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Propuestas Red Agua Pública "RAP" ante las elecciones generales 28A · El Pueblo Que Queremos

RAP_red_agua_públicaTras las elecciones generales de junio de 2016 se configuró en el Congreso una correlación de fuerzas caracterizada por una mayoría de grupos políticos identificados con las políticas neoliberales que, además, tuvo la capacidad de controlar de facto la actividad parlamentaria al contar con la mayoría en la Mesa del Congreso, propiciando las iniciativas alineadas con sus intereses políticos, ideológicos y económicos, y obstaculizando, cuando no paralizando, las que pretendían recuperar los derechos políticos y las condiciones de vida que fueron deterioradas como resultado de las políticas ejecutadas por el Partido Popular durante su gobierno con mayoría absoluta entre 2012 a 2015.

En este escenario se legisló descaradamente para propiciar la privatización de los servicios públicos e impedir su remunicipalización, siendo paradigmáticos los casos del abastecimiento y saneamiento del agua, todo ello, en un contexto que supuso limitar la autonomía municipal, toda vez que son las administraciones locales las titulares de los mismos.

Esta situación contrastó fuertemente con los resultados de las elecciones autonómicas y locales de 2015, que configuraron, especialmente en el ámbito local, un escenario contradictorio ya que muchos municipios, incluidos los más grandes (Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca, A Coruña, Valladolid, Santiago, Cádiz, Córdoba, Valencia, entre otros), estaban gobernados por alternativas de progreso proclives a la defensa del municipalismo consecuente, a la gestión pública del agua y a nuevos modelos democráticos de gestión. Consecuentemente, han sido numerosas las iniciativas de las administraciones locales en pos de la remunicipalización de los servicios públicos, que han contado con el apoyo decidido de los movimientos por el agua púbica en los cuales está integrada la Red Agua Pública. Especialmente significativos han sido las experiencias de Valladolid y Terrassa, donde se consiguió remunicipalizar los servicios del ciclo urbano del agua a pesar de la oposición frontal, activa y beligerante del gobierno central y los lobbies privados del sector.

Los avances que se han conseguido en la gestión pública y democrática del agua han sido notables, así como la consolidación del movimiento ciudadano que la apoya, pero los retos futuros son de calado (Barcelona, Santiago, Ourense, Vigo, entre otros) y para afrontarlos será fundamental contar con mayorías cualificadas y efectivas en el Congreso tras las elecciones generales del 28 de abril.

La Red Agua Pública considera que, para avanzar en una gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, es preciso abordar a corto plazo las actuaciones y reformas legislativas siguientes:

DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto nivel posible del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, que las administraciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir. En el desarrollo normativo de este derecho deberá quedar garantizado que las personas económica y socialmente vulnerables puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus necesidades básicas que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del suministro por impagos en situaciones de vulnerabilidad social o económica.

Hasta tanto no se reconozca legalmente el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, es posible incorporar sus criterios definitorios fundamentales, normativos y transversales en las normas municipales vigentes (reglamentos u ordenanzas) de forma que se pueda avanzar en la implementación del derecho.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Defensa del carácter público de la gestión del ciclo urbano del agua y su blindaje a través de una Ley Orgánica. Hasta tanto esto no sea efectivo, se tendrá en cuenta que:

  • –  Toda privatización de los servicios del ciclo urbano del agua deberá estar precedido por un proceso de participación ciudadana informada que culmine en una Consulta Ciudadana vinculante
  • –  La duración máxima de las concesiones será de cinco años, que podrá ampliarse hasta un máximo de diez, si el contrato incluyera obras financiadas por la empresa concesionaria, cuya amortización justificara extender la duración del contrato. En todo caso manteniendo la plantilla de trabajadoras y trabajadores.

CÁNON CONCESIONAL

Prohibición por ley de los denominados cánones concesionales, ya que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.

Promover cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de consumos e inversiones, así como una participación ciudadana activa, libre y significativa en un marco de democracia deliberativa.

APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN

Apoyo a los procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo en numerosas ciudades y pueblos y a los que se aborden en el futuro, para lo cual es fundamental revertir la legislación aprobada en el pasado inmediato tendente a obstaculizar, cuando no a impedir la remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua.

En concreto, se propone la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en la medida que, no sólo obstaculiza la remunicipalización y favorece la privatización, sino que limita de forma injusta la financiación y la autonomía local, especialmente en los ayuntamientos más pequeños.

Garantizar que, cuando se extinga la concesión por finalización del plazo o resolución del contrato, y con una antelación de al menos un año, se aborde un proceso de información y participación pública destinado a decidir el modo de gestión, cuyo resultado será vinculante.

COMPETENCIAS MUNICIPALES Y REGULACIÓN

Defensa de la autonomía municipal en cuanto a la titularidad de los servicios del ciclo urbano del agua, por lo que las administraciones locales tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones oportunas para asegurar tanto la sostenibilidad de los servicios asociados, en el ámbito ambiental, económico, social, estructural y de gestión, como la regulación de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En consecuencia, se rechaza la creación de un regulador único o autonómicos y, en cambio, se propone adoptar medidas que no comprometan la autonomía municipal tendentes a fortalecer las capacidades municipales.

MODELO DE GESTIÓN

Defensa de un nuevo modelo de gestión pública que se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigencia de que todos los ingresos que se obtengan de la contraprestación económica procedente de los servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar, sin ánimo de lucro, los costes de dichos servicios.

Este modelo es consustancial con la garantía del derecho a la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la gestión del ciclo urbano del agua, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación estratégica, de los proyectos y programas que se realicen y financien, así como en la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias.

CUMPLIMIENTO Y APOYO A LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de Directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua que garantice la conservación y la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Para ello, se fijarán y mantendrán caudales ambientales adecuados y se garantizará la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria.

Apoyo a la versión actual de la Directiva Marco del Agua y rechazo a las intenciones de algunos Estados miembros y grupos de interés privados de rebajar el contenido y exigencias de la Directiva, como una forma de eludir sus compromisos asumidos en relación con la sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas.

CONDICIONES LABORALES

Defensa de personal con derechos y condiciones de trabajo justas, en términos de calidad y estabilidad en el empleo, para lo cual es necesario adecuar los recursos humanos a las actividades reales que debe realizar, garantizando que los procesos de selección se atengan a criterios de igualdad, mérito y capacidad, se limite y regule la discrecionalidad y que los puestos estructurales tengan carácter de fijos, limitándose los eventuales a los estrictamente necesarios, así como que se establezcan unos salarios justos y homogéneos entre todo el personal laboral. En consonancia con la importancia de los trabajadores, reivindicamos su participación en las instancias de toma de decisiones.

Aplicar de forma efectiva la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con estrategias para eliminar los techos de cristal existentes.

USOS DEL AGUA. USOS PRIORITARIOS

Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas.

Garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, poniendo en primer lugar, frente a los otros usos del agua, los del abastecimiento de poblaciones y caudales ecológicos.

FOMENTO DEL AGUA DE GRIFO

Fomentar a través de actividades de concienciación ciudadana, el consumo de agua de grifo y la reducción de la utilización de envases, especialmente de plástico, regular la oferta de agua de grifo gratuita en locales de restauración -bares, restaurantes-, e impulsar el uso de fuentes públicas y puntos de información sobre la calidad del agua en las ciudades y pueblos.