídica y reparación. Además, para la mayoría, la denuncia previa para acceder a dichos recursos o ayudas incrementa sus dudas, así como el miedo a que la violencia por parte de su agresor se incremente. Otras mujeres tienen vergüenza y culpa y otras finalmente, no están preparadas para dar el paso de la denuncia. Demandamos:
  2. Permitir el acceso de las mujeres a los servicios de atención, protección y ayuda especializados, sin necesidad de denuncia previa. Se respeten los tiempos de las mujeres para la toma de sus decisiones en relación con cómo quieren que sea el proceso y cuándo quieren denunciar. Y en caso de denuncia, se garantice que hayan tenido acceso previo a un asesoramiento especializado.
  3. Ofrecer un ambiente de credibilidad en los juzgados, en especial en los que no son de violencia de género (como en los juzgados de lo penal o en las Audiencias provinciales), cuando las mujeres so-licitan interponer una denuncia.
  4. Que la valoración del riesgo y la determinación de la condición de víctima se pueda realizar por parte de profesionales de la intervención o se complemente el informe de las fuerzas de seguridad con la información brindada por dichos profesionales.
  5. Dar validez a los informes técnicos de las Asociaciones de Mujeres que ofrecen atención integral a las víctimas de VG migrantes; son elaborados por un equipo multidisciplinar cualificado y especializado. Estos informes deben ser valorados de igual forma que los informes presentados por los equipos de los propios juzgados.

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19. Que los equipos especializados que acompañan los procesos de recuperación de la salud integral de las mujeres víctimas tengan formación en psicología o psiquiatría transcultural. 20. Que los abogados y abogadas de oficio tengan acceso al expediente de las mujeres víctimas con suficiente antelación para poder asesorarlas adecuadamente en los procesos judiciales. 21. Que a lo largo de todo el proceso se garantice la presencia de intérpretes con acreditación profesional y especializado en violencia de género e interculturalidad disponibles, para las mujeres que no hablan la lengua del lugar de residencia. 22. Que las víctimas de cualquier tipo de violencia de género puedan acceder a una prestación económica.

  1. Que se realice un abordaje integral de la MGF; no sólo punitivo sino preventivo-reparativo de la Mutilación Genital Femenina. No hay suficientes medios, más allá del Protocolo sanitario estatal y los autonómicos, para detectarla y darle un enfoque no sólo punitivo (art. 149 del CP) y revictimador, sino preventivo-reparativo, incluyendo la reconstrucción de los órganos.
  2. El Convenio de Estambul insta a los Estados a “esforzarse” por ampliar su jurisdicción con relación a la lucha contra la violencia de género fuera de sus fronteras cuando la víctima tenga su nacionalidad (Art. 44.1). Instamos al Estado español a cumplir con esta medida.
  3. Coordinar y establecer cauces de colaboración con los consulados de origen, a fin de superar las barreras administrativas que pudieran derivarse de la situación nacional y migratoria, tanto para la víctima como para sus hijos e hijas. (Medida 214 del Pacto de Estado)
  4. Que, en la legislación competente, sea incorporado el derecho de las mujeres migrantes a que su situación como víctimas de violencia de género, sea comunicada a las oficinas consulares de sus países de origen. Es necesario difundir el trabajo que los Consulados realizan a favor de sus ciudadanas víctimas de malos tratos.
  5. Analizar y buscar soluciones a los problemas que entrañan los asesinatos de mujeres migrantes en España, respecto a la necesidad de sus familiares en el país de origen, de poder velarlas o enterrarlas según sus decisiones.
  6. Documentar la violencia sufrida en el ámbito de la prostitución, incluida la institucional derivada de las prácticas reguladas en las ordenanzas municipales, para establecer cauces más eficaces de apoyo y atención. Mejorar los servicios y recursos de atención desde una perspectiva integral y no desde el enfoque criminalizador y estigmatizante con el que se aborda en algunos casos. V. RESPUESTA INSTITUCIONAL y COORDINACIÓN EN RED De nuestras experiencias en la atención y acompañamiento a mujeres migrantes en situación de VG, destacamos la figura de la Promotora Comunitaria, una persona, preferentemente mujer, de cualquier profesión y oficio que, habiendo recibido una formación especializada, obtenga herramientas para detectar situaciones de violencia de género, informar y acompañar a dichas mujeres a todos los recursos necesarios para su atención y protección. Además, se constituya en referente en el tejido comunitario. La Promotora Comunitaria se complementa con profesionales de la salud mental, de la intervención social o abogados/as. Su tarea es fundamental en los casos en los que las mujeres migrantes se encuentran solas o tienen un débil tejido social en sus lugares de residencia.